El Juzgado de Instrucción de Puerto del Rosario ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del joven de 22 años investigado por la presunta comisión de un delito de asesinato cualificado y un delito continuado de estafa por la muerte violenta de su madre en Corralejo, en el municipio de La Oliva.
Según el auto judicial, el investigado transfirió 3.000 euros desde la cuenta de su madre y utilizó parte del dinero para comprar una sierra radial y productos de limpieza. La jueza sostiene que después descuartizó el cuerpo y arrojó restos en contenedores próximos a la vivienda.
Estas medidas judiciales confirman las informaciones periodísticas previas sobre la detención del hijo de Katty Oosterlinck, el hallazgo del cuerpo en el vertedero de Zurita y la reconstrucción del crimen por parte de la Guardia Civil.
Las cámaras y movimientos bancarios fueron claves en la investigación, para descubrir que tras el presunto asesinato, se transfirió 3.000 euros de las cuentas de su madre.
Acudió a casa de su madre "con la intención de acabar con la vida de la víctima y obtener dinero"
El TSJC difundió una nota este martes, 12 de mayo, con algunos detalles del auto, confirmando los hechos relatados por las principales cabeceras de Canarias. Los hechos investigados habrían ocurrido el pasado 3 de mayo. La instructora sostiene, siempre de forma indiciaria y sin prejuzgar el resultado del procedimiento, que el investigado acudió al domicilio familiar “con la intención de acabar con la vida de la víctima y obtener dinero que esta se había negado a entregarle”.
El relato judicial expone que, tras una discusión en el interior de la vivienda, se produjo una agresión “desarrollada con extrema violencia”. Después de la muerte de la mujer, el investigado habría realizado varias transferencias bancarias desde la cuenta de la víctima a la suya por un importe total de 3.000 euros.
Cámaras y movimientos bancarios, claves en la investigación
La resolución añade que parte de ese dinero se habría utilizado durante la madrugada y para adquirir, a primera hora de la mañana, distintos utensilios y productos de limpieza, entre ellos una sierra radial con la que, presuntamente, habría desmembrado el cuerpo. Según el auto, posteriormente el investigado regresó a la vivienda, descuartizó el cadáver y se deshizo de los restos en contenedores próximos al domicilio, además de limpiar la escena y eliminar parte de los instrumentos utilizados.
Entre los principales indicios valorados por el juzgado figuran declaraciones testificales, imágenes de cámaras de seguridad, movimientos bancarios, albaranes de compra, la inspección ocular practicada en la vivienda, hallazgos realizados en el vertedero, la declaración del propio investigado y una diligencia de reconstrucción de hechos.
El auto también menciona la posible participación de una tercera persona que no ha sido plenamente identificada en esta fase procesal. Además, la jueza señala que todavía no han aparecido algunos de los objetos supuestamente utilizados en los hechos, circunstancia que refuerza el riesgo de destrucción de pruebas en caso de quedar el investigado en libertad.
El presunto asesino enfrenta hasta 25 años en prisión
Desde el punto de vista jurídico, la instructora aprecia de forma provisional indicios de un delito de asesinato con varias circunstancias cualificadoras, entre ellas alevosía, ensañamiento y la finalidad de facilitar otro delito, además de un delito continuado de estafa por las transferencias realizadas desde la cuenta bancaria de la fallecida.
La resolución examina igualmente la alegación relativa al consumo de drogas y concluye que, en esta fase inicial, no existen elementos suficientes para considerar que esa circunstancia afectara de forma relevante a la capacidad del investigado. El auto sostiene además que los indicios apuntan a una posible planificación previa de los hechos desde la mañana del mismo día.
Para justificar la prisión provisional, la jueza subraya la gravedad de los delitos investigados y las penas asociadas, que podrían alcanzar hasta 25 años de cárcel por asesinato cualificado, además de la situación personal y el escaso arraigo familiar del investigado tras los hechos.
La medida cautelar fue acordada tras la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a petición de la Fiscalía, al apreciar la jueza riesgo de fuga y de destrucción de pruebas
