El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó también otros acuerdos de alcance social, sanitario, universitario y de emergencias, entre ellos la reforma del sistema de prestaciones de dependencia, el inicio de la futura Agencia Canaria de Emergencias, el nuevo Plan de Salud 2026-2031, la prórroga de la atención especializada en el sur de Gran Canaria y la actualización de la normativa sobre titulaciones universitarias.
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes, 9 de marzo, el nuevo decreto que regula el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias y el régimen de adjudicación de viviendas de promoción pública, introduciendo un cambio de fondo en el sistema: desaparece el sorteo y se implanta un modelo de baremación objetiva.
Según informó el Ejecutivo autonómico, el nuevo sistema adjudicará las viviendas en función de criterios verificables vinculados a la situación económica, social y familiar de cada unidad de convivencia, con el objetivo de reforzar la equidad, la transparencia y la seguridad jurídica en el acceso al parque público.
La norma incorpora además un endurecimiento de los requisitos de arraigo y residencia. Para poder resultar adjudicataria de una vivienda protegida de promoción pública será necesario ser mayor de edad o menor emancipado, estar inscrito en el registro y acreditar una residencia en Canarias de al menos doce años ininterrumpidos, o quince años en caso de residencia discontinua.
Asimismo, se exigirá haber residido o trabajado de forma ininterrumpida durante un mínimo de cinco años en el municipio donde se ubique la promoción, antes de la publicación del procedimiento de adjudicación. Esta condición no se aplicará a las víctimas de violencia de género cuando la situación sufrida les haya impedido permanecer en su municipio habitual, circunstancia que deberá acreditarse conforme a la legislación estatal.
Otra de las novedades es la simplificación del proceso de inscripción en el Registro de Demandantes. El sistema elimina la cita previa y la comparecencia presencial, que serán sustituidas por un formulario telemático y una declaración responsable de la persona solicitante sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos.
El decreto también consolida y amplía los cupos de reserva para colectivos prioritarios. Así, se establece una reserva mínima del 10% para personas con limitaciones funcionales graves o totales en movilidad o comunicación, del 20% para jóvenes de hasta 35 años, del 10% para personas de 65 o más años y del 8% para víctimas de violencia de género. En el caso de las personas emigrantes retornadas, el cupo podrá alcanzar hasta un 1%.
Con esta actualización, el Gobierno de Canarias sostiene que refuerza el carácter social del sistema público de vivienda y prioriza el acceso de quienes acreditan una mayor vinculación con el territorio y mayores necesidades sociales.
Emergencias, Dependencia, Universidades: Más acuerdos del Consejo de Gobierno
Canarias crea el grado III+ en dependencia y regula por primera vez la asistencia personal
El Consejo de Gobierno aprobó también una modificación normativa que completa el sistema de prestaciones de dependencia en Canarias. Entre las novedades figura la creación del grado III+ para casos de dependencia extrema con apoyos intensivos en el domicilio, especialmente pensado para perfiles como personas en situación terminal afectadas por ELA. Además, el decreto regula por primera vez en Canarias la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP) y permite compatibilizar determinadas ayudas, de modo que una familia pueda, por ejemplo, combinar el Servicio de Ayuda a Domicilio con una prestación para asistencia personal. Las cuantías máximas de esta última quedan fijadas en 900 euros para Grado III, 577,25 euros para Grado II y 436 euros para Grado I.
El Gobierno inicia la tramitación de la futura Agencia Canaria de Emergencias
El Ejecutivo autonómico dio además luz verde al informe de objetivos y oportunidad que abre la tramitación del proyecto de ley para crear la Agencia Canaria de Emergencias y Protección Civil. El organismo, respaldado por un acuerdo parlamentario de noviembre de 2024, busca centralizar recursos humanos y materiales y mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo. Según el Gobierno, la futura agencia tendrá autonomía propia, elaborará normas y reglamentos en esta materia, actualizará los planes territoriales de protección civil y coordinará la actuación con administraciones y entidades públicas y privadas. Como paso previo, ya se ha iniciado el traslado de alrededor de un centenar de trabajadores vinculados a emergencias desde GSC a Gesplan.
Canarias aprueba su Plan de Salud 2026-2031 con 49 líneas prioritarias
Otro de los acuerdos del Consejo de Gobierno fue la aprobación del Plan de Salud de Canarias 2026-2031, el documento estratégico que marcará las prioridades sanitarias del Archipiélago en los próximos seis años. El texto se estructura en cinco bloques temáticos, con 49 líneas prioritarias, 147 objetivos específicos y 280 indicadores de evaluación. Entre sus dos grandes ejes figuran la estrategia de “Salud en Todas las Políticas”, orientada a la colaboración entre ámbitos institucionales, y la mejora de los resultados en salud, centrada en los problemas con mayor impacto poblacional y en el coste-efectividad de las intervenciones.
Sanidad prorroga con 16,7 millones la atención especializada en el sur de Gran Canaria
El Consejo de Gobierno autorizó igualmente la primera prórroga del contrato para la prestación de asistencia sanitaria especializada a pacientes del sur y sureste de Gran Canaria, por un importe de 16,74 millones de euros. La medida da continuidad al servicio en las zonas básicas de salud de Maspalomas, Mogán, Tirajana y Vecindario, con vigencia entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027. Según el Ejecutivo, esta prórroga permitirá mantener una atención cercana a la población de estos municipios y contribuirá a descongestionar el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.
Universidades actualiza la norma para implantar titulaciones y reducir burocracia
En materia universitaria, el Gobierno tomó en consideración el proyecto de decreto que actualizará la normativa autonómica sobre implantación de titulaciones universitarias oficiales y solicitó el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo. La nueva norma sustituirá al Decreto 168/2008 para adaptarse al marco estatal vigente y, según la Consejería de Universidades, permitirá simplificar trámites y reducir cargas burocráticas. El texto prevé un sistema más ágil para emitir el informe sobre necesidad y viabilidad académica y social de las titulaciones (INVAS), fijando además un plazo máximo para su resolución.
