La propuesta de limitar la compra de vivienda a extranjeros en Canarias recibe el respaldo del Estado
El Estado manifiesta su apoyo expreso a la argumentación esgrimida por el Gobierno de Canarias ante la Unión Europea para limitar la compra de vivienda a extranjeros no residentes. Han aceptado “la gran mayoría de nuestras propuestas al Plan Estatal de Vivienda", en la línea de "la defensa que estamos realizando ante la Unión Europea para proteger el derecho a la vivienda de todos los canarios y canarias y limitar la compra de esta a extranjeros no residentes”, trasladó el consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, tras un encuentro en el Ministerio del área.
Pablo Rodríguez y el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, estuvieron en Madrid este jueves con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien según el ejecutivo canario, ha dado luz verde al 80% de las propuestas planteadas por Canarias al Plan Estatal de Vivienda.
El Gobierno de Canarias, en un comunicado, destacó que el auge del alquiler vacacional de corta duración, está tensionando los precios, reduciendo la oferta destinada a residencia habitual y comprometiendo la sostenibilidad social del territorio.
Una regulación que choca con la libre circulación de personas y capitales en la UE
La propuesta de Canarias se enmarca en un debate complejo en la Unión Europea, donde rige la libre circulación de capitales y el principio de no discriminación por razón de nacionalidad o residencia. La regla general en la UE es que los ciudadanos comunitarios tienen derecho a adquirir vivienda en otros Estados miembros en condiciones similares a las de los nacionales.
Así lo han recordado distintas respuestas e informes en debates recientes sobre Baleares, donde las instituciones europeas han señalado que no se pueden establecer prohibiciones generales a la venta de viviendas a no residentes comunitarios, al entrar en conflicto con la libre circulación de personas y capitales.
Restricciones que sí han salido adelante en Dinamarca, Malta o Finlandia
Existen, sin embargo, precedentes de excepciones muy acotadas recogidas en protocolos anexos a los tratados, como el caso de Dinamarca, Malta o las islas Åland en Finlandia, que permiten mantener ciertas restricciones a la adquisición de segundas residencias para proteger territorios especialmente sensibles. Estos regímenes de excepción se basan en acuerdos específicos de alto nivel y no en decisiones unilaterales de un Estado o región.
Desde una perspectiva jurídica una limitación como la planteada desde Canarias tendría que diferenciar cuidadosamente entre ciudadanos de la UE y de terceros países, justificar su necesidad con datos reales sobre presión inmobiliaria y falta de vivienda asequible, y articularse con medidas menos restrictivas (fiscales, urbanísticas o de vivienda pública) para poder superar el escrutinio comunitario.
"El respaldo del Ministerio confirma que nuestra propuesta es viable"
Durante el encuentro en el Ministerio, también participaron el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas Parrón, y el director general de Vivienda y Suelo, Francisco Javier Martín. Según el Ejecutivo autonómico, el Gobierno de España trasladó su respaldo a la iniciativa canaria y a la posición que se está defendiendo ante la Unión Europea para limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes.
En esta línea, Rodríguez subrayó que "solo en los últimos años, un tercio de las compraventas en Canarias han sido realizadas por extranjeros no residentes. En un mercado con la oferta limitada y demanda creciente, esto impacta directamente que los canarios puedan desarrollar su proyecto de vida y encontrar un hogar digno". A su juicio, "este respaldo confirma que nuestra propuesta es viable y necesaria para proteger el derecho a la vivienda de los residentes en Canarias, reforzando el papel de las regiones ultraperiféricas en la planificación de políticas de vivienda".
El Gobierno de Canarias ya había expuesto la pasada semana esta preocupación ante la Comisión de Islas de la Unión Europea, celebrada en Barcelona, donde reclamó una estrategia más definida por parte de las instituciones comunitarias en materia de vivienda en territorios insulares. En ese foro, el Ejecutivo defendió la necesidad de un enfoque normativo adaptado que permita proteger el acceso a la vivienda para la población local, reducir la vulnerabilidad de trabajadores y familias y garantizar un equilibrio entre actividad económica, cohesión social y derecho a la vivienda en el Archipiélago.
Alegaciones de Canarias al Plan Estatal de Vivienda
En paralelo al debate europeo, el consejero y el director del Instituto Canario de la Vivienda trasladaron al Ministerio un paquete de alegaciones para adaptar el Plan Estatal de Vivienda a la realidad canaria. Antonio Ortega precisó que "el Ministerio ha atendido el 80% de las propuestas que hemos planteado al Plan Estatal de Vivienda. Ahora corresponde perfilar cómo quedará cada actuación. En cuanto a los criterios de reparto, el Ministerio nos ha pedido que volvamos a plantearlos en la próxima Conferencia Sectorial, donde las comunidades autónomas podrán emitir su voto".
Entre las propuestas remitidas por Canarias en octubre de 2025 figura la actualización de los criterios de reparto de fondos, que actualmente se basan en parámetros de 1991, con el objetivo de que reflejen la realidad socioeconómica actual y los sobrecostes asociados a la construcción y al desarrollo de vivienda en las islas, derivados de la insularidad, la dispersión territorial y la logística. El documento plantea también revisar los umbrales de ingresos para acceder a vivienda pública o ayudas, de manera que se ajusten mejor a la situación de los hogares canarios que presentan mayor vulnerabilidad.
Otra de las líneas planteadas es que los costes de gestión y administración se financien dentro del propio plan estatal, garantizando recursos para personal, tramitación y seguimiento de las ayudas. Asimismo, se propone incorporar medidas específicas para abordar la morosidad en los alquileres, con el fin de ofrecer mayor seguridad jurídica a los propietarios y favorecer que mantengan o amplíen la oferta de vivienda en alquiler de larga duración.
Con este conjunto de aportaciones, el Ejecutivo autonómico busca que el Plan Estatal de Vivienda "no sea una receta uniforme", sino un marco más flexible y sensible a las particularidades de las regiones ultraperiféricas. El respaldo expresado por el Ministerio, según el Gobierno de Canarias, refuerza la intención de traducir estas propuestas en actuaciones concretas en las islas, con más vivienda pública asequible, políticas adaptadas al territorio y medidas orientadas a garantizar el derecho a una vivienda digna para la población residente.