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20 Noviembre, 2006 

LOS VERDES OPINAN QUE LAS DEMANDAS EN LA CALLE DEBEN SER ATENDIDAS ANTE LA MANIFESTACIÓN CONTRA EL PUERTO DE GRANADILLA Por tercer año consecutivo, los ciudadanos han tomado las calles de Santa Cruz para expresar su rechazo al Puerto de Granadilla. Sin entrar en “guerra” de cifras, es evidente que el pasado sábado se manifestaron miles de personas en un número tan importante que ninguna otra manifestación, salvo las precedentes contra el puerto o contra los tendidos de Vilaflor puede superar. “Es lamentable la guerra de cifras, y la intencionalidad por parte de algunos medios e instituciones de minimizar una participación de tan alto nivel”. En democracia no se puede jugar con la voluntad libre de las personas, porque pretender engañar a la opinión ridiculizando las cifras de participación es equivalente a hacer un fraude electoral. La democracia no empieza ni termina en las urnas, y la libre manifestación de los ciudadanos es un elemento consustancial del ejercicio democrático. “Los Verdes lamentan que una oposición ciudadana sin precedentes, que además cuenta con el apoyo de 56.000 firmas, haya sido desoída por las instituciones, salvo el Parlamento y la Comisión Europea”. En este último caso, el reciente dictamen de la Comisión debe ser valorada como un serio aviso a los gobierno canario y español de que no se permitirá ningún proyecto sin evaluar hasta el último detalle su impacto ambiental. A lo que se añade la discutible calificación del proyecto “por razones imperiosas de interés público de primer orden". Con la manifestación del pasado sábado, no obstante, no termina la acción ciudadana de oposición al Puerto. Ésta se traslada a la justicia para que determine las incongruencias y vaguedades administrativas y jurídicas del proyecto. Los tribunales europeos tienen que conocer porque ha habido ocultación y tergiversación de información, que ya reconocían la incompatibilidad ambiental de proyecto. O porque la propia Comisión reconoce dichas incompatibilidades pero para justificar el proyecto, hace una calificación “de interés público de primer orden” que no se sostiene jurídicamente. Los Verdes exigirán a la Comisión que explique las razones para dicha calificación.