El Parlamento de Canarias respaldó en pleno extraordinario la comunicación presentada por el Gobierno autonómico para defender el estatus de Canarias como Región Ultraperiférica (RUP) ante la negociación del nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea 2027-2034.
La iniciativa contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios (CC, PP, AHI, ASG, PSOE, NC y Vox), otorgando un amplio consenso político a la posición que el Ejecutivo canario trasladará a las instituciones europeas y al Estado.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, defendió que las nuevas prioridades de la Unión Europea, en un contexto internacional marcado por la inestabilidad, “no pueden poner en riesgo el estatus RUP”, especialmente si se avanza hacia un modelo en el que la gestión de los fondos se concentre exclusivamente en los Estados.
Según advirtió en un comunicado del ejecutivo, este cambio supondría una pérdida de garantías y un retroceso en los principios de igualdad y cohesión que sustentan el proyecto europeo.
Durante su intervención, Clavijo subrayó que “en tiempos complicados como los actuales, la Europa de las regiones tiene mayor sentido que nunca”, y alertó de que el nuevo marco financiero podría debilitar ese papel si no se preservan las singularidades con las que Canarias accedió a la Unión Europea.
Miles de millones en juego con la RUP de Canarias en Europa
La comunicación respaldada por la Cámara autonómica fija como una de sus prioridades la defensa de los fondos específicos para las regiones ultraperiféricas, considerados esenciales para el sostenimiento del sector primario. En este ámbito, el Gobierno de Canarias plantea duplicar la dotación del POSEI hasta los 3.752 millones de euros para compensar el incremento de costes acumulado desde 2013, aumentar la partida destinada a la pesca de 88 a 101 millones de euros y elevar la financiación per cápita del FEDER y del Fondo Social Europeo, lo que supondría al menos 773 millones de euros adicionales.
El documento también reclama que el futuro marco financiero mantenga de forma expresa las adaptaciones en materia de cofinanciación, elegibilidad de inversiones y financiación de servicios públicos esenciales, además de incorporar mecanismos de flexibilidad que permitan compensar los sobrecostes estructurales derivados de la lejanía y la insularidad.
Asimismo, el Ejecutivo autonómico solicita un refuerzo de las disposiciones específicas para las RUP en los reglamentos europeos, una mayor atención a la realidad migratoria de Canarias como frontera sur de Europa y el reconocimiento de la dimensión ultraperiférica en la acción exterior y en los programas de cooperación territorial, entre ellos el Interreg MAC, que comparten Canarias, Madeira y Azores.
Frente común de España, Francia y Portugal para defender las RUP
En el plano político, Fernando Clavijo defendió la necesidad de articular un frente común entre España, Francia y Portugal en el seno del Consejo Europeo, cuya reunión está prevista para marzo, con el objetivo de influir de forma decisiva en la negociación del nuevo marco presupuestario. Según trasladó, los tres países mantienen una posición alineada en defensa de las regiones ultraperiféricas, con el respaldo expresado por el presidente del Gobierno de España.
El Ejecutivo canario advierte de que la propuesta presupuestaria actualmente sobre la mesa diluye las partidas específicas para las RUP dentro de la financiación estatal, poniendo en riesgo un estatus singular valorado en unos 4.000 millones de euros. De materializarse, este cambio afectaría al POSEI en el marco de la Política Agraria Común, a las compensaciones de la política pesquera, a las dotaciones adicionales del FEDER y del Fondo Social Europeo, así como a adaptaciones normativas clave para financiar servicios públicos esenciales, transporte, conectividad y sanidad.
Canarias cuenta con un reconocimiento específico como región ultraperiférica en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al igual que otros territorios como Azores, Madeira o varios departamentos franceses de ultramar. Este marco jurídico permite la aplicación de medidas diferenciadas para compensar las desventajas estructurales derivadas de su condición geográfica.
