Una industria de captura y engorde de atunes, nueva amenaza para la pesca en Canarias

El proyecto piloto para estudiar la viabilidad de implantar una industria dedicada la acuicultura de túnidos en aguas de Canarias ha desatado una oleada de reacciones.

Se trata de una iniciativa presentada por la Unión Europea a petición del Gobierno de España que, de salir adelante, permitiría desarrollar por primera vez en el caladero canario la pesca con red de cerco industrial, y el engorde posterior en cautiverio de especies como el atún rojo (Thunnus thynnus) y el rabil -o atún de aleta amarilla (Thunnus albacares).

El método planteado implicaría un procedimiento similar al de las granjas de atún rojo en el Mediterráneo (por ejemplo, Balfegó), donde cada año se capturan ejemplares juveniles en el mar y se trasladan a jaulas flotantes para su engorde, dado que hasta la fecha, la reproducción del atún en cautividad no ha sido viable. Y aunque esta práctica no debe confundirse con la pesca de arrastre -no es el caso-, el sector pesquero canario no ha dudado en llamar la atención sobre los graves efectos que ocasionaría.

Rechazo unánime del sector pesquero canario

La Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, junto a las federaciones provinciales de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, han expresado su "más rotundo y unánime rechazo" al proyecto experimental aprobado por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), a propuesta de la Unión Europea y a petición del Ministerio español de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Los representantes del sector artesanal consideran que la iniciativa supone "una de las decisiones más preocupantes de los últimos años para el futuro de la actividad en el archipiélago". En palabras de los portavoces de las cofradías, "si hubiéramos querido desarrollarnos en ese modelo de pesquería ya lo habríamos hecho nosotros; precisamente es lo que siempre hemos evitado".

Las cofradías critican que el acuerdo se adoptó sin previa consulta al sector ni al Gobierno de Canarias, como exige la legislación. "No existe respaldo alguno desde Canarias: ni del sector ni del Gobierno regional para esta iniciativa", advierten, y recuerdan que la Ley 5/2023 de pesca sostenible establece que todo plan piloto debe ser consultado con las comunidades autónomas afectadas y sus pescadores. 

Ecologistas, nacionalistas y socialistas se posicionan

El proyecto piloto aprobado por la ICCAT ha provocado un cruce de posicionamientos entre organizaciones ecologistas y representantes institucionales del ámbito canario. La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) ha acusado directamente al Gobierno de Canarias de colaborar con el Ministerio de Agricultura para introducir el cerco industrial y la cría de túnidos en aguas del archipiélago, alertando de sus consecuencias ecológicas y cuestionando la legitimidad del proceso.

En un comunicado, ATAN señala que "una delegación de la consejería competente en materia de pesca estuvo en Sevilla donde se debatía este asunto y en todas las reuniones preparatorias organizadas por el Ministerio antes de la celebración de la del ICCAT". La organización sostiene que "es impensable que el Gobierno de Canarias no sea partícipe de este proyecto, ya que la acuicultura es una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma", por lo que, incluso en caso de alegar desconocimiento, "es igual de responsable por cooperador necesario o por pasividad en la brega".

Por otro lado, el PSOE de Fuerteventura, en otro comunicado, ha reclamado una revisión del procedimiento y denunciado la falta de consulta al sector. José Cabrera, secretario de Política Municipal, Sector Primario y Soberanía Alimentaria del PSOE majorero, ha señalado que "no parece que esta decisión que afecta a Canarias haya contado con la opinión y el conocimiento de nuestras cofradías sobre las aguas que faenan", por lo que exige que "la ICCAT corrija su posición e incorpore al proceso a los agentes locales".

Cabrera añade que, tratándose de una organización que pretende gestionar las pesquerías con base científica, "no se entiende que pretenda implantar sistemas cualitativamente distintos a los empleados en un territorio marino sin apoyarse en los profesionales que allí faenan", y reivindica el conocimiento empírico del sector artesanal canario como "un valor científico evidente".

El PSOE de Fuerteventura reclama así que se consulte expresamente la posición de las federaciones de cofradías de Canarias y alerta de que "resultaría inaceptable que una propuesta de esta magnitud e impacto, que compromete de manera crucial y directa el futuro de las pescas en Canarias, se haya tomado sin la participación directa del sector artesanal canario". 

Y también desde el ámbito político, se ha pronunciado CC-AM tras convocar a las cofradías de la isla, considerando que “es un insulto que el Gobierno español dé traslado de esta proposición sin tener en cuenta a las instituciones canarias ni al propio sector pesquero de las islas”, achacando la propuesta sin consenso a la Secretaría General de Pesca del Gobierno de España, bajo responsabilidad del ministro socialista Luis Planas.

Los nacionalistas advirtieron de que este tipo de pesca no supone ningún beneficio para las comunidades pesqueras canarias, sino que responde exclusivamente a intereses de capital foráneo vinculado al sector industrial, ya que se abriría el acceso para operar de manera industrial en aguas canarias, y competir directamente y en las mismas fechas por los recursos que necesita la flota canaria para subsistir.  

También coincidieron con la Federación de Cofradías del archipiélago en que este nuevo acuerdo vulnera la ley, al no respetar los principios de consulta y participación establecidos en el artículo 7 de la Ley 5/2023 sobre pesca sostenible. El acuerdo se ha tomado sin realizar una consulta previa al Gobierno de Canarias ni al sector pesquero, violando la obligación legal de cooperación y, “sobre todo, desatendiendo las competencias que reconoce el Estatuto de Autonomía de Canarias en la gestión pesquera”, añaden desde AM-CC.

Impactos ambientales: delfines, contaminación y presión sobre el caladero

Además de la falta de consulta, las cofradías y organizaciones ecologistas alertan de graves riesgos ecológicos. Uno de los más citados es la elevada interacción entre bancos de túnidos y cetáceos en las aguas canarias. "En esta zona, por cada diez atunes puede haber cien delfines nadando junto a ellos. Cercar a los túnidos con redes implica cercar también a los delfines", señalan desde la federación regional, recordando que estos mamíferos marinos están protegidos por ley y no existen mecanismos seguros para evitar su captura accidental.

Asimismo, la instalación de jaulas flotantes para el engorde de atunes podría suponer un riesgo añadido de contaminación, alteraciones en la cadena alimentaria y desequilibrios ecológicos. "Nada garantiza que esta actividad sea inocua para un ecosistema marino como el canario, distinto al del Mediterráneo", advierten.