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23 Noviembre, 2007 

EL PSOE DE FUERTEVENTURA PROPONE QUE EL CABILDO RECLAME LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA El Gobierno de Canarias está sordo respecto a la aplicación de la conocida como Ley de Dependencia en las islas y quiere hacer fracasar su aplicación en Canarias, boicoteándola. Se presupone que el Cabildo de Fuerteventura tiene que tener un departamento de Asuntos Sociales especializado en servicios de atención a las personas dependedientes. Por ello, resulta inexcusable que se haya dejado en suspensión el nivel mínimo de protección a las personas aquejadas de cualquier discapacidad que le incida autonomía suficiente. Tampoco se ha formado a las personas que tienen que difundir la información en las distintas corporaciones locales. Por ello, desde el Grupo Socialista propondremos al Pleno del Cabildo que se celebrará el próximo día 30 la adopción de un acuerdo instando al Gobierno de Canarias a que se aplique de inmediato el calendario previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción a la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, así como que se aceleren todos los tramites para que, a 31 de diciembre de 2007, las personas con gran dependencia en Fuerteventura accedan a las prestaciones económicas y a los servicios que les corresponde, conforme a lo previsto en la citada Ley. Igualmente, exigimos que antes del 31 de diciembre de este año se proceda a dictar la normativa sin la cual es imposible acceder a las prestaciones económicas y servicios: Normativa reguladora del procedimiento de reconocimiento del grado y nivel de la situación de dependencia; Normativa reguladora del Plan Individual de Atención, consistente en la determinación concreta de la prestación económica y el servicio que corresponde a la persona dependiente; y Requisitos mínimos de los centros privados para que puedan acceder al sistema de la autonomía personal y de atención a la dependencia. El Gobierno de Canarias, a día de hoy, no tiene elaborado el procedimiento de reconocimiento y evaluación del grado de la dependencia. Tampoco tiene elaborada la norma reguladora del programa individual de atención, es decir, la que determina la prestación o servicio que corresponde a la persona en función de su grado y nivel de dependencia. Igualmente, tampoco ha elaborado la norma que establezca los requisitos de acreditación de los centros. Desarrollo del cuarto pilar del estado de bienestar Antes de la promulgación de la Ley, la atención por las administraciones autonómicas se prestaba con una cobertura claramente insuficiente y con una diferencia evidente entre unas comunidades autónomas y otras. Hoy, Canarias está a la cola en la cobertura de todos los servicios sociales. La situación ha cambiado con la citada Ley, pues se ha creado un nuevo derecho de ciudadanía para todos y todas: el de las personas que no pueden valerse por sí mismas, para que sean atendidas por el Estado. La Ley 39/2006 ha obtenido el consenso de los empresarios, de los sindicatos, del Consejo Estatal de las Personas Mayores, del Consejo Estatal de la Discapacidad y de todos los grupos parlamentarios. La Ley sobre la Dependencia significa el desarrollo del cuarto pilar del estado de bienestar, tras el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Educativo y el Sistema de Pensiones. En Canarias se beneficiarán 39.938 personas. Esta Ley incluye a personas con dependencia por razones de enfermedad, accidente o discapacidad, realizándose la atención a estas personas, generalmente, en el ámbito familiar y recae, sobre todo, en las mujeres. La Ley 39 /2006 combate la desigualdad existente entre territorios, al garantizar el Estado un derecho básico de contendido mínimo igual en todo el territorio. Interés electoral de CC antes que aliviar el sufrimiento humano de 6.402 personas Asimismo, se constituye el Sistema de la Autonomía y Atención a la Dependencia, que reportará beneficios sociales, inversión eficiente por su impacto social, económico y laboral. En el tramo final de su implantación se estima la creación de 300.000 puestos de trabajo. En la actualidad en Canarias no se está cumpliendo el calendario de implantación previsto en la ley 39/2006. Se estiman en 6402 las personas denominadas grandes dependientes (Grado III) en nuestra Comunidad Autónoma, que deberían ser atendidas a 31 de diciembre de 2007, con la debida evaluación y asignación de la correspondiente prestación económica y/o servicio que sea pertinente, en función de su grado y nivel de dependencia. Hasta la fecha, el Gobierno de Canarias sólo ha evaluado a 429 personas de Grado III, sin asignar prestación o servicio alguno, retrasando tales asignaciones hasta el año 2008. El Estado ha cumplido con todas las obligaciones que impone la ley. Por el contrario, el Gobierno de Canarias prefiere hacer campaña electoral, antes que aliviar el sufrimiento humano de 6.402 personas y sus familias, a los cuales se les niega en este año 2007 la prestación y el servicio, al que tienen derecho por ley.