La Policía Nacional ha detenido en Fuerteventura a dos personas en el marco de una operación contra dos entramados criminales vinculados, uno dedicado a la extorsión, y otro a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La operación tiene su origen en Valencia y se ha saldado con cuarenta personas detenidas, siete de ellas en prisión provisional.
En la isla majorera, los agentes registraron un piso-prostíbulo, intervinieron cuatro teléfonos utilizados para la publicidad y la comunicación con clientes, 1.600 euros y documentación relacionada con los hechos, además de liberar a tres mujeres víctimas de trata.
Según informó la Policía Nacional, la rama asentada en Fuerteventura estaba integrada por una pareja que explotaba sexualmente a mujeres captadas mediante falsas ofertas laborales difundidas en redes sociales y portales de contactos. Las víctimas eran trasladadas desde la península y otras islas y sometidas a condiciones abusivas, control permanente, restricción de movimientos y dependencia total de los explotadores.
Los investigadores sostienen que esta red mantenía un acuerdo con otro grupo asentado en Valencia, al que facilitaba datos de usuarios de servicios sexuales a cambio de 50 euros por cada cliente, para su posterior extorsión.
En el conjunto de la operación han sido detenidas 40 personas y se han practicado nueve registros domiciliarios en la provincia de Valencia y Fuerteventura. Los agentes incautaron tres plantaciones de marihuana indoor, 11 gallos de pelea, dos armas cortas de fuego y 3.600 euros. Tras pasar los detenidos a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión provisional de siete de ellos.
Extorsión y trata, en una investigación iniciada en Castellón
La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón, se inició en mayo de 2025 a partir de la denuncia de una víctima que, tras solicitar servicios sexuales por internet, recibió una llamada de una persona que se hacía pasar por jefe del club de las mujeres anunciadas.
Durante esa llamada, el supuesto responsable le reprochó haberles hecho perder el tiempo y le exigió el abono inmediato de unos 5.000 euros, por las molestias y la supuesta deuda generada, mediante un discurso coercitivo y amenazante.
Con el avance de las pesquisas, los agentes comprobaron la existencia de 80 denuncias con un patrón similar en distintos puntos del territorio nacional. La Policía situó el núcleo operativo de esta organización en Valencia, desde donde se gestionaban la captación, las comunicaciones intimidatorias y la canalización de los beneficios obtenidos.
El modus operandi consistía en publicar masivamente anuncios falsos de mujeres en páginas web de citas. Una vez que las víctimas contactaban con los teléfonos asociados, la organización iniciaba la fase extorsiva, haciéndoles creer que habían contraído una deuda con el prostíbulo o con las personas encargadas de seguridad por no acudir a la cita o por haber faltado al respeto a las empleadas.
Según la Policía, el grupo utilizaba la vergüenza y el temor de las víctimas a que su entorno conociera que consumían servicios sexuales como herramienta de presión para que abonaran cantidades relevantes de dinero.
Estructura de la red y blanqueo
En la cúspide de la organización se situaban los principales responsables, encargados de dirigir, administrar y distribuir el dinero, publicar y renovar los anuncios y ejecutar las amenazas y comunicaciones extorsivas.
En un segundo nivel actuaban los captadores de las denominadas mulas, responsables de reclutarlas, dirigirlas y gestionar las comisiones por cada apertura de cuenta bancaria o línea telefónica. En la base de la red se encontraban las personas que aportaban su documentación para abrir líneas telefónicas y cuentas bancarias a su nombre, en las que recibían los pagos de las víctimas.
La Policía sostiene que la organización tenía un alto nivel de desarrollo y capacidad operativa, y que blanqueaba los beneficios obtenidos en otras actividades criminales como el tráfico de drogas y las peleas ilegales de gallos. Sus principales miembros adoptaban medidas de autoprotección para dificultar su identificación y localización, mediante intermediarios, rotación de líneas y múltiples cuentas de pago.
Registros y delitos investigados
Durante la fase de explotación en Valencia se realizaron ocho registros domiciliarios, en los que fueron localizadas e intervenidas tres plantaciones de marihuana indoor, 11 gallos de pelea, dos armas cortas de fuego y 1.700 euros en efectivo. En esa parte de la operación fueron detenidas 38 personas, de las que cinco ingresaron en prisión provisional.
A estos detenidos se les imputan presuntos delitos de extorsión, organización criminal, blanqueo de capitales, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y maltrato animal.
En Fuerteventura, las dos personas detenidas ingresaron en prisión provisional por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delitos relativos a la prostitución y favorecimiento de la inmigración irregular.
