El Grupo Parlamentario Socialista ha anunciado que llevará al Pleno del Parlamento de Canarias de los días 9 y 10 de diciembre una proposición de ley orientada a la regulación de los grandes tenedores de vivienda y al reequilibrio fiscal vinculado al acceso a la vivienda. Según informó el propio grupo, la iniciativa pretende reforzar el impulso del derecho a la vivienda en el archipiélago mediante criterios específicos para la actividad de los grandes propietarios inmobiliarios.
De acuerdo con la información trasladada por el Grupo Socialista, el paquete de iniciativas incluye también una propuesta para revisar la financiación de las universidades públicas canarias. El partido preguntará al Gobierno autonómico si considera que la financiación actual permite garantizar la estabilidad institucional y la competitividad académica de los centros universitarios.
El PSOE incorpora además una batería de preguntas e interpelaciones dirigidas a distintas consejerías: la situación de las 358 viviendas de Añaza; criterios de uso institucional de redes sociales; presuntas irregularidades en el proceso selectivo del Cuerpo General de la Policía Canaria; estrategia sobre nuevas titulaciones universitarias; y medidas adoptadas ante la contaminación del litoral de Telde.
También presentará interpelaciones sobre digitalización y ejecución de fondos NextGeneration en movilidad, posibles vulneraciones de derechos laborales en el programa “bajas fraudulentas–absentismo laboral”, y seguimiento de las medidas del Decreto 46/2025 sobre dependencia.
Asimismo, el Grupo Socialista llevará varias proposiciones no de ley (PNL), entre ellas una sobre la protección de los instrumentos musicales como bienes culturales y profesionales, otra sobre el impulso del Marco Financiero Plurianual 2028-2034, y una tercera relativa a la transición pedagógica adaptada del alumnado de 0-3 años.
La proposición de ley sobre grandes tenedores llega a un debate parlamentario ya marcado por posiciones diferenciadas entre los grupos. En sesiones previas, formaciones de la oposición han expresado reservas sobre iniciativas relacionadas con la regulación del mercado de la vivienda, mientras que los partidos del actual Gobierno autonómico (PP y CC en el ejecutivo, y ASG y AHI dando apoyo) han defendido enfoques alternativos basados en incentivos, fiscalidad y promoción de vivienda pública.
En debates anteriores sobre materias similares, los grupos del ejecutivo han advertido sobre el impacto que pueden tener medidas regulatorias intensivas en la inversión privada y en la oferta disponible en el mercado de alquiler. Desde el PSOE y NC han señalado de forma reiterada la necesidad de intervenir en segmentos del mercado que consideran tensionados, apelando al papel de los grandes propietarios y a la capacidad de la administración para modular la actividad de estos actores.
