El texto fija reservas mínimas de suelo para residencia habitual: al menos el 80% del suelo clasificado como residencial y el 90% en islas turísticas o municipios con alta presión de mercado. Los ayuntamientos deberán definir las zonas aptas en base a criterios de sostenibilidad, capacidad de carga y equilibrio territorial. Todos estos condicionantes están recogidos en la norma aprobada, aunque el debate parlamentario fue por otros derroteros.
Algunas claves de la regulación
La ley introduce requisitos de antigüedad mínima de la vivienda antes de destinarla a uso turístico, prohíbe la actividad en VPO y la limita en suelos rústicos, espacios naturales protegidos y Red Natura 2000 salvo justificación ambiental. En mercados declarados tensionados se suspenderán nuevas licencias; las autorizaciones ya inscritas se mantienen, pero nuevas altas dependerán del planeamiento municipal.
"Ha sido una norma muy complicada de tramitar"
Jessica de León, consejera de Turismo
Otro aspecto destacable de la ley es que una vivienda solo podrá destinarse a uso turístico si el planeamiento lo permite expresamente y se establece una antigüedad mínima como requisito: las viviendas deben haber sido destinadas durante un tiempo determinado a residencia habitual antes de convertirse en alojamientos turísticos, con el fin de impedir que se construyan viviendas nuevas directamente para uso vacacional.
Impacto y perspectivas
El Gobierno sostiene que la norma prioriza el derecho a la vivienda y ordena la convivencia entre residentes y visitantes. El sector hotelero ha expresado apoyo por entender que se establecen límites claros y se ataja la competencia desleal, mientras que ASCAV advierte de la "práctica erradicación" de la actividad y perjuicios para miles de propietarios.
Todo parece indicar que para conocer la efectividad de la medida, será necesario tener en cuenta condicionantes como la planificación municipal o la propia acción de los ayuntamientos a la hora establecer sus propias ordenanzas. También será importante los reglamentos y la restrictividad con que se apliquen los reglamentos de la propia Ley.
Críticas desde la oposición
El PSOE reprochó que no se suspendieran licencias durante los 20 meses de tramitación y cifró en 32.000 las viviendas turísticas añadidas en ese periodo; también propuso limitar a tres las viviendas por particular. NC-BC denunció que la ley no aceptó enmiendas de la oposición y que equipara pequeños propietarios y grandes tenedores. Vox sostuvo que el texto incrementa cargas, ignora la okupación y no respeta la propiedad privada.
PSOE y NC, partidos en la oposición, se han quejado de que la ley ha salido adelante sin consenso, pues no ha incluido ninguna enmienda de la oposición. Además, reprochan que beneficia a los empresarios del turismo y expulsa a los residentes de las zonas turísticas.
En concreto, el diputado del PSOE Gustavo Santana ha denunciado que la ley ha generado un efecto llamada por no ha haber suspendido las licencias al inicio de su larga tramitación (20 meses).
Según sus cifras, han sumado ese período 32.000 viviendas vacacionales, más que las construidas en los últimos 30 años.
El diputado del PSOE también ha lamentado que se haya perdido la oportunidad de limitar a tres las viviendas que pueda explotar un mismo particular para que los pequeños propietarios sean los verdaderos beneficiarios de la regulación de la vivienda vacacional en Canarias, donde 81.632 están en manos de grandes tenedores.
"Las familias tienen derecho a alquilar y no ser echadas de su tierra"
- Esther González (NC BC).
Por su parte, la diputada de NC Esther González ha lamentado que su partido presentó 34 enmiendas, y el Gobierno no aceptó ninguna, para defender el derecho de miles de familias canarias "de alquilar y no ser echadas de su tierra" en vez de proteger "los derechos de los de siempre", como opina que recoge la ley aprobada.
A su juicio, la ley, que "entrega las llaves del futuro de Canarias a los cuatro empresarios de turno", respalda los intereses turísticos, señala con el dedo al pequeño propietario y castiga al 89 % de los canarios que alquila su vivienda para poder llegar a fin de mes y los iguala a los grandes tenedores, a los que, ha advertido, protege esta norma.
La diputada de Vox Paula Jover ha recordado que su partido presentó una enmienda a la totalidad pidiendo que se retirara la ley porque "no solucionada nada y empeora todo" y traslada una excesiva carga a los pequeños propietarios, pasa por alto la okupación y no respeta la propiedad privada.
Limites claros para evitar desplazar a los residentes
Los cuatro grupos que apoyan al Gobierno de Canarias, CC, PP, Agrupación Herreña Independiente y la Agrupación Socialista Gomera han valorado la ley porque "regula de forma sostenible" la vivienda vacacional, según el PP, y también porque pone límites claros para evitar que el turismo residencial desplace a los residentes y encarezca "aún más" el acceso a la vivienda, ha defendido la diputada de CC, Socorro Beato.
Desde la Agrupación Herreña Independiente han defendido que se trata de una ley que ordena y no prohíbe y tiene en cuenta la diversidad de modelos turísticos que hay en las islas, mientras que la Agrupación Socialista Gomera ha recordado que hay gomeros que alquilan sus viviendas a los turistas para sufragar los estudios universitarios de sus hijos y ha negado que esto cause falta de vivienda en las islas.
