El consejero autonómico de Política Territorial, Agua y Emergencias, Manuel Miranda, atendió a Fuerteventura Digital para repasar los principales temas de su competencia en el Gobierno de Canarias, dando también un salto hacia atrás para analizar los porqués de la situación de desabastecimiento de agua que ha sufrido Fuerteventura los últimos años.
Miranda dirigió la pasada década varias áreas de responsabilidad en el Cabildo de Fuerteventura, entre ellas las Aguas, Ordenación del Territorio o Economía. Como conocedor de la realidad insular, señala que tras la crisis de 2008, y los recortes a partir de 2012, el Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura estuvo durante "años sin capacidad inversora, con un aumento de la demanda y una crisis energética que disparó los costes del consorcio". Asegura que tras las inversiones de urgencia de la presente legislatura, la recuperación pasa por mantener inversiones constantes y evitar "cualquier parón" en el ciclo integral del agua.
"No puedes tener un lapsus de cinco o seis años, porque al final el consumo, la demanda, te come, y yo creo que es un poco lo que pasó", dijo durante la entrevista.
Cómo la crisis afectó al Consorcio de Aguas en Fuerteventura
Según Miranda, la isla acumuló déficit estructural desde 2012, cuando el aumento del precio eléctrico afectó a la producción: "El consorcio vive de la electricidad, no vive de otra cosa, y en ese momento empieza a haber un déficit permanente", lo que unido al crecimiento poblacional y turístico aceleró la presión sobre la red.
Respecto a la planificación, el consejero confirma que al inicio de legislatura solo dos planes hidrológicos estaban aprobados en Canarias: "Hemos terminado en dos años la planificación retrasada que debía estar lista en 2021". En el nuevo ciclo se fijan prioridades claras para Fuerteventura, entre ellas la desaladora del sur y la actualización de los planes de riesgo de inundación.
Sobre los motivos del retraso de una desaladora en el sur —generar un punto de producción paralelo a mejorar las redes de transporte, concentradas actualmente en las zonas centro y norte de la isla— Miranda explica que la tramitación previa es su fase más lenta.
"Puedes estar tres, cuatro o cinco años arreglando papeles y autorizaciones", y que para eso "el dinero siempre aparece. Lo que faltan son proyectos maduros".
Las inversiones son importantes por tanto no solo en abastecimiento, sino también en materia de depuración de aguas. El consejero recuerda que la EDAR de Puerto del Rosario está sobrepasada: "Una depuradora diseñada para 3.000 metros está en torno a 4.000; si le metes más agua de la que puede gestionar, no saca la calidad para la que fue diseñada".
Gestión del territorio y sanciones desde Europa, el caso de Majanicho
Miranda vincula la gestión del agua con el urbanismo en Canarias, porque "la gente empieza a construir cerca de los bordes de los barrancos y un día pasa una desgracia". Advierte que Europa sanciona por vertidos y falta de saneamiento, y recuerda que "cuando llegue la sanción, la acabará pagando el ayuntamiento responsable".
En materia territorial, responde a un caso ilustrativo de este tipo de sanciones, el de Majanicho con el complejo turístico Origo Mare, donde la UE sancionó a España por su construcción afectando a una zona ZEPA (zona de especial protección de aves, incluida en Red Natura) y derivando estas responsabilidades a las administraciones canarias.
La solución para evitar las sanciones al Ayuntamiento de La Oliva, que fue quien autorizó el complejo veinte años atrás, fueron finalmente una serie de medidas compensatorias. "Cada seis meses hay que sentarse en Madrid con la Comisión Europea y explicar qué se ha hecho". El Gobierno trabaja con Ayuntamiento y Cabildo para retirar la urbanización ejecutada y desbloquear los suelos afectados.
La presión en la costa norte de La Oliva y la capacidad de carga de la isla también están sobre la mesa. "Es complicado controlar miles de personas con pocos agentes; hay que replantearse el modelo y hasta dónde queremos crecer turísticamente".
Sobre el planeamiento municipal, Miranda afirma que Pájara avanza en su nuevo plan general y que La Oliva requiere una ordenación actualizada: "Es el municipio que más está creciendo; hay que evitar un despiporre que genere desequilibrio y tensión".
En este sentido, destacó el papel que juegan empresas públicas como GESPLAN o Gestur, que actúan como medio propio asumiendo tareas de planeamiento y urbanismo.
Los retrasos de planeamiento insular y municipal en Fuerteventura
Además de contar con un Plan Insular de Ordenación que no se actualiza desde 2001, Fuerteventura también acumula retrasos de planeamiento a nivel municipal. Miranda repasó la situación en cada ayuntamiento, destacando que el Gobierno de Canarias trabaja de la mano de Pájara para sacar adelante un nuevo plan general. En este sentido, valoró que existe una coordinación fluida entre ambas administraciones, y que en el sur de la isla están implicados, "se nota que hay preocupación".
En el caso de La Oliva, advierte que es el municipio con mayor presión urbanística y residencial, lo que exige una ordenación actualizada. Subraya que el crecimiento debe evitar "un despiporre" que genere desequilibrios, tensiones y expansión descontrolada en los asentamientos.
Tuineje y La Oliva continúan funcionando con normas subsidiarias, un régimen provisional que limita su capacidad de planificación detallada y obliga a tramitar numerosas modificaciones puntuales. Miranda recuerda que esta situación condiciona la respuesta a la demanda residencial y turística.
Antigua dispone de un plan general en vigor, aunque con la necesidad de abordar modificaciones y ajustes para adaptarlo a las demandas actuales. Y en Puerto del Rosario, que sí tiene planeamiento general aprobado desde 2017, lo que le permite un mayor margen operativo en gestión de suelo y desarrollo urbano respecto a otros municipios.
Betancuria, por su parte, se rige por la normativa del Parque Rural, que actúa como instrumento de ordenación y protege el territorio mediante criterios específicos de uso y conservación.
Una oficina de consulta jurídica para apoyo a los cabildos y ayuntamientos, una especie de Oficina Técnica impulsada por el Gobierno de Canarias para todo el Archipiélago, es algo que está resultando en "un éxito rotundo", subrayó Manuel Miranda.
Para facilitar que los ayuntamientos con menos recursos tramiten licencias, informes y expedientes con mayor agilidad, explica que la oficina prepara la documentación completa para que el técnico municipal pueda asumirla y firmarla, reduciendo la carga administrativa y permitiendo avanzar en planeamiento y gestión urbanística.
En este sentido, recuerda que muchos ayuntamientos de Canarias cuentan con "un técnico y un jurista como mucho", lo que dificulta gestionar expedientes urbanísticos, jurídicos o de contratación.
Emergencias y 112 en Canarias
Miranda explica que Canarias opera con dos salas del 112, en Gran Canaria y Tenerife, configuradas como sistemas espejo para garantizar continuidad: "Tú puedes estar mandando una emergencia aquí y por lo que quiera que sea te puede estar respondiendo el señor que está en Santa Cruz de Tenerife".
Sobre las dudas que puede generar el no contar las islas periféricas con centros de coordinación, destaca que los protocolos permiten una activación inmediata de los recursos disponibles. "La reacción de las salas del 112 es inmediata; funcionan a las mil maravillas", dijo, añadiendo que se trabaja en incorporar nuevas herramientas como la transmisión de vídeo para mejorar la atención en incidentes.
El consejero respondió también sobre la huelga anunciada en GCC, indicando que los servicios mínimos están garantizados al 100 % en el Centro Coordinador de Emergencias (CECOCES). "Tú no puedes una sala donde recibes las emergencias dejar tres o cuatro puestos y que la gente te llame por un accidente y tú no tengas quién te responda".
Sobre la futura integración de la parte de emergencias de esta empresa en GESPLAN, afirma que el cambio no afectará al servicio: "No va a haber perjuicio alguno", y recuerda que la subrogación mantiene las condiciones laborales y que el modelo operativo del 112 permanece intacto.
