Los gobiernos central y de Canarias, sin tiempo para tramitar el asilo a 827 menores migrantes como dictó el Supremo
Tras el contundente auto del Tribunal Supremo, el Gobierno de Canarias ha pasado a implicarse junto al Estado en los trámites para dar asilo a los menores migrantes que tienen derecho a protección internacional, anunciaron Fernando Clavijo y Ángel Víctor Torres. Al día siguiente, la ministra de Infancia retrasó el inicio de los traslados hasta el mes de agosto como pronto, tras enfrentar a las once comunidades (diez del PP y una del PSOE) que han recurrido ante el Consticional la redistribución de menores desde las regiones sobrecarcagadas: Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares
Los gobiernos de Canarias y España han escenificado este viernes un acuerdo clave para atender a 827 menores migrantes que actualmente solicitan protección internacional desde el Archipiélago, respondiendo a las reiteradas exigencias del Tribunal Supremo, que en su último auto, el pasado 4 de junio, dio un plazo improrrogable de 15 días para articular mecanismos efectivos de colaboración entre Canarias y el Estado..
Tras la reunión del llamado Pacto Migratorio, cuyos acuerdos refrendaron todos los grupos parlamentarios de Canarias, menos Vox, el Gobierno autonómico confirmó su implicación en el proceso.
Partiendo de una la crítica frontal hacia los incumplimientos del Estado y otras comunidades que rechazan la redistribución, el Ejecutivo regional ha pasado a involucrarse activamente para cumplir con la sentencia judicial, como dijo el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, porque "tenemos que responder al Tribunal Supremo en ese plazo que nos dio".
Tramitar el asilo en un máximo de cinco días hábiles
Son al menos a 827 menores migrantes de los 5.600 que actualmente se encuentran bajo tutela de la comunidad autónoma canaria, los que tienen derecho a protección internacional. El Gobierno autonómico detalló que inicalmente tenía constancia de 1.294 menores solicitantes de asilo, pero que tras cruzar los datos con el Ministerio del Interior, ese es el número que coincidía.
Con ellos, anunció el Gobierno canario, se empezará a trabajar desde el próximo martes, dando ingreso al sistema a 250, mientras se posibilita que se reconozcan a los 367 niños y niñas que Canarias tiene identificados como solicitantes de protección internacional.
Fernando Clavijo anunció que el acuerdo refrendado en el Pacto es dar de alta "de manera inmediata", en un plazo de cinco días naturales o de tres días hábiles, a los menores susceptibles de tener derecho a asilo; y por otro lado, “en una comisión, analizar individualmente” cada caso para, “resolviendo el hacinamiento, puedan ser ubicados en otras comunidades autónomas”.
Canarias y el Gobierno central, al límite del plazo del Supremo
La derivación a otras comunidades que el ejecutivo canario lleva meses reclamando, parece de este modo pasar finalmente por la implicación del propio Gobierno de Canarias, como se desprende de esta comparecencia del presidente autonómico, Fernando Clavijo, y también del Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, también participó en la reunión.
Ángel Víctor Ángel Victor Torres compareció también para ofrecer otros detalles. Según el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el procedimiento requiere entrevistas individuales para evaluar el arraigo de cada menor en las islas, evitando así un "doble desarraigo". Torres aclaró que quienes ya estén integrados social y escolarmente en Canarias tendrán prioridad para permanecer en la comunidad, siempre protegiendo el interés superior del menor.
Ambos dirigentes se pronunciaron el mismo jueves, 26 de junio, llegando hasta el último minuto para justificar ante el alto tribunal el plazo que estableció de 15 días hábiles para “articular mecanismos de colaboración con Canarias que incluyan recursos personales, materiales y económicos necesarios para garantizar el acceso al sistema de acogida completo”.
Al mismo tiempo, Fernando Clavijo calificó en declaraciones a los medios de “absurdo e indecente” que otras comunidades autónomas rechazaran colaborar en este proceso, algo que entiende, sería “ilegal” y tendría consecuencias judiciales.
La derivación de menores a otras comunidades, como pronto en agosto
Tras las explicacinoes de Clavijo y Torres, al día siguiente tuvo lugar la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Este viernes, 27 de junio, la mayoría de comunidades autónomas españolas volvieron a marcar distancia con las regiones sobrecargadas en la acogida de personas migrantes.Rego aprovechó para denunciar el bloqueo por parte de comunidades del Partido Popular -y una del PSOE, Castilla La Mancha-, que han llevado el reparto de menores migrantes hasta el Tribunal Constitucional.
22 millones para Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares
La Conferencia sí avaló su apoyo a uno de los puntos del orden del día, un crédito extraordinario de 22 millones de euros destinados a apoyar la acogida de menores migrantes en Canarias (8,5 millones), Ceuta (7 millones), Melilla (4,5 millones) y Baleares (2 millones).
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, tachó el Real Decreto que regula el procedimiento de derivación de "ilegal e inconstitucional". Dávila calificó también de "irrisoria y ridícula" las cuantías, al entender que se trata de “una dotación de ocho euros por menor al día".
La consejera de Bienestar Social canaria, Candelaria Delgado, volvió a lamentar la urgencia de la situación y el deber que tienen las comunidades de cumplir con la hoja de ruta establecida en el Real Decreto Ley aprobado en el Congreso: “Nosotros vamos a seguir insistiendo en que se cumpla la hoja de ruta establecidas en el Real Decreto Ley y que nuestro planteamiento es que Canarias no puede seguir soportando esta situación”, declaró tras la Conferencia.
La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha (PSOE) consideró insuficiente la financiación prevista para atender a los menores trasladados. Según su estimación, serían necesarios alrededor de 250 millones de euros, cantidad muy superior a los 22 millones distribuidos por el Ministerio hasta ahora. Al respecto, la ministra indicó que en el apartado de los traslados, esos costes los asumiría el Gobierno central.