El Ayuntamiento de La Oliva mantiene su intención de implantar una tasa turística, que sería la segunda en toda Canarias tras el experimento en Mogán, que ha recibido un fuerte varapalo judicial con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anulando la ordenanza aprobada en el municipio grancanario.
El partido del alcalde de La Oliva, Asamblea Majorera - Coalición Canaria, considera que el fallo no cierra la puerta a este tipo de instrumentos de financiación y anuncia que analizará con detalle la resolución para introducir las modificaciones que sean necesarias antes de continuar con su tramitación.
Así lo anunció la formación nacionalista en un comunicado, aprovechando para poner la pelota en el tejado de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Para Asamblea Majorera, el fallo judicial no pone fin al debate sobre la tasa turística, sino que evidencia la necesidad de que la consejera autonómica -la majorera Jéssica de León (PP)- impulse un marco jurídico claro que permita a aquellos ayuntamientos que lo consideren oportuno disponer de esta herramienta con todas las garantías legales.
Desde AM-CC recuerdan que municipios como La Oliva soportan una presión diaria muy superior a la que reflejan sus cifras de población. Servicios como la limpieza, la seguridad, el mantenimiento de espacios públicos, la movilidad o la conservación del litoral deben dimensionarse para atender no solo a los vecinos, sino también a decenas de miles de visitantes que disfrutan del destino durante todo el año.
En este sentido, la formación recuerda que el propio alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, ya había explicado que un municipio de poco más de 30.000 habitantes presta servicios diariamente a cerca de 60.000 personas, una realidad que obliga a buscar nuevas vías de financiación para mantener unos servicios públicos de calidad sin que ese esfuerzo recaiga exclusivamente sobre los residentes. Bajo esa premisa nació el estudio de la tasa turística impulsado por el Ayuntamiento para que quienes disfrutan del destino puedan contribuir también a su mantenimiento.
El PP cuestiona que la tasa pueda aplicarse este año
El Partido Popular de La Oliva, por su parte, ha planteado que la sentencia del TSJC es un revés para la intención del Ayuntamiento de implantar una tasa turística durante el presente ejercicio. El portavoz municipal, José Vicente Calero, sostiene que el fallo confirma las dudas jurídicas que, según el PP, ya había advertido la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias sobre el modelo impulsado inicialmente por Mogán.
Calero critica además que el grupo de gobierno incluyera en los presupuestos municipales de 2026 una previsión de ingresos vinculada a la futura tasa. A su juicio, tras la resolución judicial "la pregunta es evidente: ¿qué gastos va a dejar de ejecutar ahora el Ayuntamiento? ¿Dónde va a recortar?", en referencia a los recursos que el consistorio esperaba obtener con esta medida.
El portavoz popular sostiene también que el Ayuntamiento anunció la implantación de la tasa antes de completar la tramitación administrativa necesaria, al no haberse aprobado todavía la correspondiente ordenanza fiscal. Por ello, acusa al grupo de gobierno de haber generado "falsas expectativas" sobre una medida que, a su juicio, carecía aún del respaldo jurídico suficiente.
Como alternativa, el PP defiende la implantación de tasas vinculadas al acceso a espacios naturales de alta presión turística, como la Isla de Lobos o Calderón Hondo, al considerar que presentan una mayor solidez jurídica y permitirían destinar los recursos obtenidos a la conservación de estos espacios, con exención para los residentes.
Ser "cautos" y "mejorar la ordenanza"
El concejal de Hacienda, Juan José Rodríguez, explicó en declaraciones a Radio Sintonía que el Ayuntamiento ya ha comenzado a estudiar la sentencia y las valoraciones realizadas por distintos juristas. "La sentencia no cierra la puerta totalmente", afirmó, al entender que el tribunal exige una mayor precisión en la justificación jurídica de la tasa, especialmente en la identificación de los servicios que financia y del beneficio que reciben quienes la abonan.
Rodríguez aseguró que el Ayuntamiento actuará con prudencia antes de adoptar una decisión definitiva. "Hay que ser cauto" y analizar "qué cosas son mejorables en nuestra ordenanza". Si los informes jurídicos lo avalan, añadió, la intención municipal es "corregir aquellas cosas que fueran necesarias y continuar adelante".
El responsable de Hacienda defendió además que la propuesta elaborada por La Oliva ya incorpora una metodología para calcular el coste de los servicios atribuible a la actividad turística. "Sinceramente nosotros consideramos que está bastante bien explicado en nuestra ordenanza" y "yo creo realmente que nuestra tasa lo justifica", sostuvo.
El Ayuntamiento mantiene que la nueva fuente de financiación permitiría reforzar servicios públicos como la seguridad, la limpieza o las políticas de vivienda. Según el estudio económico encargado por el consistorio, la tasa podría generar unos seis millones de euros anuales. "No he encontrado otra fórmula de financiación para hacer frente a la mejora de los servicios", afirmó Rodríguez, quien recordó que municipios como La Oliva deben dimensionar muchos de sus contratos para atender a una población muy superior a la empadronada.
El debate jurídico por un lado y, el político, por otro
La sentencia del TSJC no cuestiona que los municipios turísticos soporten un mayor coste por la presión de visitantes ni niega que puedan buscar nuevas vías de financiación. Lo que anula es la ordenanza concreta de Mogán al considerar que no identifica con suficiente precisión los servicios que justifican el cobro de la tasa y la relación directa entre esos servicios y quienes la pagan.
Ese matiz es precisamente el que el Ayuntamiento de La Oliva pretende estudiar antes de continuar con la tramitación de su propuesta. La alcaldesa de Mogán ya ha confirmado que el ayuntamiento recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo, por lo que no está resuelto todavía si será posible la implantacón de una tasa turística en Canarias, una medida que sí han implementado con éxito otras comunidades, como Baleares, o a nivel municipal la ciudad de Barcelona.
