El Gobierno de Canarias ha dado inicio este lunes al proceso de consulta pública previa para la elaboración de la futura Ley de Turismo, que reemplazará las leyes actuales de Ordenación del Turismo de 1995 y de Renovación y Modernización Turística de 2013. Hasta el próximo 8 de agosto, organizaciones, colectivos y ciudadanos podrán aportar sus sugerencias a través del Portal de Participación Ciudadana del Ejecutivo autonómico.
La iniciativa surge ante la obsolescencia normativa detectada en la legislación actual y la necesidad urgente de unificar criterios ante el crecimiento exponencial y las nuevas modalidades del sector turístico en el archipiélago. Según el informe previo emitido por la Viceconsejería de Turismo, la actual normativa ha generado "interpretaciones contradictorias y ambiguas", especialmente en cuanto al principio de unidad de explotación turística y la coexistencia de usos turístico y residencial en las mismas áreas.
La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, subrayó en un comunidado que esta nueva regulación tiene como objetivo fundamental "actualizar una norma que pretende responder a los retos actuales y futuros del sector desde una perspectiva sostenible, participativa y adaptada al contexto insular". Asimismo, De León remarcó la necesidad de integrar ambas leyes en una sola normativa que estructure el turismo para "los próximos treinta años".
Resolver problemas y unificar criterios en la Ley de Turismo de Canarias
Entre los principales problemas que abordará la nueva ley destacan la necesidad de renovar zonas turísticas degradadas, garantizar una convivencia sostenible entre los usos turísticos y residenciales, y resolver la crisis habitacional provocada por la proliferación del alquiler vacacional. Además, buscará establecer claramente las competencias administrativas, promover la sostenibilidad ambiental, económica y social, e incluir un marco regulatorio adaptado a las nuevas tendencias tecnológicas y de mercado, especialmente en la comercialización digital.
La norma incorporará soluciones jurídicas para paliar la falta de vivienda residencial en áreas turísticas y abordará la renovación integral de infraestructuras obsoletas, aplicando criterios de sostenibilidad arquitectónica y urbanística. Asimismo, prevé mecanismos que permitan la suspensión de licencias en áreas saturadas o insuficientemente dotadas de equipamientos, con el fin de preservar el equilibrio territorial y mejorar la calidad de vida de los residentes.
La futura Ley de Turismo también establecerá un sistema de indicadores de sostenibilidad específicos para Canarias y definirá claramente la especialización y categorización de la oferta alojativa, protegiendo tanto a los consumidores como a los recursos culturales y medioambientales del archipiélago.
Con este proceso participativo, que comenzó en mayo con la colaboración de las universidades públicas canarias, el Ejecutivo busca el consenso social necesario para dotar al sector turístico canario de una normativa coherente y moderna, preparada para afrontar los desafíos del futuro inmediato.
