Dos parques solares tramitados como uno, el calvario de los vecinos de Llanos de La Higuera
En Fuerteventura, ya ni en el campo puede uno vivir tranquilo. En cualquier momento, y salvo que una ordenación específica de energía lo remedie, te pueden plantar un parque eólico o solar en la puerta de tu casa, por iniciativa del promotor, con las instituciones locales en contra, y sin permisos preceptivos.
Al menos, así lo ha vivido una decena de vecinos de los Llanos de La Higuera, en Tuineje, que se despierta cada día con miles de placas solares a pocos metros de sus casas. Donde antes disfrutaban de las vistas al barranco, ahora se encuentran rodeados de paneles y torretas eléctricas, por mucho que lleven más de un año denunciado el ruido, el polvo de las obras, y el desamparo frente a la administración.
El parque fotovoltaico El Charco, promovido por Canarias Investment Office, S.L., una empresa del grupo SATOCAN, fue autorizado como de interés general por el Gobierno de Canarias, pese a la oposición del Ayuntamiento de Tuineje, del Cabildo Insular al final del trámite, y frente a las reservas técnicas de otros departamentos autonómicos, e incluso, sin contar con el permiso del Consejo Insular de Aguas, al que se condicionó la autorización de las obras.
El mismo barranco del que los vecinos perdieron las vistas -lo que más bien es un pequeño afluente del Barranco de La Florida- ha sido noticia reciente, tras anunciar el Cabildo Insular la paralización de las obras del parque fotovoltaico El Charco, por carecer de la autorización del Consejo Insular de Aguas (CIAF).
Los técnicos del Consejo visitaron la instalación, y allí constaron que aunque la ubicación del parque no afecta al dominio público hidráulico (DPH), sí existe en la zona una afección a la red de drenaje natural, por lo que “debe realizarse un estudio hidrológico” para dimensionar las canalizaciones hidráulicas de evacuación de las aguas de escorrentía.
Pero esa visita fue el 14 de marzo, meses después de terminar las obras. El Cabildo, al anunciar "la paralización", llamó la atención sobre el hecho de que el informe del CIAF "es preceptivo", lo que llevó ha llevado a DDF y Fuerteventura Digital a repasar el expediente para tratar de entender (y explicar) la situación.
Lo primero que llama la atención es saber cómo se autoriza un proyecto que no cuenta con todos los informes, lo que ocurrió bajo la fórmula de la autorización condicionada, es decir, advirtiendo de que la resolución no es efectiva si no se cumplen esos requisitos. Pero ese informe nunca se emitió, y las consecuencias sobre el papel son la propuesta de sanción del CIAF: 600 euros de multa, para una promoción -en realidad son dos- que se autorizaron con un presupuesto total de en torno a 2,4 millones de euros.
Sobre el terreno, las consecuencias son más patentes. Junto al vallado del parque, Cristian Peña, que compró su casa a escasos metros de donde ahora está la planta fotovoltaica, relata cómo “esta carretera estaba más abajo.
Y ellos (la empresa que hizo las obras, una subcontrata de Canarias Investment), al echar sus recebes por fuera de las vallas, formaron una especie de presa. Entonces, "las dos veces que llovió bastante, se formó un cúmulo de agua y eso ha terminado rompiendo todo por abajo”, explicó para este reportaje, señalando las arquetas que quedaron al aire.
La lista de quejas de los vecinos afectados es interminable. Ruidos, polvo, impacto visual… son aspectos que se mencionan en los trámites, pero que nadie cuidó que se cumplieran.
Dos parques en el papel, uno solo sobre el terreno
La planta de El Charco I, con una potencia instalada de 2 MW, fue ejecutada entre marzo y noviembre de 2024. Con las obras en marcha, el Gobierno completó la autorización de un segundo parque, El Charco IV, de 1 MW, literalmente pegado al primero, y como denunciaron los residentes, ejecutado como uno solo.
Esto lo llama el área la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático "fraccionamiento de proyectos", algo que debe "debe extremarse la cautela en la autorización de parques fotovoltaicos que puedan suponer o incremento de la ocupación”. Se refiere este departamento en concreto a que en caso de superar las 10 hectáreas, la instalación conllevaría el trámite de evaluación ambiental, que en este caso no fue necesaria, porque ambos proyectos, aun unidos, no se acercan a ese límite. Sin embargo, otros parques que se están tramitando en el mismo municipio de Tuieje sí superan esa superficie, y aparecen pegados los unos a los otros en distintas zonas como
El trámite de este tipo de autorizaciones lo dirige la Dirección General de Energía, dependiente de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, y por el camino, se solicitan informes y condicionantes a otros departamentos del Gobierno e instituciones. Por ejemplo, la Dirección General de Agricultura pidió al promotor disminuir el polvo mediante riego y cubrir los camiones, algo que según los vecinos, nunca ocurrió, como evidencian las decenas de vídeos y fotos con sus viviendas y coches hasta arriba de tierra.
Más contundente fue la Dirección General de Ordenación del Territorio y Aguas, recordando que según la Ley del Suelo de Canarias, no se permiten actuaciones que desfiguren el paisaje o limiten la visión de espacios abiertos. Son directrices generales de la Ley del Suelo, aunque en este caso, y como ocurre con decenas de proyectos de renovables en la isla majorera, salen adelante por medio de su declaración como de interés general, que permite autorizar proyectos energéticos en ausencia de prohibición expresa, o de planificación territorial específica, el polémico artículo 6 bis de la Ley del Sector Eléctrico de Canarias.
Autorización por interés general del Gobierno de Canarias e interés público del Cabildo
Para el proyecto de El Charco I, la declaración de interés general se produjo en diciembre de 2021, aunque la resolución del consejero de Transición Ecológica de entonces, el socialista José Antonio Valbuena, no aparece en los boletines.
Pero lo más llamativo del expediente, es que el proyecto obtuvo la declaración de interés público y social del Cabildo en febrero de 2023, esto es, en un momento en que el pacto tripartito del Cabildo estaba roto, y sólo había dos personas al frente de la institución, el consejero Juan Nicolás Cabrera y el presidente Sergio Lloret, ambos de AMF, tras la salida del PP y el cese de los consejeros de CC. Cabe recordar dos informes de la Secretaría del Cabildo y de la Delegación del Gobierno, que consideraron nulos todos los acuerdos de aquel Consejo de Gobierno integrado por sólo dos personas, cuando el quórum mínimo es de tres miembros.
Tras las elecciones, el cambio político en el Cabildo fue de ciento ochenta grados al respecto. El segundo parque, El Charco IV, no solo no recibió la declaración de interés insular, sino que fue recurrido por la corporación ya dirigida por Lola García. También llama la atención que en ambas autorizaciones, la del Gobierno y la del Cabildo, se recoge la negativa expresa del Ayuntamiento de Tuineje.
Por si todo esto fuera poco, el área de Territorio y Aguas recuerda que el inicio del Plan Territorial Especial Energético que el Cabildo está redactando, implica por sí mismo la suspensión cautelar de autorizaciones de instalaciones de energía renovable, algo que no se ha producido.
En trámites de autorización parques eólicos y fotovoltaicos que suman 450 MW, más del triple del consumo insular
El Gobierno de Canarias justifica sus declaraciones de interés general bajo argumentos de ahorro energético, reducción de emisiones de CO2, y subrayando que Fuerteventura está "lejos aún" del objetivo de potencia renovable instalada, que sitúa en 77,9 MW. Pero lo cierto, es que no hay tal planificación, ni parece haber una hoja de ruta que guíe este tipo de autorizaciones. Los dos parques de SATOCAN son solo un ejemplo, entre las decenas de proyectos eólicos y fotovoltaicos que han iniciado su trámite en la isla, y que superan los 450 MW, más del triple del consumo total.
Las explicaciones más recientes de Mariano H. Zapata, el actual consejero actual de Transición Ecológica, son que se evitarán en adelante las declaraciones de interés general que impliquen expropiaciones de terrenos, y que se acordará con el Cabildo una zona de aceleración de renovables donde unir las solicitudes de los promotores, mientras el Cabildo actualiza su planeamiento.
Mientras tanto, como le ha ocurrido a los vecinos de los Llanos de La Higuera -que ya se están planteando acciones legales-, y seguramente le ocurra a más residentes, la proliferación o no de este tipo de proyectos seguirá en manos de las compañías, y de políticos y técnicos que, sin unos criterios unitarios, decidan darles cobertura.
Cristina Méndez: "Lo que tenía era paz, y me la han quitado"
Cristina padeció ruidos y polvo constantes durante diez meses: “Veías la nube de polvo desde dentro de casa, y tapábamos las ventanas y puertas con toallas. Nadie nos ha ayudado, y ahora todo mundo se lava las manos. Frustrada, esta vecina invita a otras personas a imaginar "que te vas a vivir al campo, y de repente te ponen un parque solar a pocos metros. Cuando te ves metida en esto, te preguntas: ¿En serio me está pasando esto a mí?”.
Cristian Peña: "Sentimos abandono, frustración y rabia"
Cristian lamenta el deterioro visual y ambiental de la zona: “Antes veíamos hubaras y guirres por aquí, pero desde que están las torretas y paneles solares ya no volvieron más. No se duerme igual con el ruido constante”. Tras recurrir al Cabildo y al Ayuntamiento sin éxito, Cristian resume su situación: “Sentimos frustración, rabia, abandono… el valor de nuestras casas ha caído y el lugar ya no es el mismo. Lo que nos está ocurriendo no se lo deseo a nadie”.
El presente reportaje es fruto de una colaboración entre Fuerteventura Digital y Diario de Fuerteventura, publicado conjuntamente, con textos de Janey Castañeyra e imágenes de Arnán Martel.