Otros acuerdos fueron en Sanidad, con 10,5 millones para la lavandería del Insular-Materno Infantil, y una inversión de Turismo en Adeje para accesibilidad.
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto ley de medidas fiscales, económicas y de apoyo directo para intentar amortiguar en las islas los efectos de la crisis internacional derivada de la guerra en Oriente Medio. La norma entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y deberá ser convalidada por el Parlamento autonómico.
La medida principal es la aplicación temporal del tipo cero del IGIC a los productos energéticos, incluidos combustibles derivados del petróleo, gas, biomasa y leña. Según el Ejecutivo, esta rebaja fiscal busca contener la subida de precios y reducir costes para familias y empresas. El coste estimado de esta medida sería de 14,1 millones de euros al año y de 3,9 millones en un primer periodo de 100 días.
El decreto también eleva hasta el 99% la devolución del Impuesto Especial sobre combustibles para agricultores y transportistas, con un impacto económico estimado de 19,4 millones de euros anuales y de 5,3 millones en esos primeros cien días.
En el capítulo de consumo, el Gobierno incorpora sal, mantequilla y café a la cesta de productos básicos que tributan al 0% de IGIC. Esta ampliación tendría un coste estimado de 3,2 millones de euros al año y de 900.000 euros en la primera fase de aplicación.
Se eleva la franquicia fiscal de los autónomos hasta los 50.000 euros
Otra de las novedades del decreto es la elevación hasta 50.000 euros de facturación anual del límite para acogerse al régimen especial del pequeño empresario en el IGIC, una medida voluntaria para autónomos que pretende reducir cargas fiscales y administrativas. El Ejecutivo calcula para esta modificación un coste de 12,5 millones de euros en el año en curso.
Además, la norma habilita una dotación extraordinaria de 7,2 millones de euros para actuaciones de apoyo al sector primario y al industrial, con el objetivo de compensar el aumento de costes energéticos y de producción. En conjunto, el paquete aprobado tiene un coste estimado inicial de 29,8 millones de euros, aunque el Gobierno advierte de que podría alcanzar los 60 millones anuales si la crisis se prolonga.
El Ejecutivo justifica este decreto por la necesidad de adaptar a Canarias las medidas estatales aprobadas en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, que no se aplican de forma directa en las islas por su régimen fiscal específico, y vuelve a reclamar una “cláusula canaria” en futuras decisiones estatales.
Cabello pide al Estado medidas fiscales especiales para Canarias
En la rueda de prensa posterior al Consejo, el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, reclamó al ejecutivo español flexibilizar las normas fiscales para las islas, considerando que "Canarias ha sido responsable" en cuanto deuda de "en torno al 11%", un nievl nivel de endeudamiento inferior a la media del Estado.
Lo hizo para poder contar con mayores recursos que permitan adoptar medidas ante los efectos de la guerra de Irán y afrontar retos estructurales en beneficio de los canarios y canarias.
Lavandería y trazabilidad para el Insular-Materno Infantil
El Consejo de Gobierno autorizó además un gasto de 10.512.127,16 euros para contratar durante 48 meses el servicio de lavandería y la gestión de la trazabilidad de la uniformidad del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil de Canarias. El contrato, prorrogable un año más, cubrirá el lavado e higienización de la ropa hospitalaria e incorporará un sistema para controlar mejor la uniformidad del personal dentro del complejo y durante todo el proceso de lavado.
Plan de accesibilidad universal en Adeje
En la misma sesión, el Gobierno aprobó destinar 60.000 euros a la redacción del Plan de Accesibilidad Universal de Adeje, en Tenerife, a petición del Ayuntamiento. El documento buscará mejorar la calidad del destino turístico y garantizar que residentes y visitantes, con independencia de sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas, puedan utilizar los espacios públicos en condiciones de plena inclusión. La actuación se integra en la estrategia autonómica de modernización de infraestructuras turísticas y creación de entornos más accesibles, eficientes y sostenibles.
