La plataforma ciudadana Fuerteventura Tiene un Límite "exige" al Cabildo de Fuerteventura que intervenga en la subasta concursal de los activos de Ramiterra S.L. y adquiera las parcelas costeras de primera línea situadas en Caleta de Fuste, en el entorno del campo de golf de Las Salinas, un lote con un precio de salida de 7,65 millones de euros.
El llamamiento de la plataforma se produce a escasos días del cierre del plazo de pujas, que abrió el día 10 y finaliza el 29 de noviembre, lo que hace muy complicado que la institución insular tenga margen para cumplir con la petición.
Según el colectivo, el objetivo de la operación sería incorporar estos suelos al patrimonio público insular y frenar así su posible transformación en un nuevo complejo hotelero. La plataforma reclama que, una vez adquiridas, las parcelas se reclasifiquen como suelo no urbanizable de especial protección, de manera que queden blindadas frente a futuros desarrollos urbanísticos y se preserven como espacio litoral de uso público.
Además de esta compra de urgencia, Fuerteventura Tiene un Límite plantea la necesidad de abrir un debate insular sobre el modelo turístico y promueve una moratoria temporal para nuevas plazas alojativas en la isla. A juicio del colectivo, la capacidad de carga ecológica, hídrica y territorial ya estaría comprometida, por lo que ampliar la oferta hotelera en primera línea de costa incrementaría la presión sobre recursos como el agua desalada y el suelo disponible.
Qué se subasta en Caleta de Fuste y por qué importan estas parcelas
Las parcelas que preocupan al colectivo forman parte del proceso de liquidación de Ramiterra S.L., promotora del complejo turístico-residencial Salinas Golf Resort en Caleta de Fuste, paralizado desde hace años. El plan de liquidación aprobado por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas autorizó la venta de todos los activos de la empresa mediante una subasta extrajudicial gestionada por la plataforma Trademat, con cerca de 80 bienes entre los que figuran el campo de golf, una planta desaladora, un apartamento y decenas de solares urbanos.
El lote más sensible incluye las parcelas P16A y P16B, contiguas al campo de golf y en primera línea de mar, con una superficie conjunta de algo más de 35.000 metros cuadrados. Cada una fue tasada en 6 millones de euros, pero se ofertan de forma agrupada, junto a otras fincas colindantes, por un precio mínimo de 7.650.000 euros. La puja se abrió el 10 de noviembre y se mantendrá activa hasta el día 29, con condiciones que obligan al adjudicatario a aceptar el estado físico, jurídico y urbanístico de los bienes sin posibilidad de reclamación posterior.
En paralelo a esta venta, el Ayuntamiento de Antigua anunció en noviembre de 2024 la ejecución forzosa del Plan Parcial Las Salinas para completar las obras de urbanización pendientes y asumir la gestión de servicios básicos como viales, alumbrado y saneamiento.
El consistorio también mantiene un conflicto jurídico por la parcela donde se ubican la desaladora y la depuradora, cuya titularidad defiende como dotación pública y que ha pedido excluir de la subasta.
Actualizado a las 11:40 h.
El conflicto de la desaladora con el Ayuntamiento de Antigua
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha dictado una sentencia de primera instancia favorable al Ayuntamiento de Antigua que reconoce la titularidad municipal de la parcela de servicios sobre la que se ubican las instalaciones de desalación y depuración de agua en la urbanización Las Salinas (Sector 9 del PGOU).
El alcalde Matías Peña García destacó en un comunicado, este pasado 22 de noviembre, el “importante triunfo” que supone el fallo.
El Consistorio defiende que se trata de una parcela de servicios de cesión obligatoria y gratuita, tal y como establece la normativa urbanística para los suelos destinados a viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas al servicio del ámbito de desarrollo, en este caso con infraestructuras técnicas básicas de abastecimiento y depuración.
Antes de la sentencia, el Ayuntamiento ya había solicitado el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, que se pronunció a favor de la posición municipal. El administrador concursal de Ramiterra S.L. recurrió dicho acuerdo, pero el recurso ha sido ahora desestimado por el juzgado, que vuelve a dar la razón al Ayuntamiento.
Pese a estas advertencias y resoluciones, y ante la subasta en curso, el Ayuntamiento de Antigua ha presentado un incidente concursal ante el Juzgado de lo Mercantil para pedir la exclusión de dicha parcela del concurso y la suspensión cautelar de la subasta del lote en el que se incluye, con el fin de salvaguardar los intereses municipales y garantizar el cumplimiento de la sentencia.
Este eventual suceso habilitaría un mayor margen de intervención por parte de las administraciones públicas.
Planeamiento turístico y condicionantes ambientales en la franja litoral
Desde el punto de vista urbanístico, las parcelas P16A y P16B están clasificadas como suelo urbano de uso turístico dentro del Plan Parcial Las Salinas, aprobado en 2001 para ordenar unas 105 hectáreas junto al litoral de Caleta de Fuste. Ese planeamiento permite implantar en estos suelos un establecimiento hotelero de alta categoría, con una capacidad máxima en torno a las 421 plazas alojativas, lo que explica el interés que despiertan entre inversores del sector. El entorno ya cuenta con varios hoteles y villas turísticas en funcionamiento alrededor del campo de golf.
Sin embargo, cuando el desarrollo urbanístico se refiere al frente costero, puede presentar también otro tipo de restricciones territoriales y patrimoniales, como la franja próxima al mar afectada por la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, que limita las edificaciones y usos en primera línea.
Organizaciones ecologistas recuerdan que en esta franja litoral existen hábitats recogidos en la Directiva Hábitats de la Unión Europea y un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) incluido en la Red Natura 2000, asociado a ecosistemas costeros y marinos.
No obstante, no parece que un proyecto hotelero en suelo urbanizable pueda estar afectado por las evaluaciones ambientales que son preceptivas cuando se trata de espacios naturales.
¿Puede el Cabildo realmente comprar las parcelas a subasta?
En el comunicado Fuerteventura Tiene un Límite remitido a los medios, el colectivo sostiene que el Cabildo Insular tiene capacidad jurídica para pujar en la subasta y adquirir las parcelas por motivos de interés general, incorporándolas al patrimonio público con fines ambientales y de ordenación territorial.
Recuerdan que en otras islas ya se han producido compras similares de terrenos sensibles en subastas públicas para garantizar su conservación, aunque en contextos con menor presión urbanística.
Aunque no es menos cierto que la viabilidad de una operación de este tipo estaría condicionada por otros factores. Por un lado, el coste económico: el Cabildo tendría que comprometer al menos los 7,65 millones de euros del precio de salida y podría verse obligado a elevar la oferta si hay competencia privada.
Por otro lado, los tiempos administrativos chocan frontalmente con una compra de esa envergadura. Sería necesario tramitar con urgencia la aprobación política y los informes técnicos y financieros, justificando que la adquisición se enmarca en sus competencias de medio ambiente, patrimonio natural o gestión del territorio.
Si finalmente el lote se adjudica a un operador privado, es probable que se reactive la opción de desarrollar un nuevo complejo alojativo en primera línea de mar, ajustado al planeamiento vigente.
Si, por el contrario, el Cabildo u otra administración asumieran la titularidad del suelo, podrían promover su desclasificación como espacio protegido y destinarlo a parque litoral o reserva, aunque ese cambio de uso exigiría modificaciones de planeamiento, trámites prolongados y, eventualmente, compensaciones.
