El exalcalde de La Oliva y exsenador Domingo González Arroyo ha ingresado en prisión después de que el Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario denegara la suspensión de la pena de un año y seis meses de cárcel impuesta por un delito contra la Hacienda Pública.
El que fuera alcalde histórico en La Oliva hasta la entrada de la democracia, senador y presidente del PP de Fuerteventura, líder del Partido Progresista Majorero (PPMAJO o PP Majo) tras romper con los populares, y alcalde de nuevo en 2015, ha dado por primera vez con sus huesos en la sombra a los 86 años de edad, después de una larga trayectoria política marcada, precisamente, por incontables encuentros con la justicia.
El marqués de La Oliva ingresa en Tahíche
La noticia, difundida inicialmente por la Agencia EFE, ha sido confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y medios como Diario de Fuerteventura han ofrecido detalles sobre su ingreso este lunes, 22 de junio, en el CIS (Centro de Inserción Social) de Tahíche, dedicado a internos en régimen de tercer grado o reclusos de edad avanzada.
González Arroyo ingresó en el centro penitenciario de Lanzarote este lunes, tras serle denegada la suspensión de la condena. El auto judicial, fechado el 5 de junio, recuerda que González Arroyo fue condenado a un año y seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 1.239.534,10 euros y privación durante tres años del derecho a obtener subvenciones, ayudas públicas o beneficios fiscales o de la Seguridad Social.
Ni por motivos de salud ni por reparación del saño
La defensa había solicitado la suspensión de la pena de prisión durante un plazo de diez años y asumía el compromiso de satisfacer la responsabilidad civil. Sin embargo, tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, se opusieron a la suspensión.
El auto descarta la suspensión por motivos de salud, al señalar que su defensa no acredita la existencia de una enfermedad que ponga en grave peligro la vida del penado, ni un padecimiento crónico, ni una limitación que impida el desarrollo de su vida en prisión.
El juzgado fundamenta igualmente su decisión en que no aprecia voluntad de reparar el daño causado. La resolución señala que el penado no consignó cantidad alguna para satisfacer la responsabilidad civil, fijada en 933.471,05 euros en ejecución de sentencia, y que su defensa solicitó la declaración de insolvencia y que se acordara la imposibilidad de abonar la multa.
Fraude a la Hacienda Pública
La causa judicial se refiere a la mercantil Conlaofu S.A. La sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario, de 15 de noviembre de 2021, declaró probado que Domingo González Arroyo actuaba como administrador de hecho de la sociedad y que, junto al administrador de derecho, presentó declaraciones del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2009 y 2010 con bases imponibles contrarias a la norma fiscal.
Según la sentencia, Conlaofu S.A. no incluyó en sus declaraciones la totalidad del beneficio obtenido con determinadas operaciones patrimoniales y realizó dotaciones improcedentes a la Reserva para Inversiones en Canarias. Los hechos probados fijan las cuotas defraudadas en 165.585,90 euros en el ejercicio 2009 y 619.767,05 euros en el ejercicio 2010.
La documentación judicial vincula esos hechos, entre otras operaciones, a la venta en 2009 de una parcela donde se ubicaba una estación de servicio y a la transmisión en 2010 de otra finca como aportación no dineraria para suscribir el 99% del capital social de Lomos de San Roque S.L.
