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20 Junio, 2006 

Sáhara Occidental: el acuerdo de pesca euromarroquí o cómo poner trabas a la resolución de un conflicto por Núria Tomás El nuevo acuerdo de pesca entre la Unión Europea (UE) y Marruecos ha vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de los recursos naturales en los territorios del Sáhara Occidental, ocupados por Marruecos desde 1975. El convenio, firmado en agosto de 2005 pero ratificado el 22 de mayo de este año por los Ministros de Pesca de la UE, permite a los barcos europeos faenar en aguas del país magrebí a cambio de compensaciones económicas. Sin embargo, este acuerdo tiene implicaciones que van más allá de una simple regulación pesquera. La decisión de la UE, que en definitiva no es más que una ‘reedición’ de colaboraciones anteriores, dificulta, una vez más y por varios motivos, el futuro de transformación de uno de los conflictos no resueltos de mayor duración del mundo, el del Sáhara Occidental. Para empezar, y a pesar de la insistente negación inicial por parte de la Comisión Europea, la falta de delimitación geográfica del territorio incluido en el acuerdo convierte las aguas del Sáhara en susceptibles de formar parte del área de pesca de los barcos europeos, tal y como reconoce un reciente dictamen jurídico del Parlamento Europeo. Así pues, la no-especificación territorial supone la inclusión de facto de las aguas del Sáhara en el área de pesca. El interés de esta ‘inclusión territorial por omisión’ se vuelve comprensible si se tiene en cuenta que el 38% del total de los recursos pescados por Marruecos procede de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, y que el 74% del total del calamar proviene del conjunto de aguas saharauis. Acuerdo ilegal Como consecuencia de esta inclusión implícita del territorio del Sáhara, el acuerdo viola la legalidad internacional en varios aspectos. En primer lugar, Marruecos no dispone de capacidad legal para firmar ningún documento relativo al Sáhara Occidental ya que no dispone del status de ‘potencia administrativa’ de este territorio, categoría que formalmente ostenta España. En segundo término, la consideración por parte de Naciones Unidas de ‘territorio no autónomo’ al Sáhara Occidental no permite la apropiación externa de recursos. Además, según una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1991, ‘la explotación y pillaje de recursos marítimos y otros recursos naturales en virtud de intereses económicos extranjeros en territorios coloniales y no autónomos […] representa una grave amenaza a la integridad y a la prosperidad de estos territorios’. En tercer lugar, el hecho de que el acuerdo de pesca prejuzgue un status del Sáhara Occidental favorable a Marruecos viola numerosas resoluciones y principios de Naciones Unidas, entre ellos el que contempla el derecho a la autodeterminación. Finalmente, ningún Estado tiene el derecho de promover o de incentivar inversiones que puedan constituir un obstáculo para la liberación de un territorio ocupado por la fuerza, según una disposición de la misma Carta de Naciones Unidas. Varias instancias gubernamentales y no gubernamentales han manifestado su oposición a las disposiciones pactadas, a la vez que han solicitado modificaciones en tres sentidos. Primero, excluir de manera explícita al Sáhara Occidental del acuerdo, tal y como ya hizo EEUU en el tratado de libre-comercio con Marruecos de 2004. Segundo, y a falta de la primera, incorporar una cláusula reconociendo que la inclusión de las aguas saharauis no prejuzga el status del territorio que Marruecos controla desde hace tres décadas. Tercero, considerar el acceso de la población saharaui a los beneficios generados por tal inyección de recursos (un total de 163 millones de euros, que van a ser controlados directamente por el Gobierno marroquí). De hecho, estas dos últimas fueron las propuestas formuladas por varios países encabezados por Suecia, países que no se benefician del acuerdo, pero que tienen que sufragar a Rabat a través del presupuesto comunitario. En cambio, los partidarios de avanzar en el pacto euromarroquí en los términos iniciales, y finalmente aprobados, han sido sobre todo Portugal y España, país este último que dispone de más del 80 % de las licencias de pesca concedidas (100 de las 119). Oportunidad de presión En cualquier caso, en un mundo ávido de energía y de consumo, cabe preguntarse si la creciente importancia de los recursos naturales ofrece también una oportunidad de presión e incidencia. La posibilidad de disponer del control efectivo de estos recursos brindaría a los saharauis una clara carta para la negociación. Aquí podemos entender el movimiento táctico, aunque puramente simbólico, hecho recientemente por el Frente Polisario cuando concedió licencias de explotación a varias compañías de hidrocarburos británicas. Del mismo modo, la UE podría haber utilizado el interés marroquí en la firma del convenio pesquero como una carta a jugar en la negociación con Marruecos para pedir un mayor respeto a los derechos de los saharauis. Pero parece que lo que ha ocurrido es precisamente lo contrario: Marruecos ha utilizado la concesión de los recursos pesqueros como elemento de presión para conseguir una posición más conciliadora y favorable a sus intereses sobre la cuestión del Sahara. Además, la firma del acuerdo pesquero, que está previsto que entre en vigor este mes, con tres meses de retraso sobre la fecha anunciada, se produce en un contexto especialmente delicado. Naciones Unidas acaba de anunciar que se retira de la negociación y ha instado a las partes a dialogar directamente, hecho que ya ha sido rechazado por el Frente Polisario. Si la decisión de Naciones Unidas probablemente va a tener una repercusión negativa para la reivindicación saharaui, el nuevo acuerdo de la UE supone un duro golpe para sus aspiraciones. La aceptación de facto que este texto supone de la soberanía de Marruecos sobre este controvertido territorio legitima, por una parte, la posición marroquí, dificultando una futura recuperación de soberanía saharaui; y por otra parte, deja escaso margen de actuación a los representantes saharauis agravando la situación de vulnerabilidad en la que ya se encuentra su población tras 30 años de ocupación y con miles de refugiados en Argelia. Si bien es cierto que los escenarios han quedado modificados substancialmente por la decisión de Naciones Unidas, cabrá también analizar los múltiples factores que pueden influir a partir de ahora: el Plan de autonomía pendiente de ser presentado por parte del régimen marroquí y las propuestas ofrecidas por los partidos acerca de aquél; la evolución de la propia política interna del Gobierno alauita; los pasos seguidos por el Frente Polisario; el posicionamiento de los actores regionales e internacionales, la UE incluida; y finalmente, los acontecimientos alrededor de los recursos, sean los hidrocarburos, el fosfato o el calamar, todos ellos muy abundantes en territorio saharaui. En todo caso, la disposición por parte de los saharauis de sus recursos naturales sólo será posible tras una transformación del conflicto que tenga en cuenta los derechos, hasta ahora sólo reconocidos sobre el papel, de los habitantes de una de las últimas colonias todavía existentes. Y al revés: una transformación positiva y verdadera del conflicto únicamente podrá llegar a buen término si el control de los recursos no sirve de avanzadilla de posiciones políticas contrarias a la legalidad internacional. Es verdad que, dentro de la UE, la diversidad de intereses acerca del conflicto ha dificultado posiciones comunes claras y valientes. Pero lo que está claro es que la explotación pesquera a lo largo de las costas saharauis sin duda va a dificultar considerablemente una resolución satisfactoria del conflicto del Sáhara Occidental contribuyendo a amenazar los ya debilitados intentos de paz. Núria Tomàs Analista/Escola de Cultura de Pau Agencia de Información Solidaria ©