Blas Acosta prefiere ceder al Estado los puertos de Morro Jable y Corralejo

Blas Acosta atribuye a la falta de inversiones en el puerto de Puerto del Rosario un incremento de hasta el 78% en los costes de determinadas mercancías y sostiene que el Gobierno de Canarias debe relevar a la actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

El PSOE de Fuerteventura reclama el relevo de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, y rechaza la propuesta de crear una nueva autoridad portuaria para los puertos de Arrecife y Puerto del Rosario.

El secretario general de los socialistas majoreros, Blas Acosta, sostiene que el problema de Fuerteventura no reside en la estructura administrativa, sino en la gestión del organismo portuario, al que atribuye el retraso de actuaciones clave para la isla.

El pronunciamiento responde al debate abierto en las últimas semanas sobre la posibilidad de segregar los puertos de Arrecife y Puerto del Rosario de la Autoridad Portuaria de Las Palmas para constituir un nuevo organismo estatal, una propuesta planteada desde el sector empresarial de Lanzarote como alternativa para agilizar las inversiones portuarias, y que ha defendido también Mario Cabrera, secretario insular de AM-CC.

"Dejen de inventar y resuelvan", afirma Acosta, quien sostiene que "la Presidencia portuaria la propone directamente el Gobierno de Canarias, que decidió usar el mayor motor industrial de la provincia como trampolín político para una aspirante a alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria que ni siquiera ha logrado ser candidata".

El dirigente socialista asegura que las consecuencias de esa gestión repercuten directamente sobre la economía majorera. "Las consecuencias nefastas de esta decisión las sufrimos las empresas y familias de Fuerteventura, que estamos pagando hasta un 78 por ciento más por los costes del transporte de las mercancías".

Según el PSOE, ese incremento se debe a que la Autoridad Portuaria no ha licitado la reforma del Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) ni las instalaciones Schengen del puerto de Puerto del Rosario, actuaciones que considera imprescindibles para mejorar la operativa de determinadas mercancías.

Rechazo a una nueva autoridad portuaria

Acosta considera que crear una nueva autoridad portuaria para Lanzarote y Fuerteventura "es un absurdo operativo". Recuerda que España cuenta con 28 autoridades portuarias para gestionar 46 puertos de interés general y afirma que la propuesta responde a "una vieja aspiración -o amago de amenaza para lograr otros objetivos- del empresariado lanzaroteño". A su juicio, el problema persistiría mientras no cambie la dirección del actual organismo.

"Ese problema lo ha creado el Gobierno Clavijo al proponer a Beatriz Calzada como presidenta y es el único que puede proponer al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible su relevo por otra persona", sostiene el secretario general socialista.

Propone transferir Morro Jable y Corralejo a Puertos del Estado

Como alternativa, el PSOE plantea que el Gobierno de Canarias estudie ceder la gestión de los puertos de Morro Jable y Corralejo, actualmente dependientes de Puertos Canarios, a Puertos del Estado.

"Puestos a inventar en lugar de solucionar, el Gobierno de Canarias podría plantearse ceder a Puertos del Estado la gestión de Morro Jable y Corralejo", afirma Acosta. Según explica, esta medida permitiría que "las dos principales vías de conexión marítima de Fuerteventura con Gran Canaria y Lanzarote tengan la inversión que merecen, que necesitan y que generan, en lugar de repartir ese beneficio majorero en los puertos de la otra provincia".

Mismos problemas, explicaciones distintas

La cifra del 78% ya había aparecido en el debate político de las últimas semanas, aunque vinculada a una causa diferente. Asamblea Majorera-Coalición Canaria atribuyó ese incremento de costes a la desaparición de la línea marítima directa entre Puerto del Rosario y Cádiz y reclamó al Ministerio de Transportes que reincorpore la escala majorera a la Obligación de Servicio Público, al considerar que el desvío de mercancías hacia otros puertos obliga a realizar escalas adicionales y encarece el transporte. 

El PP de Fuerteventura también se ha pronunciado al respecto, reclamando recientemente al Estado que declare esa línea como Obligación de Servicio Público. En su caso, los populares hacen su petición al Cabildo Insular, para que encabece un frente institucional para recuperar la escala, al considerar que su pérdida elevará los costes logísticos y obligará a transportar mercancías a través de otras islas

El PSOE, por el contrario, sostiene que el origen del sobrecoste está en las carencias del puerto de Puerto del Rosario y en la falta de ejecución de infraestructuras clave como el PIF, bajo la responsabilidad de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Ambas formaciones coinciden en el dato económico, pero discrepan sobre su origen y sobre la administración responsable de resolver el problema.

Competencias repartidas entre Canarias y el Estado

El debate enfrenta además a distintas administraciones. La presidencia de la Autoridad Portuaria de Las Palmas es propuesta por el Gobierno de Canarias, mientras que el organismo forma parte del sistema portuario estatal y depende de Puertos del Estado, órgano dependiente del gobierno central que encabeza el propio PSOE de Pedro Sánchez. Al mismo tiempo, la declaración de una Obligación de Servicio Público para la línea marítima entre Cádiz y Puerto del Rosario corresponde también al Ministerio de Transportes del Gobierno de España.

En el cruce de reclamaciones y atribuciones, el PSOE centra sus críticas en el Gobierno de Canarias por el nombramiento y la gestión de la Autoridad Portuaria, mientras que Coalición Canaria y el Partido Popular han dirigido sus principales reclamaciones al Ejecutivo central para recuperar la conexión marítima con Cádiz mediante una Obligación de Servicio Público.