Aprobada la Ley de Municipios Turísticos con herramientas frente a la presión demográfica
Este nuevo marco legal es específico para los municipios que cuentan con una población turística y flotante que en ocasiones llega a superar a la empadronada, creando categorías como las de Excelencia y Singularidad Turística
La iniciativa de los 13 ayuntamientos turísticos del Archipiélago, entre ellos Pájara, La Oliva y Antigua, se aprobó finalmente este miércoles en el Parlamento de Canarias. La Ley salió adelante por unanimidad con la excepción de Vox, que se abstuvo.
El Parlamento de Canarias aprobó este miércoles, día 8, la Ley de Municipios Turísticos de Canarias, una norma que reconoce por primera vez un régimen jurídico específico para los municipios cuya actividad está marcada por la afluencia de visitantes y la prestación de servicios públicos a una población real muy superior a la empadronada.
La ley salió adelante con 63 votos a favor y 3 abstenciones, correspondientes a Vox, y culmina el camino iniciado por una iniciativa legislativa municipal impulsada inicialmente por 13 ayuntamientos turísticos del Archipiélago. Entre ellos figuran Pájara, La Oliva y Antigua, los tres municipios de Fuerteventura llamados a beneficiarse de este nuevo marco legal.
La norma establece los requisitos para obtener o perder la condición de municipio turístico, regula los derechos y obligaciones derivados de esa declaración y abre la puerta a reforzar la organización administrativa municipal para atender mejor la presión que genera la población flotante vinculada al turismo, al recoger su preámbulo como la norma pretende "resolver los inconvenientes que la actividad turística puede crear sin una adecuada previsión legal."
"La finalidad esencial de esta ley es promover la calidad en la prestación de los servicios públicos al conjunto de la población empadronada y la población turística, el desarrollo turístico de los municipios declarados municipios turísticos de Canarias".
- Ley de Municipios Turísticos de Canarias
Según la nota difundida por el Parlamento de Canarias, la ley tiene como objetivo reconocer las singularidades de estos municipios, cuya actividad está "especialmente condicionada por la afluencia de visitantes", y mejorar la prestación de servicios a residentes y turistas.
Una iniciativa inédita en Canarias
La aprobación culmina una tramitación iniciada en diciembre de 2024, cuando el Parlamento tomó en consideración por primera vez en su historia una proposición de ley promovida por un grupo de ayuntamientos del Archipiélago.
La iniciativa partió de San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Arona, Adeje, Guía de Isora, Puerto de la Cruz, Santiago del Teide, Teguise, Yaiza, Tías, Pájara, La Oliva y Antigua. Posteriormente, el texto fue asumido por la Federación Canaria de Municipios.
En aquel debate inicial, la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, calificó la propuesta como "un hito en la historia de la Cámara canaria" y destacó que alcaldes de distintos municipios y formaciones políticas se hubieran unido para un objetivo común.
Dos categorías: excelencia y singularidad
La ley crea dos categorías: Municipio Turístico de Excelencia de Canarias y Municipio Turístico de Singularidad de Canarias.
Para acceder a la categoría de excelencia, los municipios deberán acreditar el cumplimiento de determinados indicadores vinculados a la población turística anual, las plazas de alojamiento y el peso del turismo en la economía local. Entre los criterios figuran que la población turística anual multiplique varias veces a la empadronada, contar con un mínimo de plazas alojativas o disponer de una oferta significativa de establecimientos de alta categoría.
En el caso de la singularidad, la norma prevé el reconocimiento de municipios que acrediten recursos turísticos singulares y un peso relevante del turismo en su economía local.
El texto incorpora además un régimen específico para las llamadas islas verdes —La Palma, La Gomera y El Hierro— y para municipios de reto demográfico, con umbrales adaptados a su menor dimensión poblacional y alojativa.
Servicios públicos, presión turística y población real
El fondo de la ley es la diferencia entre la población empadronada y la población real que deben atender los ayuntamientos turísticos. Esta situación afecta a servicios como limpieza, residuos, seguridad, transporte, playas, información turística, mantenimiento de espacios públicos, movilidad o gestión ambiental.
La norma no supone por sí sola la creación de un fondo económico específico, pero sí establece un marco legal para reconocer oficialmente esa presión y facilitar futuras medidas de planificación, organización y financiación adaptadas a la realidad de estos municipios.
En Fuerteventura, la ley afecta directamente a Pájara, La Oliva y Antigua, municipios con una actividad turística consolidada y con núcleos donde la población visitante condiciona la prestación de servicios municipales durante buena parte del año.
El debate sobre los municipios colindantes
Durante la tramitación inicial, el diputado majorero Mario Cabrera apoyó la iniciativa, aunque pidió tener en cuenta también a los municipios colindantes, afectados de forma indirecta por la presión turística.
"Muchas personas que ya no pueden permitirse vivir en los municipios turísticos, pero trabajan en ellos, se han tenido que trasladar a otros municipios por cuestiones como el encarecimiento o la falta de vivienda", advirtió entonces Cabrera.
El parlamentario señaló que ese "efecto cascada" se refleja también en la demanda de transporte, centros educativos, recursos sanitarios y gestión del agua, con especial incidencia en islas como Fuerteventura y Lanzarote.
Aprobada también la Ley Canaria de la Ciencia
En la misma sesión plenaria, el Parlamento de Canarias aprobó también la nueva Ley Canaria de la Ciencia, que actualiza un marco normativo vigente desde hace 25 años y adapta la regulación a los retos actuales de la investigación, la innovación y la transferencia del conocimiento en el Archipiélago.