La salida del pesquero Aali del puerto de Gran Tarajal está prevista para este jueves, 6 de agosto, después de que una vía de agua obligara a realizar labores de achique y activara los protocolos ante el riesgo de contaminación marina.
La embarcación permanece en el muelle comercial desde el pasado 24 de julio, cuando fue acompañada hasta Fuerteventura por Salvamento Marítimo tras ser localizada con una veintena de personas migrantes a bordo.
Ayer, "cuando estaban intentando arreglar una hélice, se les hizo una abertura y les estaba entrando agua. Había posibilidad de hundirse, pero no llegó a pasar", relató a Fuerteventura Digital el alcalde de Tuineje, David Herrera.
Según el alcalde, el agua acumulada en el interior no podía verterse directamente al mar porque estaba mezclada con aceites y otros productos contaminantes. Para poder vaciar la embarcación fue necesario trasladar al puerto depósitos especiales en los que almacenar el líquido extraído. Tras evitar el desastre, el alcalde aventuró la salida de la embarcación para este mismo jueves: "Se supone que hoy sale del puerto", dijo Herrera.
Prealerta ante el riesgo de contaminación
La vía de agua llevó a Puertos Canarios a comunicar la incidencia al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2. Posteriormente se activaron el Plan Interior Marítimo del puerto, el Plan Marítimo Nacional y el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Canarias, este último en situación de prealerta.
La activación de estos mecanismos respondió al riesgo de que se produjera un vertido. La retirada del pesquero había sido anunciada para este pasado martes por fuentes de la Dirección Insular de la Administración General del Estado, que indicaron que el armador se haría cargo de la operación. Sin embargo, la embarcación continuó atracada y el incidente obligó a aplazar nuevamente su salida.
En los momentos iniciales del suceso, la guardia Guardia Civil investigaba si se trataba de la embarcación sobre la que constaba una denuncia por sustracción en El Aaiún. Una vez localizado el armador, la retirada del pesquero corresponde al propietario en coordinación de los organismos estatales competentes y con la intervención de Puertos Canarios como gestor del recinto.
El PP exige responsabilid al Estado y recuerda las gabarras
El Partido Popular de Tuineje reclamó también este mismo jueves la retirada inmediata del Aali y acusó al Estado de trasladar al municipio problemas cuya solución corresponde a otras administraciones.
La portavoz municipal del PP, Esther Hernández, en un comunicado, sostuvo que la demora, la vía de agua y la activación de la prealerta demostraban que la permanencia del barco había generado un riesgo para el puerto y el litoral.
"Gran Tarajal no puede seguir asumiendo riesgos por la falta de respuesta del Estado. Ya sufrimos una grave catástrofe ambiental en 2018 y no vamos a permitir que la historia se repita", afirmó Hernández en un comunicado.
El Ayuntamiento pidió su traslado desde julio
El Ayuntamiento de Tuineje reclamó la retirada del barco desde el domingo 26 de julio, apenas dos días después de su llegada. David Herrera denunció entonces que la operación se había desarrollado sin comunicación oficial previa al Consistorio ni a Puertos Canarios.
El alcalde solicitó que el pesquero fuera remolcado hasta Puerto del Rosario, puerto integrado en la red estatal, al considerar que el muelle comercial de Gran Tarajal no disponía de un atraque adecuado para mantener una embarcación de estas características sin tripulación.
Herrera advirtió además sobre la presencia potencial de combustible, baterías y otros residuos a bordo y recordó el antecedente de las gabarras hundidas en 2018, que provocaron daños ambientales y mantuvieron durante meses las operaciones de reflotamiento y retirada.
La petición municipal atribuía al Estado la responsabilidad de la custodia y el traslado, al haber intervenido la Guardia Civil y Salvamento Marítimo en la localización y conducción del pesquero. No obstante, Gran Tarajal es un puerto autonómico gestionado por Puertos Canarios, por lo que la permanencia y seguridad de la embarcación dentro del recinto afectan también a la Administración canaria.
