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29 Junio, 2006 

CON UNA CONFERENCIA EN FUERTEVENTURA DE PEDRO ARROJO AGUDO SOBRE "LA NUEVA CULTURA DEL AGUA EN UN MUNDO GLOBALIZADO" SE CLAUSURI EL AULA"NACIONALISMO Y GLOBALIZACIÓN" El Ciclo de Confrencias que la "Fundación Manuel Velázquez Cabrera", ha estádo impartiendo en Tiscamanita, dentro del Aula Nacionalismo y Globalización, fué clausurado el pasado 13 de Junio de 2006, con una conferencia de Pedro Arrojo Agudo, Doctor en Ciencias Físicas,Presidente de la Fundación Nueva Cultura del Afua y Profesor titular en el Departamento de Analisís Económico de la Universidad de Zaragoza así como Premio Goldman de Medioambiente 2003. href="http://www.fuerteventuradigital.com/noticias/GaleriasFotograficas/2005/12/17/135726.asp">DEL AULA "NACIONALISMO Y GLOBALIZACION". El Doctor Pedro Arrojo Agudo, nos ha remitido un resumen de su conferencia, el cual a continuación reproducimos: EL RETO DE IMPULSAR UNA NUEVA CULTURA DEL AGUA Pedro Arrojo Agudo Profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza (España) 1 – Introducción A mediados de los 90 el Gobierno Español presentó un Antreproyecto de Plan Hidrológico Nacional (PHN), basado en las tradicionales estrategias “de oferta” que preveía construir unas doscientas nuevas presas y grandes trasvases intercuencas. Ante la amenaza de inundación de valles habitados que suponían estas grandes obras, muchos pequeños pueblos iniciaron un movimiento de oposición (COAGRET - Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases), bajo el lema “ Por una Nueva Cultura del Agua”. En tan apenas cinco años este movimiento fue capaz de organizar amplias plataformas ciudadanas contra los grandes trasvases del Ebro (pieza clave del Plan Hidrológico Nacional) reuniendo en sucesivas manifestaciones en Zaragoza, Madrid, Barcelona y Valencia a más de un millón y medio de personas entre 2001 y 2002. Pieza clave de este proceso de sensibilización y movilización ciudadana ha venido siendo en España el trabajo y compromiso de una amplia y prestigiosa red académica. En 1996, algunos profesores que colaborábamos activamente en COAGRET fuimos requeridos para promover un foro universitario de reflexión en materia de gestión de aguas. En 1998 tuvo lugar en Zaragoza el Primer Congreso Ibérico sobre Planificación y Gestión de Aguas con el apoyo de más de setenta rectorados de universidades españolas y portuguesas. El éxito de la convocatoria nos llevó a institucionalizar el evento cada dos años y a constituir la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA). Desde esta Fundación se desarrollaron consistentes estudios críticos al PHN, al tiempo que se diseñaron alternativas más sustentables, económicas y razonables. Bajo la presión ciudadana, la Fundación acabó siendo el centro de consulta y contraste de la Comisión Europea frente a los argumentos del Gobierno Español, en su pugna por conseguir fondos europeos de financiación del PHN. Tales fondos quedarían bloqueados durante varios años hasta que, finalmente, el nuevo Gobierno derogó los trasvases del Ebro previstos. A finales del 2000, tras varios años de debate en el Parlamento Europeo y de negociación entre los diversos Gobierno, la Comisión Europea y el propio Parlamento, la UE aprobó la nueva Ley de Aguas Europea, la llamada Directiva Marco de Aguas (DMA). Esta Directiva consagró la coherencia, enfoque. objetivos y criterios de gestión que venían promoviendo la FNCA y el movimiento por una Nueva Cultura del Agua desde España y Portugal. En 2004, con la entrada del nuevo Gobierno Socialista, se abrió un nuevo periodo presidido por la aplicación de esta nueva Directiva. En 2003, año declarado por NNUU como “Año Mundial del Agua”, la FNCA propuso la elaboración de una Declaración Europea por la Nueva Cultura del Agua. Cien expertos en la materia, en su mayoría profesores universitarios, procedentes de los diversos países de la UE, en proporción a sus respectivas poblaciones, abordaron un laborioso proceso de debate que culminaría en Febrero 2005 con la firma en Madrid de la citada Declaración. El presente trabajo se basa, en gran medida, sobre los contenidos de la esta Declaración Europea. II- El reto de la sustentabilidad, un reto de cambio cultural. La Declaración Europea por una Nueva Cultura del Agua diagnostica la crisis del modelo que ha dominado la gestión de aguas en el mundo a lo largo del siglo XX, caracterizándola como una crisis de insustentabilidad ambiental, de irracionalidad económica y de gobernabilidad. El medio acuático continental es sin duda el que registra la mayor proporción de especies extinguidas o en extinción. Pero más allá de esta quiebra en la biodiversidad, producida por la generalizada degradación de ríos, lagos, humedales y acuíferos por abusivas extracciones y sistemáticos procesos de contaminación, esta crisis ecológica conlleva un trágico balance social: más de 1.100 millones de personas no tienen acceso garantizado a aguas potables, lo que provoca más de 10.000 muertes diarias, en su mayoría niños. El reto de diseñar y desarrollar nuevos modelos de vida en coherencia con el paradigma de sustentabilidad es particularmente urgente en lo que se refiere a la gestión de aguas. Ello supone, sin duda, asumir nuevos enfoques políticos, aplicar nuevas tecnologías y desarrollar estrategias más eficientes en el uso de los recursos. Pero más allá de todo ello, exige profundos cambios en nuestras escalas de valor, en nuestros principios éticos y globalmente en los enfoques culturales desde los que hemos construido los vigentes modelos de gestión de aguas. Esta Nueva Cultura del Agua, exige un enfoque holístico que permita gestionar los ecosistemas acuáticos continentales identificando y tomando en consideración la multiplicidad de dimensiones ambientales, sociales y económicas de los valores en juego. Hoy, al igual que entendemos y asumimos que un bosque es mucho más que un almacén de madera, tenemos que entender y asumir que ríos, lagos y humedales son mucho más que simples canales o depósitos de H2O. A lo largo del siglo XX el desarrollo tecnológico ha permitido regar cientos de millones de hectáreas, desarrollar ingentes capacidades hidroeléctricas, desarrollar la industria y la minería, así como ofrecer servicios urbanos de agua a miles de millones de personas. Sin embargo, desgraciadamente, el modelo de desarrollo vigente, basado en enfoques utilitarios y consumistas de corto plazo, carentes a menudo de valores éticos y de perspectivas de futuro, nos ha abocado a quiebras del ciclo hidrológico natural y de la calidad de los recursos disponibles que hacen cada vez más escasas e inaccesibles las aguas potables, quebrantando la salud de millones de personas, especialmente en las comunidades más pobres. En este contexto, y tal y como enfatizaba la Declaración Europea por una Nueva Cultura del Agua, desde la comunidad científica tenemos la obligación moral de contribuir con nuestros conocimientos a desarrollar nuevos enfoques y estrategias de gestión sustentable de gestión de los ecosistemas acuáticos, en colaboración con los movimientos sociales que propugnan estos cambios. III- La crisis del estructuralismo hidráulico y de las tradicionales estrategias desarrollistas “de oferta” Al principio del siglo XX, el desarrollo de grandes infraestructuras hidráulicas era ya por entonces técnicamente viable, lo que abría las puertas a promover grandes regadíos en países áridos y semiáridos, y desarrollar la producción hidroeléctrica a gran escala. Sin embargo, las elevadas inversiones y los largos periodos de amortización que estos proyectos exigían, hicieron fracasar el modelo liberal basado en la iniciativa privada, particularmente a raíz de la crisis de 1929. Ello llevó a reconducir la gestión de las aguas superficiales hacia enfoques de gestión pública. Las responsabilidades de financiación y gestión fueron progresivamente asumidas por el Estado, imponiéndose en todo el mundo el estructuralismo hidráulico bajo el impulso de la iniciativa pública. El control, regulación y distribución de masivos caudales pasó ser responsabilidad del estado que pasó a financiar e incluso subvencionar masivamente las costosas infraestructuras hidráulicas, en nombre del “interés general”. Rescatando la coherencia del derecho romano, las aguas superficiales pasaron a considerarse y gestionarse como de dominio público, en la mayoría de los países, al tiempo que sus utilidades productivas se privatizaban de facto a través de sistemas concesionales que instituyeron sólidos derechos de uso equivalentes a cuasi-derechos de propiedad. Desde este enfoque se impusieron las llamadas estrategias “de oferta”, bajo la lógica del “interés general”. Desgraciadamente, con el tiempo, la declaración de “interés general” de las grandes obras hidráulicas y de los usos agrarios, industriales y mineros fue sesgándose bajo la presión de grupos económicos de presión hasta convertirse en un mero trámite administrativo bajo la influencia de esos intereses. Más de 45.000 grandes presas fueron construidas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, mientras la mayor parte de los caudales fluviales eran cedidos para producir electricidad, desarrollar industrias y multiplicar las explotaciones mineras. El hecho de que buen aparte de estas concesiones y sus correspondientes vertidos se ubiquen en las cabeceras fluviales ha agravado la degradación de los ecosistemas y de sus aguas, generando trágicos impactos sobre la salud de cientos de millones de personas. Durante la década de los 70, en los países más desarrollados, emergen los primeros síntomas de crisis del estructuralismo hidráulico y de estas estrategias productivistas “de oferta” por diversas razones que podrían agruparse en tres bloques: - razones de insostenibilidad ambiental; - falta de racionalidad y rentabilidad económica; - problemas de gobernabilidad y falta de aceptación social. Insostenibilidad A lo largo del siglo XX, la capacidad tecnológica, unida a la notable capacidad financiera de los Estados y del Banco Mundial, han alentado espirales de demanda que han desbordado los límites de sostenibilidad de buena parte de los ecosistemas acuáticos y de los acuíferos, especialmente en las regiones áridas y semiáridas. La construcción de decenas de miles de grandes presas ha roto la continuidad de los hábitats fluviales y alterado el régimen natural de los ríos, causando impactos irreversibles en su biodiversidad. Las extracciones abusivas, las obras de rectificación, drenaje y estrechamiento de cauces, la tala de bosques de ribera, junto a la masiva contaminación de sus caudales por sistemáticos vertidos, en unos casos localizados, industriales, mineros o urbanos, y en otros casos de carácter difuso, generalmente desde la agricultura, han afectado la salud de la mayor parte de los ríos, lagos, humedales y acuíferos del planeta, degradando la calidad de sus caudales y quebrando sus capacidades de autodepuración. En muchos casos, las grandes infraestructuras de regulación, construidas a fin de reducir los riesgos de inundación, han inducido la imprudente ocupación de los espacios de inundación de los ríos, aumentando a la postre la frecuencia y gravedad de eventos catastróficos por riadas en el mundo. Por otro lado, la rectificación, estrechamiento y profundización de cauces (a menudo para facilitar la navegación), junto a la construcción de miles de kilómetros de diques de ribera en grandes ríos, como el Rin, el Danubio o el Mississipi, entre otros, han acelerado las dinámicas fluviales, triplicando en ocasiones la energía destructiva de las ondas de avenida y produciendo catástrofes históricas en las zonas bajas y más densamente pobladas de las cuencas. La extracción abusiva de caudales en las cuencas que drenan regiones áridas y semiáridas han producido en muchos casos efectos devastadores sobre deltas y ecosistemas costeros, al tiempo que se han producido graves quiebras en las pesquerías de especies como la anchoa y la sardina que desovan en la desembocadura de los grandes ríos, aprovechando el aporte de nutrientes continentales de las crecidas primaverales que fertilizan las plataformas costeras. Por otro lado, el colapso de flujos sedimentarios en los grandes embalses, viene generando fenómenos de subsidencia (hundimiento) que afectan a buena parte de los deltas del mundo, así como una creciente escasez de arenas en muchas playas, procedentes en su mayoría de la erosión continental de los ríos y no tanto de la erosión costera de las olas. Tales fenómenos, en combinación con el crecimiento del nivel de los mares, producido por la fusión de masas polares (crecimiento de las temperaturas por cambio climático), amenaza hoy la existencia misma de espacios costeros, tradicionalmente fértiles, ricos en biodiversidad y con frecuencia densamente poblados. La explotación abusiva de muchos ríos para desarrollar grandes regadíos en cuencas áridas o semiáridas en terrenos altamente salinos, viene generando, no sólo la degradación de esos ríos por masivos retornos salobres, sino la progresiva salinización de buena parte de esos regadíos. La Comisión Mundial de Presas, en su informe final publicado en el 2000, estimaba que más del 20% de los regadíos desarrollados en el siglo XX están salinizados y son progresivamente abandonados, lo que favorece posteriores procesos de erosión que cierran el ciclo de la desertización. En muchos otros casos, la degradación de los ecosistemas y de sus aguas se produce por irresponsables vertidos directos, que en muchos casos son altamente tóxicos. Son muchas las industrias y las explotaciones mineras que vienen envenenando literalmente los ríos, con la complicidad de las Administraciones Públicas y en nombre de un malentendido progreso, motivando millones de muertos, deformaciones congénitas en decenas de miles de niños y procesos de contaminación de las cadenas tróficas de consecuencias impredecibles. En lo que se refiere a los acuíferos, la explotación abusiva, individualista e irresponsable de los mismos está llevando a situaciones de sobreexplotación, salinización y degradación de los recursos, a menudo acompañadas de fenómenos de hundimiento del suelo con graves afecciones a infraestructuras y viviendas. Estos fenómenos suelen venir acompañados de la compactación del sustrato geológico con la correspondiente reducción irreversible de la capacidad del acuífero. En muchos casos, los caudales base que alimentan ríos y humedales se ven seriamente afectados. Todos estos fenómenos e impactos tienen hoy, y tendrán en el futuro, serias consecuencias socio-económicas, que toman perfiles dramáticos en el caso de los países, regiones o comunidades más pobres, en la medida que se reduce la disponibilidad de aguas de calidad y se quiebra la capacidad de autodepuración de los ecosistemas acuáticos, al tiempo que se degrada la productividad biológica de estos ecosistemas (especialmente de proteínas procedentes de la pesca), agravando los problemas de hambre en muchos lugares del mundo. La falta de racionalidad y rentabilidad económica. Varias son las causas que han ido degradando la racionalidad y rentabilidad económica de los grandes proyectos hidráulicos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. En primer lugar, los costes de las nuevas infraestructuras tienden a crecer, al tiempo que los beneficios que se derivan de nuevos desarrollos tienden a decrecer, al tener que ubicarse en espacios menos favorables. Es la llamada ley de los costes marginales crecientes y beneficios marginales decrecientes. En segundo lugar, el diferencial inflacionario, sistemáticamente negativo para el sector primario, ha ido degradando el negocio agrario en el contexto general de la economía. Este proceso hace hoy que el balance coste-beneficio de grandes regulaciones cuyo objetivo sea la transformación de nuevos regadíos haya perdido rentabilidad. En tercer lugar, la indiscriminada política de subvenciones aplicada al agua, junto al establecimiento de modelos tarifarios inadecuados (como el pago por hectárea y no por metro cúbico usado) han inducido un uso ineficiente y un crecimiento insostenible de las demandas. En cuarto lugar, la ineludible contabilización de costes ambientales y sociales, tradicionalmente ignorados o minimizados, cargan la balanza de costes de forma contundente. Por último, las tendencias burocráticas, la opacidad administrativa y con frecuencia los problemas de corrupción han acentuado la ineficiencia del modelo. Estos y otros factores han degradado, a lo largo del siglo XX, el balance económico coste-beneficio de los grandes proyectos hidráulicos. Hoy, de hecho, este balance es negativo en la mayoría de los casos, aún disponiendo de largos procesos de amortización de cuarenta o cincuenta años. Problemas de gobernabilidad y falta de aceptación social. Los cambios culturales que se derivan del nuevo paradigma de sostenibilidad exigen una fuerte implicación ciudadana en la gestión de aguas y un nuevo enfoque del concepto de “interés general”. El reto de la ciencia y de la técnica ya no es tanto “dominar la naturaleza” como conocerla mejor para poder integrar de forma sostenible nuestro desarrollo y coevolucionar armónicamente con ella. Generar crecimiento económico desde perspectivas de corto plazo que pongan en peligro el medio y largo plazo no puede ser considerado como de “interés general”. Desde este nuevo enfoque, la participación no debe limitarse a los regantes, las compañías hidroeléctricas y la industria, sino que debe abrirse al conjunto de la ciudadanía. La cuestión no debe limitarse a gestionar bien los recursos disponibles, sino que debe garantizarse, al tiempo, el buen estadio ecológico de los ecosistemas acuáticos de los que se obtienen los recursos. Todo ello exige profundos cambios institucionales que dinamicen la transparencia y la participación ciudadana, por encima de previsibles resistencias corporativas y de grupos de presión. La nueva perspectiva de gestión ecosistémica demanda nuevos enfoques de gestión interdisciplinar y adecuadas instituciones públicas de gestión de cuencas. Un importante reto que se deriva de este enfoque es la necesidad de organizar la gestión de cuencas transfronterizas, promoviendo acuerdos e instituciones internacionales que la posibiliten, tal y como exige la Directiva Marco de Aguas. En lo que se refiere a la gestión de los acuíferos, resulta esencial institucionalizar fórmulas participativas que, estando presididas por el protagonismo de los usuarios del acuífero (comunidades de usuarios), queden bajo la responsabilidad de instituciones públicas como garantes de una gestión sostenible de dichos acuíferos. Los argumentos expuestos en los tres apartados anteriores, sustancian en definitiva las razones de la crisis de los modelos “de oferta” y de las tradicionales estrategias basadas en grandes obras hidráulicas bajo masiva subvención pública. La reciente experiencia española, con millón y medio de manifestantes enfrentados, no sólo al Plan Hidrológico Español, con su oleada de grandes presas y trasvases, sino también a su enfoque autoritario, nos ofrece un ejemplo significativo al respecto. Otra experiencia significativa es sin duda la de EEUU a lo largo de la década de los 70 y principios de los 80, que culminaría con un cambio de enfoque en la política de aguas estadounidenses a mediados de los 80. Sirva a este respecto como referencia documental un extracto del discurso pronunciado a principios de los 90 por Daniel P. Beard, Director del Bureau of Reclamation de los EEUU, ante la Comisión Internacional de Grandes Presas, reunida en Durban, Sudáfrica: “… El Bureau of Reclamation de los EEUU fue creado como un organismo de construcción de obra pública hidráulica . Las presas de Hoover, Glen Canyon, Grand Coulee y otras fueron construcciones monumentales que son motivo de orgullo para nuestro país. Sin embargo en los últimos años hemos llegado a la conclusión de que debemos efectuar cambios significativos. Una premisa fue que los costes de los proyectos fueran reembolsados. Nos hemos dado cuenta que los costes de construcción y operatividad de proyectos de gran envergadura no pueden recuperarse.... Con el tiempo, nuestra experiencia nos ha dado una apreciación más clara sobre los impactos medioambientales de estos proyectos. Fuimos lentos en reconocerlo, y aún estamos aprendiendo cuán agresivos son y como corregirlos… También nos dimos cuenta de que existen alternativas que no implican necesariamente la construcción de presas. Las alternativas no estructurales son a menudo menos costosas y pueden tener menor impacto ambiental.... El resultado ha sido que la época de construcción de presas en los EEUU ha tocado a su fin…” Sin embargo, la referencia más significativa sobre el estado de esta crisis desde una perspectiva más global lo tenemos en el informe final de la Comisión Mundial de Presas (World Comisión on Dams), presentado en Londres en el 2000, tras un largo proceso de elaboración y debate. Después de reconocer las importantes contribuciones al desarrollo económico y social de este tipo de estrategias y proyectos a lo largo del siglo XX, el informe final identifica los argumentos que cuestionan la validez del modelo de cara al futuro, agrupándolos en tres apartados que vienen a reflejar análogas razones a las desarrolladas anteriormente: 1- baja eficiencia y problemas de racionalidad económica; 2- Serios impactos sociales y escasa equidad en el reparto de costes y beneficios; 3- Impactos ambientales y ecológicos, frecuentemente irreversibles. IV - Nuevos enfoques, objetivos y estrategias de gestión. La nueva Directiva Marco de Aguas establece nuevos enfoques de “gestión integrada ecosistémica” para todos los países miembro de la Unión Europea, que cambian la tradicional prioridad de las estrategias “de oferta” por nuevos enfoques de “gestión de la demanda y de conservación” de los ecosistemas. Desde estos nuevos enfoques y coherencias la Directiva Marco establece: 1. como principal objetivo, la recuperación y conservación del “buen estado ecológico” de ríos, lagos y humedales. El tradicional concepto de calidad de las aguas desde parámetros físico-químicos, se complementa con parámetros biológicos, pasándose a valorar el buen estado del hábitat, más allá de la calidad del recurso en sí mismo. En lo que se refiere a los acuíferos, además de preservarse su buen estado químico, se añade la necesidad de garantizar su buen estado cuantitativo, incluyendo las funciones de los acuíferos en lo que se refiere a caudales base de ríos, fuentes y humedales. 2. Se introduce un principio novedoso, el principio de “no deterioro”. Tal principio, obligatorio desde la aprobación de la Ley, pretende evitar el desarrollo de políticas de “hechos consumados” que puedan poner en peligro los objetivos de la Directiva, en su largo periodo de transposición (hasta el 2015). 3. Se establece como unidad territorial básica de gestión la cuenca hidrográfica (y, en su caso, si es diferente, el sistema hidrogeológico, en el caso de los acuíferos). Desde este principio de gestión de cuenca, la Directiva establece la necesidad de diseñar y desarrollar una gestión integrada de aguas superficiales y subterráneas, superando fronteras en los casos de cuencas o acuíferos transfronterizos en el seno de la UE. 4. La Directiva exige la integración de deltas, estuarios y plataformas costeras en la gestión de las cuencas, rompiendo así la tradicional consideración de que las aguas de los ríos acaban perdiéndose en el mar. De esta forma se exige tomar en consideración las decisivas funciones de los ríos, tanto sobre las pesquerías costeras, como sobre los sedimentos y arenas de los que dependen deltas y playas. 5. La creciente variabilidad climática derivada de los fenómenos de cambio climático en curso (con un aumento en frecuencia e intensidad de los fenómenos de sequía y crecidas fluviales), genera riesgos que deben ser gestionados aplicando con rigor el principio de precaución, especialmente en las zonas más sensibles. En lo referente a los riesgos de crecidas, la Directiva prioriza el desarrollo de estrategias que maximicen la capacidad natural de los cauces de frenar e integrar dichas crecidas, recuperando meandros, bosques de ribera y espacios de inundación blanda en zonas medias y altas de las cuencas. Se trata en suma de desarrollar estrategias de recuperación del buen estado de los cauces (bajo lemas como “living with water” o “giving space to water”) que se oponen a las tradicionales estrategias de construcción de diques de ribera, drenajes y rectificación de cauces, que tan funestos resultados han dado en muchos casos. En lo que se refiere a la gestión de los riesgos de sequía, la Directiva establece la recuperación de los acuíferos y humedales como claves estratégicas de cara a disponer de nuevo de la inercia de regulación natural de los ecosistemas. De forma complementaria, es interesante flexibilizar el sistema concesional mediante Bancos Públicos de Agua, siguiendo la experiencia Californiana de principios de los 90, lo que posibilitaría interesantes opciones de gestión de la escasez en coyunturas de sequía, sin perder el control público de la gestión desde criterios de interés general. 6. Ahorrar y mejorar la eficiencia en el uso. “Hacer más y mejor con menos” (“Doing more and better with less”) pasa a menudo por ser capaces de incorporar mejoras tecnológicas, pero sobre todo nuevos enfoques de “gestión de la demanda”. La Directiva Marco establece el principio de priorizar tales estrategias (ahorro y mejora de la eficiencia) sobre los tradicionales proyectos hidráulicos (estrategias “de oferta”, generalmente bajo masiva subvención pública). En el caso español, un 60% de los regadíos apenas si tienen una eficiencia del 50%, mientras las redes urbanas suelen tener fugas de entre el 20% y el 30%. Bien diferente son casos como Holanda o Alemania, donde las fugas en redes urbanas suelen oscilar entre 5% y 10%, a pesar de que esos países no tienen problemas de escasez de agua. A menudo, mejorar la eficiencia no es tanto un problema tecnológico, como cultural, social y político. Cambiar mentalidades, modernizar enfoques de gestión o diseñar y aplicar modelos tarifarios adecuados suelen ser clave a la hora de establecer estrategias eficaces para ahorrar recursos y mejorar la eficiencia en el uso. 7. La aplicación de nuevas tecnologías es otra clave a desarrollar. Las nuevas técnicas de depuración mediante membranas semipermeables (microfiltración, nanofiltración y ósmosis inversa) están disponibles a costes monetarios y energéticos cada vez menores; la reutilización y regeneración de caudales (incluida la posibilidad de introducir dobles redes en nuevas áreas urbanas…) suponen costes inferiores, en muchos casos, a los que exigen las tradicionales estrategias de grandes obras de regulación y transporte a larga distancia. Más allá de estos avances tecnológicos, determinadas tecnologías tradicionales, adecuadamente actualizadas, como las cisternas para recoger y usar aguas pluviales, y otras tecnologías descentralizadas (como la reutilización doméstica de aguas grises), pueden y deben jugar un papel decisivo en la resolución moderna, económica y ecológica de problemas importantes. 8. La Directiva Marco establece la necesidad de abrir la participación a la ciudadanía en general, más allá de los tradicionales grandes usuarios (regantes, compañías hidroeléctricas e industria). Los procedimientos de consulta y participación pública pro-activa (y no simplemente los procesos de información pública a posteriori) pasan a ser obligatorios, siguiendo los principios de la Convención de Aarhus (participación ciudadana proactiva). 9. Por último la Directiva establece la necesidad de asumir principios de racionalidad económica en la gestión de aguas. Tales principios deben basarse en tarifas que garanticen la recuperación de costes, incluidos los costes ambientales y el valor de oportunidad del agua en cada circunstancia. Se trata de incentivar la responsabilidad y la eficiencia en el uso del agua por parte de los diversos usuarios. A nuestro entender, no obstante, este enfoque económico de la Directiva adolece de un análisis más cuidadoso sobre las funciones del agua, los valores y los derechos en juego, pues de lo contrario puede sobreentenderse que el agua es un simple input económico. Tal consideración entra de hecho en contradicción con la propia Directiva en la medida que ésta asume el principio ético de la sustentabilidad colocando como objetivo central la recuperación del buen estado ecológico de los ecosistemas, por encima de los intereses económicos que puedan suscitarse. Por otro lado, es necesario gestionar esos valores y funciones del agua desde principios éticos de equidad que garanticen el acceso al agua potable y al saneamiento básico como un derecho humano, tal y como se propone en la Declaración Europea por la Nueva Cultura del Agua. V - Un nuevo enfoque ético en materia de gestión de aguas. Si bien es cierto que el agua es un compuesto claramente definido, lo relevante es que sus diferentes funciones se relacionan con valores que deben ser catalogados en rangos cualitativamente diferentes. No apreciar tales diferencias y hablar de forma generalizada del valor del agua abre las puertas a un tratamiento confuso. Tales rangos deben catalogarse, por razones éticas, en diversos niveles de prioridad y gestionarse desde criterios específicos. La Declaración Europea por una Nueva Cultura del Agua propone diferenciar funciones, valores y derechos en los siguientes niveles: - El agua en funciones de vida: funciones básicas que deben garantizar una vida digna para los seres humanos, lo que lleva a NNUU a considerar como un derecho humano el acceso a 30-40 litros por persona y día de agua potable. Funciones de vida, por otro lado, que deben asegurar la salud básica y la sostenibilidad de los propios ecosistemas acuáticos. Hoy, de hecho, se debate en la Comunidad Internacional lo que se conoce como la tercera generación de derechos humanos que incluye el derecho humano de todos los pueblos a la paz y a un medio ambiente sano. Tales funciones deben ser garantizadas con la máxima prioridad desde criterios de máxima eficacia. El argumento de falta de recursos financieros para garantizar el derecho humano al agua potable y al saneamiento básicos no es aceptable, ni desde la perspectiva de los gobiernos nacionales, ni menos desde instituciones internacionales como el Banco Mundial. Hoy, de hecho, en todos los países del mundo es viable garantizar la tradicional fuente pública potable y gratuita en la plaza de cada pueblo y en la cercanía de cada comunidad, como expresión práctica de ese derecho humano a 30 litros por persona y día. Se estima que el coste de lo que se podría denominar “la revolución del grifo y del agua clorada” en la plaza pública representaría menos del 1% de los actuales presupuestos militares. Se trata de un problema de voluntad colectiva y de prioridad política y no propiamente de un problema financiero. - El agua para servicios públicos de interés general: en funciones que se corresponden con valores de equidad y cohesión social, considerados como de interés general y que deben vincularse a derechos de ciudadanía. Nos referimos aquí a los servicios domiciliarios de abastecimiento y saneamiento que van mucho más allá de los 30 litros por persona y día; servicios que, aún no siendo catalogables como derechos humanos, deben ser promovidos, en un segundo nivel de prioridad, como derechos universales de ciudadanía. La gestión de este tipo de servicios debe hacerse desde criterios de máxima eficiencia social, guiados por sistemas tarifarios por bloques de valor creciente y por modelos basados en la gestión pública participativa. Se trata en suma de incentivar la responsabilidad ciudadana (individual, colectiva e institucional) y la oferta de servicios básicos eficientes y de calidad vinculados a esa condición de ciudadanía global que reivindica la Carta de la Tierra. Se trata en suma de superar los modelos tradicionales de gestión pública lastrados por el burocratismo e incluso la corrupción, al tiempo que se trata de confrontar las presiones privatizadoras del Banco Mundial que tienden a transformar a los ciudadanos en simples clientes, con el consiguiente deterioro de derechos y condiciones de vida de las comunidades más pobres. - El agua para el crecimiento económico : en usos relacionados con actividades económicas privadas legítimas, vinculadas al derecho de todos a ser más ricos, siempre que ello no afecte a derechos más básicos de los demás. Obviamente tales usos no pueden vincularse a derechos humanos o ciudadanos, debiendo, por lo tanto, gestionarse desde un tercer nivel de prioridad, que nunca debe poner en riesgo las funciones del agua para la vida (incluida la sostenibilidad de los ecosistemas) ni las funciones de interés general vinculadas a derechos de ciudadanía. Tales funciones deben ser gestionadas desde criterios de racionalidad y de máxima eficiencia económica, tal y como reclama la Directiva Marco de Aguas Europea. Hemos de tener en cuenta que tales usos representan más del 70% de las actuales demandas, siendo generalmente estos usos los que inducen los problemas de escasez y de contaminación más relevantes. Puesto que en este tipo de usos estamos trabajando con valores económicos, no existe disculpa para que el Estado no asigne con rigor tarifas que reflejen los costes, incluidos los ambientales y el valor de oportunidad que estos mismos usos generan al forzar situaciones de escasez. En el ámbito de la racionalidad económica, la escasez del agua para usos económicos debe dejar de ser una tragedia a evitar, para pasar a considerarse como una realidad a gestionar (todos los bienes son útiles y escasos por definición). Sin duda es preciso desarrollar con más precisión los márgenes de estas categorías éticas. En este sentido, es preciso determinar, en cada país y en cada región, qué usos económicos del agua deberían considerarse como actividades del interés general de la sociedad en su conjunto. Sin duda, por ejemplo, los derechos ancestrales y tradicionales de muchas comunidades rurales e indígenas sobre los caudales que usan en actividades agrarias o de otro tipo básicas para la supervivencia de esas comunidades deben reconocerse y garantizarse como derechos humanos o como usos del interés general de la sociedad en su conjunto (y no sólo de las comunidades afectadas). Sin embargo, es preciso garantizar que, tras este tipo de declaraciones de “interés general” no es amparan demagógicamente intereses privados de sectores ricos y poderosos, como tradicionalmente ha ocurrido y ocurre en la actualidad. Sin embargo, aún en el ámbito de sus funciones económicas, el agua no debe ser gestionada desde criterios de libre mercado. La necesidad de gestionar los ecosistemas acuáticos, como patrimonios de la biosfera bajo responsabilidad pública, discerniendo prioridades desde criterios éticos de equidad y sostenibilidad hacia los que son insensibles los mercados, hace necesario mantener la gestión de aguas desde responsabilidades públicas. No obstante se hacen necesarias profundas reformas institucionales que garanticen la transparencia y la participación ciudadana. VI - Pensando en territorios insulares como Fuerteventura y Lanzarote. En territorios insulares de fuerte aridez, como es el caso de Fuerteventura y Lanzarote, hablar de ecosistemas acuáticos continentales, de ríos, lagos y humedales, puede resultar un exotismo. Es lógico por tanto que, en este tipo de contextos, el agua dulce sea vista estrictamente como un recurso tan valioso como escaso. Un recurso que tradicionalmente ha sido el principal factor limitante del desarrollo económico y social. Sin embargo, durante los últimos años, las nuevas tecnologías de desalación están permitiendo generar caudales a precios económicamente viables que posibilitan disparar el desarrollo urbanístico y turístico, así como determinadas producciones agrarias de alto valor añadido. En estas condiciones el agua ha dejado de ser el factor limitante que siempre fue, al tiempo que los problemas de insostenibilidad se desplazan al ámbito de la energía, y sobre todo al del territorio. La degradación del paisaje y la pérdida acelerada de valores culturales e identitarios, junto al riesgo de desvertebración social y de degradación de los servicios sociales han pasado a ser los elementos clave de insostenibilidad que empiezan a generar alarma ciudadana. De hecho, la extrema aridez ha sido y es parte esencial de los valores ambientales y de la personalidad e identidad de estas islas que las han hecho tan atractivas para el turismo. En este caso, el indisoluble binomio agua-territorio, que a menudo hace de un río el alma de un paisaje, tal y como decía Unamuno, se traduce en que sea la aridez el alma de estos otros paisajes. Desarrollar campos de golf y extender, de forma abusiva, la urbanización rompen evidentemente la personalidad de estos espacios, al tiempo que comprometen y fragilizan el futuro del desarrollo económico en curso. Se trata de evitar que esas nuevas tecnologías y la disponibilidad de ingentes caudales a costes relativamente asequibles, nos hagan perder el norte de la conservación de los valores del territorio como base del modelo de desarrollo a promover. Un modelo en el que sería necesario integrar las nuevas oportunidades tecnológicas en el ámbito de la propia identidad y de esa sabiduría tradicional que ha permitido gestionar la escasez. Construir, en suma, una modernidad inteligente y sostenible en lugar de permitir un desarrollo depredador que amenaza matar de éxito a quienes supieron vivir con dignidad en la escasez.