El concierto social impulsado por el Cabildo de Fuerteventura para la gestión del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal, cuyo cometido final es atender a personas en situación de dependencia en la isla majorera, ha sido noticia esta semana por la denuncia de irregularidades en la adjudicación que han dado a conocer tres colectivos sociales.
Según han expuesto públicamente AFFA, ACUFADE y ODESOCAN, la Asociación Solidaria Mundo Nuevo que resultó adjudicataria "no está acreditada" para prestar este servicio, que se refiere específicamente a prestar apoyo a personas dependientes en su domicilio.
El Cabildo ha reaccionado defendiendo la legalidad del procedimiento, y todo apunta a que pese a las acusaciones de prevaricación por parte de estos tres colectivos, se trata más de una diferencia de criterios técnicos a la hora de dar por buenas las acreditaciones de las entidades que se presentaron, que de un caso de corrupción, como han dejado entrever los colectivos denunciantes.
De la resolución favorable de este Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SPAP), presupuestado en 1.722.000 euros, dependerá la atención a 120 personas en situación de dependencia.
El contencioso resolverá antes que los juzgados
ODESOCAN (Observatorio de Derechos Sociales de Canarias), ha anunciado una denuncia penal contra la Consejería de Servicios Sociales del Cabildo de Fuerteventura, que dirige Víctor Alonso (PSOE).
Sin embargo, desde la Asociación de Fuerteventura de Familias de Personas con Alzheimer y otras Demencias (AFFA), lo que han presentado desde el pasado martes, 12 de mayo, es un recurso contencioso-administrativo, solicitando medidas cautelarísimas para congelar el procedimiento hasta que el juzgado lo resuelva.
Así, en función del pronunciamiento que haga el juzgado correspondiente respecto a un procedimiento meramente administrativo, será posible conocer el alcance y la gravedad de las irregularidades denunciadas, si es que las hubiera, y en consecuencia, aventurar su alcance penal.
Según la documentación citada por las entidades denunciantes, la Dirección General de Dependencia del Gobierno de Canarias y la Jefatura de Servicios de Acreditaciones señalan que Mundo Nuevo figura registrada como "entidad colaboradora", pero "no está acreditada para el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal a domicilio".
También advirtieron de que "estar registrada como entidad colaboradora no equivale a estar acreditada para ese servicio concreto".
El tercer colectivo que ha participado en estas denuncias es ACUFADE, una entidad canaria especializada en el apoyo a personas mayores, dependientes y a sus familias.
El Cabildo de Fuerteventura defiende la legalidad de la adjudicación
El Cabildo de Fuerteventura rechaza todas las acusaciones y defiende la legalidad de la adjudicación. La institución insular mantiene que la entidad adjudicataria "cumple con todos los requisitos exigidos" y que el procedimiento se ha desarrollado conforme a la normativa vigente.
Según detalló la institución en un comunicado, una de las entidades participantes fue excluida por un "defecto insubsanable" en la presentación de la documentación administrativa. La otra, Mundo Nuevo, que resultó adjudicataria, se encuentra inscrita en el Registro de Entidades Colaboradoras de la Administración para la Prestación de Servicios Sociales de Canarias, condición que, en la interpretación de la corporación, "la habilita para prestar el servicio según la normativa vigente”.
La corporación insular también subraya que el servicio todavía no se ha empezado a prestar, por lo que el impacto directo sobre las familias sería, en este momento, potencial y no efectivo.
Según han detallado medios como Radio Insular, AFFA dio a conocer en una entrevista el pasado mes de abril que había quedado fuera del Concierto Social por un "defecto de forma", lo cual sitúa a este colectivo como una de las entidades que se presentaron para prestar el servicio, y concuerda con los defectos insubsanables que alegó el Cabildo.
El PP pide la comparecencia de la presidenta
Como reacción final en el ámbito político, el Partido Popular, desde la oposición en el Cabildo, ha registrado una solicitud de comparecencia de la presidenta del Cabildo, Lola García (CC), para que explique en el Pleno los hechos denunciados por AFFA, ACUFADE y ODESOCAN. También reclama acceso íntegro a los expedientes de Acción Social relacionados con este procedimiento.
El portavoz popular, Claudio Gutiérrez, señaló que "no podemos permitir que un servicio tan sensible como la atención a la dependencia genere dudas sobre su gestión. La presidenta debe informar al Pleno sobre estas presuntas irregularidades en la acreditación de las entidades, ya que está en juego el correcto funcionamiento de nuestra administración".
Los populares solicitan además "copias íntegras" de los informes y comunicaciones internas para comprobar si el Cabildo tuvo en cuenta las advertencias de la Administración canaria sobre la acreditación de la entidad adjudicataria o si se formularon reparos durante el procedimiento.
