Mientras las administraciones españolas no han terminado de celebrar la retirada de 86.275 anuncios de viviendas vacacionales, principalmente en plataformas como Airbnb o Booking, por carecer del nuevo registro estatal, la llamada Ventanilla Única, Europa ha dado un varapalo a la medida.
La Comisión Europea ha dado un ultimátum al Gobierno de España, que debe resolver antes del 20 de mayo de 2026 la duplicidad de registro que se está dando con las regulaciones autonómicas, como es el caso de Canarias con la nueva Ley de Vivienda Turística.
Según el ejecutivo comunitario, el registro debe producirse en la administración que tiene las competencias, las comunidades autónomas, y el Estado simplemente debe actuar como un canalizador de los datos hacia Bruselas.
La llamada Ventanilla Única Digital (Real Decreto 1312/2024), que obliga a los propietarios de viviendas en alquiler vacacional a inscribirse en el Registro de la Propiedad, dependiente del Estado, choca frontalmente con las directrices de la Unión Europea.
Y además, lo que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) promocionó como una victoria contra el fraude y una solución a la crisis habitacional, está pendiente también del pronunciamiento del Tribunal Supremo, después de que las asociaciones de alquiler vacacional impugnaron la medida.
Así que para poder resolver la proliferación de alquileres turísticos y el consecuente encarecimiento del alquiler de larga duración, al menos en este punto, las autoridades españolas, estatal y autonómicas, tendrán que coordinarse.
Ventanilla Única Digital, un sistema con un 20% de error
La Federación de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (FAPAVAT), una plataforma que ha impulsado la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV), ha denunciado públicamente una situación que considera dirigida a "erradicar" los derechos de propietarios legítimos.
La magnitud del bloqueo queda reflejada en las cifras analizadas: de las 421.253 solicitudes recibidas por el registro estatal en el último año, un 20% han sido rechazadas, según datos difundidos por EL PAÍS.
13.700 propietarios canarios, en el limbo
Según esos datos, el archipiélago canario es la segunda comunidad con más rechazos de todo el país, con un total de 13.700 solicitudes de registro que no han sido admitidas en el registro estatal.
Esto no significa que los propietarios no puedan seguir comercializando su vivienda vacacional. Pueden hacerlo, si cumplen la Ley Canaria. Pero se encuentran con el muro de las plataformas, ya que Booking o AirBnB retirarán su anuncio si no acreditan contar con el código NRUA, que es el que otorga el registro estatal gestionado por los registradores de la propiedad.
Mil viviendas "ilegales" en Fuerteventura
Aunque los datos difundidos no son oficiales ni de libre acceso, distintos medios y organismnos coinciden en que son 13.700 las viviendas vacacionales afectadas en Canarias, la mayoría están en municipios turísticos como San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, y Adeje o Arona en Tenerife.
En Fuerteventura, serían 942 anuncios (más del doble que hace un año) los que deben retirarse solo en el municipio de La Oliva.
Situación distinta es la de Pájara, donde aun contando con una enorme cantidad de propiedades en alquiler turístico, es de los pocos municipios de Canarias que ya cuenta con una ordenanza municipal específica, junto con Granadilla de Abona y Las Palmas de Gran Canaria.
El origen de la resolución europea está en Andalucía
Aunque el conflicto afecta a toda España, el pronunciamiento clave de la Comisión Europea (CE) no surge del decreto estatal directamente, sino de la supervisión de la Ley de Turismo Sostenible de Andalucía. Al revisar esta norma, Bruselas detectó la colisión con el derecho comunitario.
La CE aprovechó la tramitación andaluza para recordar a España que el Reglamento Europeo 2024/1028 está por encima de cualquier norma nacional. "Es Bruselas la que recuerda que el reglamento europeo prohíbe someter una misma vivienda a más de un procedimiento de registro cuando ya existe uno obligatorio" expuso la Federación de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos.
ASCAV, impulsora de FAPAVAT, entiende que el pronunciamiento europeo es al mismo tiempo un "espaldarazo" al recurso que presentó ante el Tribunal Supremo al día siguiente de entrar en vigor la Ventanilla Única (Real Decreto 1312/2024), "que ya se encuentra en fase de visto para sentencia".
Para el colectivo, resulta "especialmente grave que dicho Real Decreto haya estado causando "la erradicación de viviendas turísticas en manos de miles de propietarios privados y empresas gestoras, que eran plenamente legales".
También consideran que el decreto vulnera la Constitución Española, al otorgar al Gobierno central competencias que corresponden exclusivamente a las comunidades autónomas en materia de regulación de alojamientos turísticos.
FAPAVAT nunca se ha negado a una regulación, ni a un “registro único” europeo, ni a cualquier normativa que dé seguridad jurídica al sector, concluyó la federación.
