El Gobierno recula con el decreto para agilizar licencias: se tramitará como proyecto de Ley

Lo habían adelantado este lunes en la Comisión de Cabildos dos diputadas de los partidos del Gobierno, Socorro Beato (CCa) y Luz reverón (PP), y lo refrendó el Parlamento de Canarias en el pleno de este martes, con la votación unánime de todos los grupos para tramitar finalmente como proyecto de Ley, por la vía urgente, el polémico decreto ley 3/2025.

Las dudas que ha generado esta nueva regulación -la oposición parlamentaria ha denunciado que abre a la puerta a la privatización de las oficinas municipales de urbanismo-, ha llevado finalmente el ejecutivo canario a abrir el documento a las modifcaciones que puedan consensuar los partidos de la cámara regional. 

El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, anunció el cambio de trámite en el pleno, y lo apoyó la mayoría de la cámara, aunque la oposición rechazó en primer lugar convalidar el decreto.

Tanto en el pleno como en la Comisión de este lunes, como en el propio pleno de la cámara, todos los partidos coinciden en apoyar el fondo de la norma, agilizar la tramitación de licencias con vistas a incrementar la promoción de vivienda en las islas.

Aunque los partidos que apoyan al Gobierno (CC, PP, ASG y AHI), confrontaron los ataques a la medida por parte de la oposición (PSOE, NC-BC y Vox) especialmente en cuanto a la opción contemplada en el decreto inicial, habilitando a entidades externas a la administración a emitir informes urbanísticos dentro del trámite de licencias en los ayuntamientos de Canarias. 

Los polémicos Informes externos en las licencias urbanísticas 

Al respecto, dijo Miranda que la medida "no supone en ningún caso la privatización de las oficinas técnicas municipales", sino que sería "una herramienta completamente voluntaria, respetando el principio de autonomía local". 

¿Cómo? Explicó que "incorporando al procedimiento de concesión informes técnicos elaborados por colegios profesionales, medios propios personificados o entidades urbanísticas de colaboración debidamente acreditada. Se trata de una medida que pretende dar otro impulso a la construcción de vivienda, por un lado, agilizando la tramitación de los procedimientos administrativos", y por otro, "aliviando la carga de trabajo de las oficinas técnicas municipales que pueden designar recursos a otras prioridades".

 

Lo que pretenden es "mercantilizar y sustituir la función pública"

Patricia Hernández (PSOE)

El día anterior, la diputada del PSOE Patricia Hernández expuso un punto razonable, en cuanto a los informes que cada ayuntamiento pueda encargar a entidades o profesionales externos.  

Hernández puso en duda que la norma pudiera “sustituir el informe técnico”, al poder elaborarse elaborado de manera externa. Relató que si bien la nueva regulación admitiría que los ayuntamientos pudieron externalizar informes a medios propios (como podría ser Gesplan u otra empresa pública), o a los colegios profesionales (como por ejemplo el de los arquitectos), en cuanto a las llamadas "entidades colaboradoras", dijo Hernández, "podría ser cualquiera que se registre como tal".

De este modo, la diputada socialista rechazó que la nueva normativa permita a profesionales o entidaes externas a la administración emitir informes “sin que lo tenga que ratificar un funcionario que pasó una oposición, y a quien se le presupone imparcialidad”.

En el pleno, Hernández fue aún más dura, al acusar al ejecutivo canario de "una deriva privatizadora", al "mercantilizar el acceso a la función pública y la supervisión urbanística". En esta normativa, subrayó, "no se trata de una colaboración puntual, no es cierto", sino de "una sustitución, sin garantía suficiente de imparcialidad, sin responsabilidad administrativa directa, y con el riesgo evidente de conflicto de intereses".

Djio que el Gobierno de Canarias "regula, en lugar de reforzar la capacidad técnica de los ayuntamientos", y que "este decreto ley propone sustituirlos. Es mentira que sea para las viviendas porque, para el Siam Park de Gran Canaria, también lo es", expuso en alusión al hecho de que, si bien agilizar el trámite de licencias favorecería la construcción de viviendas, también se podría utilizar para cualquier proyecto. 

Incluso la diputada del PP, Luz Reverón, refrendó estas dudas en el pleno, al cuestionar si esos informes serían "preceptivos" o "vinculantes". "Esa es la pregunta que se hacen todos los funcionarios y técnicos municipales", y que han planteado también los cabildos insulares en la Comisión. 

NC-BC: Favorecer el "negocio de la vivienda".

Desde Nueva Canarias - Bloque Canarista, Carmen Hernández habló de que el Gobierno de Canarias utiliza la crisis habitacional para favorecer el "negocio de la vivienda". La diputada de Vox, Paula Jover, se alineó con las reservas contenidas en dos informes anexos al decreto, el del Consejo Consultivo de Canarias y el del Consejo Municipal de Canarias. 

Socorro Beato (Coalición Canaria), defendió no obstante que, a pesar del cambio en el trámite de un decreto que, de no haberse producido, estaría ya aprobado tal y como llegó a la cámara regional, los ayuntamientos a través de la FECAM, y el Consejo Municipal de Canarias, "han realizado sus aportaciones previas, y se han tenido en cuenta".. 

"A esto se refiera la colaboración - público privada"

El diputado de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Raú Acosta, ofreció como en anteriores ocasiones una lectura taimada, y arrojó luz sobre las dudas planteadas.

Si bien admitió que "la externalización de informes constituye una novedosa medida", debe ser "recibida en el ordenamiento jurídico con cautela, dada la afectación de los principios del procedimiento administrativo común y para asegurar la íntegra defensa del interés general".

Aludiendo a los informes que acompañan a la norma, Acosta señaló que "se constata que la reforma que introduce el decreto legislativo se limita exclusivamente al trámite de informe técnico preceptivo. Preceptivo en el procedimiento de otorgamiento de la ciencia, sin referirse, y esto es lo importante, a otras fases posteriores del mismo, que conducirá a la resolución final", y que subrayó, "por supuesto, tampoco pretende externalizarse".

Sobre lo dicho en algunos medios, y que en el debate "se ha obviado deliberadamente del informe del Consejo Consultivo, creo que esta es una de las partes más importantes. Aquí no estamos hablando de que la resolución final del acto administrativo de la concesión de la licencia se le está dando a un tercero ajena a la administración aquí. Lo que se está hablando es que se agiliza parte de ese procedimiento administrativos los actos de trámite para que esa licencia se pueda conseguir. De eso es de lo que estamos hablando. A eso se refiere la colaboración público privada".

Sus señorías coincidieron en la necesidad de promover la vivienda en Canarias, pero no se pusieron de acuerdo, a lo largo del debate, en cúanto tardan los ayuntamientos de las islas en conceder una licencia urbanística a los vecinos y vecinas que piden permiso para constuirse una vivienda. Se habló de hasta cinco años de espera; el consejero Miranda dijo que la media en Canarias es de dos años y medio, mientras que Luz Reverón habló de ayuntamientos que, habitualmente, emiten sus informes en un plazo de entre cuatro y ocho meses.