Como había adelantado Fuerteventura Digital a última hora de este jueves, el operativo de la llamada "Operación Odín" no incluyó la comparecencia de Peña Armas en el Juzgado. La situación procesal de Peña Armas, del técnico municipal J.L.E. y de una tercera persona allegada a la exconcejala de Contratación, es la de investigados.
Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), las "detenciones" practicadas este jueves en Puerto del Rosario fueron efectuadas "de oficio por la Policía", con el fin de impedir posibles "interferencias durante las diligencias de registro". Después de los registros, y de ser acompañados a la comisaría de la Policía Nacional en Puerto del Rosario, donde se acogieron a su derecho a guardar silencio, los tres investigados quedaron en libertad.
Por lo tanto, y así lo han confirmado los servicios de comunicación oficiales del TSJC, en ningún momento ni Peña Armas ni estas dos personas han comparecido en el Juzgado, ni hay decretadas medidas cautelares, como informaron erróneamente medios de comunicación locales. La autoridad judicial, indicó el TSJC, podrá acordar más adelante, sin concretar fechas, "su citación en sede judicial”.
Varios regsitros simultáneos para "evitar interferencias"
El TSJC también aclara que el secreto de sumario se levantó durante la tarde del jueves, y no desde primera hora, como se informó también erróneamente. Igualmente, esta fuente detalla que "las entradas y registros que se llevaron a cabo al mismo tiempo", para "evitar interferencias" por parte de los investigados. Esto añade solidez a las informaciones de fuentes cercanas al caso, que apuntan a que además del operativo en el ayuntamiento de Puerto del Rosario, se realizaron registros en otras dos localizaciones.
En las imágenes difundidas por los medios presentes, el técnico J.L.E. fue visto junto a los funcionarios saliendo de las dependencias municipales. Los otros dos registros habrían tenido lugar en localizaciones asociadas a los otros dos investigados, aunque Fuerteventura Digital no ha podido confimar esta información por fuentes oficiales.
Por último, cabe aclarar que Peña Armas ha negado haber estado detenida, aunque el TSJC sí ha utilizado este término. La detención, en este sentido, por llamarla así, tendría que ver únicamente con el acompañamiento del operativo policial a los tres investigados durante las diligencias de registro.
Al respecto, la formación de la concejala actualmente en la oposición del consistorio capitalino, Fuerteventura Avanza, trasladó en un comunicado que "nuestra compañera Peña Armas ha colaborado plenamente con la investigación judicial”, y defendió “el compromiso absoluto con la legalidad, la transparencia y la colaboración con la justicia".
Operación Odín: Un millón de euros y 36 contratos en entredicho
Lo que no han acalarado ni negado las fuentes oficiales más recientes es el origen de la llamada operación “Odín”. Canarias7 y Diario de Fuerteventura dieron detalles de un caso que el TSJC atribuye a "un comunicado de la Fiscalía", al que Fuerteventura Digital no ha tenido acceso.
Estas informaciones coinciden en que el operativo está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 3 de Puerto del Rosario, con apoyo de la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF de la Policía Nacional para investigar supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos desde el área de Contratación del Ayuntamiento capitalino entre los años 2021 y 2023.
La denuncia tuvo lugar los días previos a las elecciones municipales de 2023, y partió del grupo municipal de Podemos, que en ese momento formabra parte del pacto de Gobierno junto al PSOE, y los concejales del grupo político de Peña Armas.
Las diligencias abarcan al menos 36 contratos menores firmados durante el mandato en el que Peña Armas ejercía como responsable del área de Contratación. Las informaciones más fiables publicadas hasta ahora coinciden en que, por el momento, existen nueve personas investigadas en total, y en dos aspectos que podrían dar lugar a las actuaciones presuntamente irregulares, el fraccionamiento de contratos, y la adjudicación de servicios a personas y empresas allegadas a la entonces concejala del área.
No obstante, se trata de una investigación en curso, y en cualquier caso, la presunción de inocencia asiste tanto a Peña Armas como al resto de investigados.