Frente a las protestas que se han venido sucediendo en Canarias, clamando por un cambio de modelo, el Gobierno de Canarias se mantiene firme en su rechazo a la implantación de una tasa turística.
No obstante, en un momento de su entrevista con Fuerteventura Digital, la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, esbozó una próxima medida, aun por definir jurídicamente, dirigida a que los grandes agentes del sector turístico, contribuya a cuidar Canarias con su propio capital, y "no con el de la clase media y trabajadora".
El archipélago canario, a pesar de los cotinuos récords de llegada de turistas, al creciente volumen de negocio de una industria turística puntera a nivel globlal, ha experimentado en los últimos años -con gobiernos autonómicos de distinto sino- un emprobrecimiento de la población; si bien se trata de un fenómeno global, al menos en el mundo occidental, y paralelo a la cada vez mayor concentración de la riqueza y al incremento de la desigualdad.
¿Cómo redistribuir esa riqueza? Jéssica de León afrontó este planteamiento, adelantando que su equipo de la Consejeria de Turismo trabaja en una fórmula dirigida a involucrar al "gran capital" en la protección del territorio, porque asegura, "Canarias es su negocio".
Por lo tanto, dijo, "quien tiene que aportar es el que está haciendo negocio con Canarias, no el turista que viene aquí a pasar sus vacaciones". "A esa gran empresa que está operando en Canarias, tenemos que involucrarla en el cuidado de su propio negocio, y hacerlo con su capital. Y lo vamos a hacer", aseguró.
"No vamos a permitir que grandes tenedores consuman el parque residencial"
El nuevo decreto de alquiler vacacional que impulsa el Gobierno de Canarias ha colocado a la Consejería de Turismo en el centro de un debate con distintos grupos de presión, tanto económicos, como políticos, desde el lado del alquiler vacacional, y tamibién por parte de hoteleros y empresarios de las islas, que se han sumado al fenómeno.
“Durante todo este tiempo hemos asistido a un discurso guerracivilista contra la consejería”, afirma, en referencia a los ataques recibidos por parte de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacacional (ASCAV ): "Lo único que he dicho es: el que está y cumple, se queda; el que es ilegal, se va. Creo que esto es perfectamente normal y entendible"
Sobre los grupos de presión, djio que operan desde distintos frentes. "En el alquiler vacacional hay pequeños propietarios, pero también hoteleros, inmobiliarias y mucha especulación sobre el suelo residencial. Y hay partidos políticos que se ponen detrás de uno u otro en función del arrastre que tenga ese voto", aseguró.
En cuanto a la explotación en régimen de alquiler turístico de edificios enteros, dijo que no "actúan como hoteles, y no son hoteles. No tributan como hoteles, no emplean como hoteles. La ley también va a castigar eso".
En cuanto a las cifras, la consejera desconfía de los datos proporcionados por ASCAV, que acusa al ejecutivo canario de intentar sacar del mercado al 90% de la oferta. "Siempre es el 90%", responde. "O sea, que deben de tener un censo que el 10% son legales. Porque si no, no se entiende".
Al menos 8.000 viviendas vacacionales, un 16% del total, en manos de extranjeros
El Gobierno estima unas 70.000 licencias de alquiler vacacional en Canarias, de las cuales solo unas 47.000 están realmente en comercialización. Un 49% están en manos de propietarios individuales, y de ese 49%, el 29% resulta que son extranjeros, indicó de León.
Aunque también explica que no es posible conocer la cifra real, cuando el registro es a nombre del explotador, y no del propietario. La Ley prohíbe la acumulación masiva de unidades en un mismo edificio con fines turísticos. "No vamos a permitir que se consuma el parque residencial". "Ahí sí que le ponemos coto al gran tenedor. Pero también se lo ponemos al empresario que está especulando con el suelo residencial".
"Airbnb o Booking no tributan en Canarias"
De León indicó que aunque el número de inspectores turísticos en Canarias se sitúa en torno a la veintena, subrayó que "hoy con un scrapping sencillo, se detectan todos los anuncios ilegales".
Tras un proceso de diálogo y también de desencuentros con las principales plataformas, como Airbnb o Booking, reconoce una mayor colaboración para frenar el alquiler vacacional ilegal, y una de las claves para ello es la colaboración.
Según De León, la Consejería trabaja ya con herramientas tecnológicas que permiten detectar irregularidades en los anuncios publicados en estas plataformas, y así identificar viviendas sin licencia, casetas de campaña, barcos o cualquier otra unidad ilegal ofertada como alojamiento.
La consejera señaló que las plataformas han cambiado su discurso porque hay un reglamento europeo que obliga a los estados miembros la capacidad de sancionar a las plataformas que comercialicen anuncios ilegales, y que en Canarias se va a aplicar "con firmeza".
También se mostró crítica con que el volumen de negocio generado por estas plataformas, que no tributa en el archipiélago. Frente a este modelo, la consejera subraya que la inspección se apoyará en herramientas tecnológicas y en la nueva legislación para garantizar que las unidades ofertadas estén registradas, cuenten con licencia y cumplan las condiciones legales y fiscales que se exigen al resto de operadores turísticos.
Redistribución frente a la tasa turística
De León se mantiene firme en su rechazo a la tasa turística, una propuesta apoyada por los grupos que critican el turismo masivo. Y aunque "el turista, seguramente, estaría encantado de pagarla, no es él a quien tenemos que pedirle ese compromiso". En su opinión, para consguir "un reparto más justo de los beneficios", la clave se encuentra en la competividad.
Alojamiento turístico en bodegas, y explotaciones agrícolas o ganaderas
Otro de los temas que abordó la entrevista fue la nueva normativa de acampadas y turismo de naturaleza, bajo el nombre de Reglamento de Ocio al Aire Libre, explicó los principios de una herramienta que facilitará a los cabildos y ayuntamientos ordenar sus zonas de acampada.
Como novedad, permite que explotaciones agrícolas, ganaderas o bodegas puedan incorporar alojamiento turístico, hasta un máximo de 12 plazas y en instalacions preexistentes.
