El Gobierno autonómico inicia el camino para llevar al Estado el Decreto Canarias
El Gobierno de Canarias se ha activado para recabar apoyos y dar a conocer el llamado Decreto Canarias, un documento que pretende trasladar al Estado un paquete cerrado de medidas económicas, sociales y fiscales que considerada prioritarias para el archipiélago.
En un momento de bloqueo presupuestario del Gobierno de España, que continúa prorrogando las cuentas nacionales desde 2023, y de dependencia a una mayoría parlamentaria que el ejecutivo de Pedro Sánchez solo obtiene puntualmente en el Congreso, el Gobierno de Canarias trata en este contexto de hacer llegar las necesidades de las islas a las altas esferas.
El decreto se plantea, por lo tanto, como un real decreto ley de ámbito estatal, cuya aprobación dependería del Consejo de Ministros y, posteriormente, del respaldo del Congreso de los Diputados. Aunque antes de ello, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha iniciado una ronda de contactos con cabildos, ayuntamientos, empresarios y sindicatos para recabar apoyos y presentar el texto como una demanda compartida por el conjunto de la sociedad canaria.
Las propuestas del Decreto Canarias
En un comunicado explicando el Decreto Canarias, el ejecutivo autonómico ha explicado precisamente que este surge en ausencia de Presupuestos Generales del Estado, una situación ha dejado en el aire la actualización de partidas que afectan directamente a Canarias, desde la gratuidad del transporte público hasta fondos para vivienda, empleo, infraestructuras o políticas sociales. Y ante esa parálisis, el Gobierno autonómico opta por concentrar sus reivindicaciones en un solo instrumento jurídico, en lugar de negociarlas de forma fragmentada.
El contenido del Decreto Canarias abarca varios ámbitos. Por un lado, incluye medidas de carácter social y económico, como la continuidad de la gratuidad del transporte terrestre, fondos para empleo, educación y servicios sociales, o recursos específicos para la reconstrucción de La Palma tras la erupción volcánica. Por otro, plantea demandas estructurales relacionadas con la financiación estatal, la fiscalidad diferenciada del archipiélago y el cumplimiento de compromisos recogidos en el Estatuto de Autonomía y en la Agenda Canaria.
Desde el Ejecutivo autonómico se subraya que el decreto no introduce nuevas competencias, sino que reclama la ejecución efectiva de obligaciones ya asumidas por el Estado. En ese sentido, el texto se apoya en el carácter singular de Canarias como región ultraperiférica y en los sobrecostes derivados de la lejanía y la fragmentación territorial.
La presidenta Lola García apoya el decreto
En otro comunicado, en este caso del Cabildo insular, la presidenta Lola García lanzó un mensaje de apoyo al decreto. Para García, se trata de “evitar que la parálisis política del Estado siga perjudicando a Canarias y, de manera directa, a islas como Fuerteventura”, y dijo que “defender este decreto es defender los derechos de la ciudadanía de Fuerteventura, es exigir que el Estado cumpla con sus obligaciones y es apostar por una Canarias que no se detiene, que avanza y que reclama lo que le corresponde con unidad, firmeza y responsabilidad”.
Economía, transporte, vivienda, impuestos, medidas para La Palma...
Según informó el ejecutivo, el texto de Decreto Canarias analizado este jueves con los portavoces parlamentarios incluye todas las propuestas formuladas por los distintos grupos en materias que son competencias estatales. También han sido incorporadas aportaciones en materia de derechos sociales y lucha contra la pobreza; empleo, productividad y diversificación económica y fiscalidad; y refuerzo de servicios públicos en todos aquellos aspectos que corresponden al Ejecutivo español.
En concreto, al documento inicial redactado por los servicios jurídicos y técnicos de la Comunidad autónoma se ha sumado aportaciones como la reclamación al Estado de un convenido que garantice la financiación del desarrollo de infraestructuras ferroviarias en las islas; la actualización del POSEI y de los recursos financieros para el sector primario; el blindaje de las medidas fiscales para la reconstrucción de La Palma; y las garantías para la conectividad aérea de El Hierro y La Palma.
Tras estas mejoras fruto de las aportaciones de los grupos, el texto de real decreto ley de ‘Medidas Urgentes para el mantenimiento y la recuperación de las condiciones sociales y económicas en Canarias’ contiene una declaración de principios, 35 artículos divididos en cuatro capítulos, 12 disposiciones adicionales y otras tres finales.
Recuperación social y económica
El primer capítulo, bajo el título ‘Medidas de recuperación social y económica’, reúne todas aquellas partidas económicas o medidas legislativas que el Gobierno central debe adoptar para garantizar el desarrollo del archipiélago atendiendo a su condición de territorio alejado y fragmentado.
Así, se exige al Gobierno de Pedro Sánchez que garantice la continuidad al menos durante dos años más de la gratuidad del transporte público colectivo terrestre en Canarias mediante una partida de 160 millones de euros anuales.
El Decreto Canarias que se negociará con Madrid recoge además 45 millones de euros para el Plan Integral del Empleo en 2026, un plan de empleo cuatrienal para jóvenes de 42 millones y una partida de 42 millones de euros para las infraestructuras educativas.
La propuesta busca también que se mantenga tres años más la deducción del 60% del IRPF para todos los residentes en La Palma, La Gomera y El Hierro, además de una “bonificación del 50% en la cuota patronal de la Seguridad Social para las actividades realizadas en las islas verde en los contratos indefinidos y de sustitución por IT, similar a las aplicadas en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla”.
Con el fin de seguir impulsando la recuperación plena de La Palma tras la erupción volcánica, el texto remitido a Madrid incluye 100 millones de euros en 2026, 2027 y 2028. Este apoyo económico se complementa con 30 millones para el Plan Especial de Empleo en la isla en 2026 que podrán extenderse a 2027.
Vivienda y medidas sociales
El segundo bloque del articulado del Decreto Canarias, llamado ‘Medidas de apoyo a colectivos vulnerables’, busca fortalecer el escudo social en las islas. En este sentido, se reclaman la continuidad de los 30 millones de euros anuales del Plan de Pobreza.
En materia de vivienda, la propuesta del Gobierno de Canarias mejorada con las aportaciones de los grupos parlamentarios contiene dos medidas directas para afrontar la emergencia habitacional declarada en las islas. En primer lugar, se solicita al Estado la cesión en 2025 de suelo “para la construcción de viviendas protegidas”. También se reclama, durante los años 2026 y 2027, 105 millones de euros anuales para la ejecución de obras de vivienda asequibles en las islas.
Con el refuerzo de los servicios esenciales en el punto de mira, el texto de Decreto Canarias requiere nuevos fondos estatales para asuntos prioritarios como la formación profesional (40 millones de euros anuales), un plan para el jóvenes desempleados (42 millones), la gratuidad del primer ciclo de educación infantil (28 millones), la cofinanciación en materia de dependencia (120 millones), el sobrecoste de la atención sanitaria (40 millones), el tratamiento de aguas (50 millones) y la renovación de los centros generadores de energía (20 millones).
Infraestructuras y más competencias
Al amparo de la Agenda Canaria, el Gobierno autonómico propone al central que conceda en 2026 y 2027 una bonificación del 50% de su cuota de Seguridad Social a las empresas isleñas que apliquen “medidas de productividad asociadas a mejora de las retribuciones en cómputo anual en conceptos salariales superior a la establecida en los convenios colectivos sectoriales”. Se busca incentivar el alza de los sueldos.
El texto contiene asimismo un importante paquete de medidas destinadas a mejorar las infraestructuras del archipiélago y a avanzar en el traspaso de competencias incluidas en el Estatuto de Autonomía de Canarias.
Entre ellas, destaca la exigencia al Estado para que financie el 50% de la redacción de los proyectos y ejecución de las obras de infraestructura y del equipamiento para el transporte público de viajeros por carretera que elabore y presente la Comunidad Autónoma de Canarias para las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
En materia de Costas, Canarias pide 20 millones euros en 2026 y 2027 para la ejecución de obras de interés general en costas. Además, “con el fin de asegurar la coherencia de las actuaciones en el litoral de las islas”, se reclama al Estado que traspase a la comunidad autónoma “las competencias ejecutivas y de gestión que ostenta sobre el dominio público marítimo-terrestre en el archipiélago”.
El texto de Decreto Canarias recoge 20 millones de euros anuales para obras hidráulicas, 204 millones para financiar desde 2026 a 2030 el Convenio de Carreteras, 20 millones para infraestructuras turísticas y la misma cantidad para inversiones en I+D+i.
Incluye otra demanda histórica del archipiélago: la financiación por parte del Estado del coste de 1.400 plazas de miembros del Cuerpo General de la Policía Canaria, para garantizar su despliegue en todas las islas, sus funciones de policía judicial en el ámbito de sus competencias y su complementariedad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Ausencia de PSOE y NC
El presidente agradeció a los portavoces parlamentarios su colaboración para mejorar el borrador del real decreto ley de ‘Medidas urgentes para el mantenimiento y recuperación de las condiciones sociales y económicas de Canarias’ que el Gobierno puso sobre la mesa en el encuentro del pasado 12 de noviembre.
Tras esa primera reunión, todos los grupos excepto Vox elevaron en diciembre propuestas al Ejecutivo autónomo. Estas aportaciones, en opinión del presidente, han servido para enriquecer la propuesta de Decreto Canarias que la próxima semana compartirá con la Federación Canaria de Islas (Fecai), la directiva de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y el Consejo Asesor del Presidente, órgano donde están representadas las patronales empresariales y los principales sindicatos del archipiélago.
Clavijo negó que los equipos técnicos y jurídicos del Gobierno dejaran fuera propuestas del PSOE y NC por su carácter político. “Es un documento absolutamente técnico”, dijo para recordar que “todas las que tienen que ver con competencias del Estado se añadieron” y quedaron fueras las que solo tienen que ver con competencias de Canarias porque no caben en un decreto que va a aprobar el Consejo de Ministros y el Congreso de los Diputados”.
Junto al presidente Fernando Clavijo, en la reunión celebrada este jueves en la Sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife han participado en nombre del Gobierno el vicepresidente Manuel Domínguez, el viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello, el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, el viceconsejero de los Servicios Jurídicos, Jorge Riestra y el secretario general de Presidencia, Ceferino Marrero. En representación de los grupos parlamentarios han estado en el encuentro José Miguel Barragán (CC), Luz Reverón (PP), Javier Nieto (Vox), Casimiro Curbelo (ASG) y Raúl Acosta (Grupo Mixto).