El Parlamento de Canarias renueva la Ley de Cabildos para reforzar el autogobierno insular
La reforma adapta el régimen jurídico de las corporaciones insulares al Estatuto de Autonomía de 2018, moderniza su organización y pretende agilizar la gestión de competencias transferidas o delegadas.El Parlamento aprobó la actualización de la Ley de Cabildos con un amplio respaldo y el único rechazo de Vox
El Parlamento de Canarias aprobó este miércoles, 10 de junio, la reforma de la Ley de Cabildos Insulares, una actualización normativa que adapta el régimen jurídico de estas instituciones al Estatuto de Autonomía de 2018 y refuerza su papel dentro del sistema de autogobierno del Archipiélago.
La norma salió adelante por mayoría absoluta, con un amplio respaldo de la Cámara y el apoyo de la Federación Canaria de Islas (Fecai). Durante la sesión estuvo presente la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García.
La reforma busca modernizar la organización y el funcionamiento de los cabildos, clarificar sus competencias y facilitar una gestión más eficaz de las funciones transferidas o delegadas. En la práctica, la ley pretende ordenar mejor la relación entre el Gobierno de Canarias y las corporaciones insulares, que tienen una doble condición: instituciones de la comunidad autónoma y administraciones propias de cada isla.
Según la información difundida por el Parlamento, la nueva norma permitirá a los cabildos desarrollar con mayor eficacia sus competencias, reforzando la capacidad de decisión de cada isla y consolidando su papel en la vertebración territorial y en la prestación de servicios públicos a la ciudadanía.
La reforma tiene una dimensión técnica, por la actualización del marco jurídico, pero también política, al reforzar el peso institucional de los cabildos dentro del modelo autonómico canario. Los grupos que respaldaron el texto coincidieron durante el debate en señalar que se trata de una de las reformas legislativas más relevantes de la legislatura por su incidencia directa en el modelo de gobernanza territorial.
El apoyo parlamentario fue mayoritario, con votos favorables de PSOE, Coalición Canaria, Partido Popular, Nueva Canarias-Bloque Canarista, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente, mientras que Vox rechazó la reforma.
Entre los argumentos defendidos por los grupos favorables estuvo la necesidad de adaptar Canarias a su realidad territorial, reducir burocracia, reforzar la seguridad jurídica y reconocer el papel de los cabildos como instituciones singulares en el Archipiélago.
La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, valoró la aprobación de esta reforma como "un paso decisivo para dotar a los cabildos de herramientas más eficaces para responder a las necesidades de la ciudadanía".
Pérez destacó también el consenso alcanzado durante la tramitación parlamentaria. "El respaldo mayoritario a esta ley demuestra la capacidad de las instituciones canarias para alcanzar acuerdos en asuntos estratégicos para el presente y el futuro del Archipiélago", señaló.
La aplicación práctica de la ley determinará ahora hasta qué punto esta reforma se traduce en una administración más ágil, con un reparto competencial más claro y una mayor capacidad de respuesta desde cada isla.
Qué novedades trae la Ley de Cabildos
La reforma actualiza la normativa de cabildos para adecuarla al Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018, que reforzó el papel institucional de las islas dentro del autogobierno canario.
El objetivo principal es clarificar competencias, dar más seguridad jurídica y reducir trámites administrativos, especialmente en aquellas materias que los cabildos ejercen por transferencia o delegación.
Para la ciudadanía, el efecto esperado es una gestión pública más cercana y con menos incertidumbre sobre qué administración debe actuar en cada caso. Su impacto real dependerá de cómo se aplique la ley en cada cabildo y en la relación con el Gobierno de Canarias.
Un debate sobre el peso político de las islas
La reforma fue defendida por la mayoría de los grupos como una vía para actualizar el autogobierno canario y reforzar la autonomía insular, mientras que Vox rechazó el texto al considerar que aumenta el poder político de los cabildos.
Durante el debate, el Partido Popular insistió en la necesidad de avanzar en la "simplificación administrativa" y evitar "burocracia innecesaria". Desde ASG y otros grupos se subrayó el carácter singular de los cabildos y su papel en la cohesión territorial del Archipiélago.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en declaraciones a los medios de las islas, defendió que la norma supone "una modernización profunda" y reconoce que los cabildos no son "administraciones de segunda".