El TSJC tumba la tasa turística de Mogán, que seguirá en vigor mientras resuelve el Supremo
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado la ordenanza que regula la tasa turística del Ayuntamiento de Mogán, la única implantada hasta ahora en el archipiélago, al considerar que la norma no concreta suficientemente los servicios municipales que justifican el cobro a los turistas que pernoctan en el municipio. El Ayuntamiento ya ha confirmado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo estima así el recurso presentado por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) y declara nula la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicios y Realización de Actividades Derivadas de la Acción Turística y la Obligación de Sostenibilidad, aprobada por el pleno municipal el 28 de febrero de 2025.
La sentencia no cuestiona que Mogán soporte una elevada presión turística ni que esa actividad genere un mayor coste para los servicios públicos. De hecho, los magistrados reconocen que el municipio acreditó esa realidad con datos objetivos y que existen servicios municipales afectados directamente por la actividad turística.
El motivo por el que el TSJC anula la ordenanza es otro. La Sala concluye que el hecho imponible está definido de forma excesivamente amplia e indeterminada, ya que la norma alude de forma genérica a servicios relacionados con la promoción turística, el patrimonio histórico y cultural, el medio ambiente o el sector primario, sin concretar con la precisión exigible cuáles son los servicios específicos que recibe el contribuyente y que justifican el pago de la tasa. Esa falta de concreción, según el tribunal, vulnera el principio de seguridad jurídica y obliga a declarar la nulidad de la ordenanza.
Mogán cuenta con 21.175 habitantes empadronados y una capacidad alojativa de 21.575 turistas. El consistorio defendió ante el tribunal que esa presión turística incrementa el coste de los servicios públicos municipales.
Mogán recurrirá al Tribunal Supremo y la tasa seguirá vigente por ahora
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, tras conocer la sentencia, confirmó en sus redes sociales que el Ayuntamiento interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo al considerar que la ordenanza se ajusta a la legalidad. Según explicó, el consistorio defiende que la tasa está destinada a contribuir al coste de servicios como la gestión del agua, los residuos o la promoción de un turismo más sostenible.
Bueno sostuvo que "es justo que quienes disfrutan de nuestro destino contribuyan también al mantenimiento de los servicios públicos que utilizan durante su estancia, evitando que ese coste recaiga únicamente sobre los residentes". En este sentido, afirmó que "los vecinos y vecinas de Mogán no tienen por qué asumir en solitario el déficit que generan estos servicios públicos".
La alcaldesa añadió además que, mientras la sentencia no sea firme, la tasa turística continuará vigente. No obstante, precisó que los fondos recaudados permanecerán congelados hasta que concluya el procedimiento judicial, que podría marcar un precedente para futuros municipios turísticos que pretendan implantar un gravamen similar.
Cronología, de la aprobación en Mogán al fallo del TSJC
- 28 de febrero de 2025. El Pleno del Ayuntamiento de Mogán aprueba definitivamente la ordenanza que regula la tasa turística.
- 10 de marzo de 2025. La ordenanza se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.
- 11 de marzo de 2025. La tasa entra oficialmente en vigor.
- 12 de marzo de 2025. El TSJC acuerda la suspensión cautelar de la ordenanza tras el recurso presentado por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT).
- Finales de marzo de 2025. El TSJC levanta la suspensión cautelar al considerar que los perjuicios alegados son de carácter económico y que podrían repararse si finalmente prosperaba el recurso.
- 27 de marzo de 2025. Mogán comienza a cobrar la tasa, convirtiéndose en el primer y único municipio de Canarias en implantar este gravamen, con un importe de 15 céntimos por persona y noche.
- 28 de mayo de 2026. El TSJC dicta sentencia y anula la ordenanza al considerar que no concreta suficientemente los servicios que justifican el cobro de la tasa.
- 14 de julio de 2026. La alcaldesa, Onalia Bueno, confirma que el Ayuntamiento recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo. Mientras el fallo no sea firme, la tasa continúa vigente, aunque los fondos recaudados permanecerán congelados.
La sentencia afecta al debate abierto en La Oliva
El fallo del TSJC llega cuando el Ayuntamiento de La Oliva mantiene abierto el estudio de viabilidad para implantar una tasa turística en el municipio, una iniciativa anunciada el pasado mes de junio con el objetivo de analizar su encaje económico y jurídico antes de adoptar una decisión política.
Hasta ahora, el principal precedente en Canarias era la experiencia de Mogán como único municipio que había logrado poner en marcha este tipo de gravamen. La anulación de su ordenanza convierte ahora la sentencia del TSJC en una referencia jurídica de primer orden para cualquier futura iniciativa similar en el archipiélago, al fijar los requisitos de concreción que deberá cumplir una eventual tasa turística para superar el control de los tribunales.