La restauración del antiguo plan parcial SAU-8 de El Cotillo tendrá que esperar a que las administraciones públicas obtengan la titularidad de la carretera, o a una alternativa que permita acceder al Faro de El Tostón, al norte de la localidad.
La pista que da también acceso a una zona de gran interés turístico, como son las payas de El Marrajo, hasta conectar con la localidad de Majanicho, continúa siendo de titularidad privada, lo cual supone un escollo para poder ejecutar el proyecto de restauración programado.
Este proyecto, elaborado desde el Gobierno de Canarias para evitar sanciones advertidas desde la Unión Europea, debido a los daños ocasionados a espacios de la Red Natura por la urbanización del complejo Origo mare, que se asienta sobre el malpaís de Majanicho, y una parte de él en Zona ZEPA (de especial protección para las aves), contempla una batería de actuaciones para rehabilitar y ordenar una parte importante del litoral costero norte del municipio de La Oliva.
Sin embargo, el proyecto no podrá arrancar hasta que se garantice el uso público de dicha vía, según explicó esta semana el consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, durante una comparecencia parlamentaria.
El grupo parlamentario nacionalista (Coalición Canaria), detalló en un comunicado las explicaciones del consejero, y las preguntas planteadas por la diputada majorera Natalia Évora, del mismo partido.
GESPLAN ejecutará la restauración de Majanicho y El Cotillo
Según detalló el consejero, el objetivo principal de esta actuación es eliminar las construcciones del SAU-8 y devolver el espacio a su estado natural original. Las obras serán ejecutadas por la empresa pública GESPLAN, en el marco de un convenio firmado entre el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Oliva. Miranda estimó que los trabajos podrían comenzar a finales de este año o principios de 2026, siempre que se resuelva el problema del acceso.
El retraso en este proyecto se enmarca en un conjunto de medidas ambientales impulsadas por el Ejecutivo regional para compensar las afecciones provocadas por el desarrollo urbanístico de OrigoMare en Majanicho, que motivaron la apertura de un expediente por parte de la Comisión Europea. El caso afectó al Ayuntamiento de La Oliva, al Gobierno de Canarias y al Cabildo, tras constatarse que la urbanización se había ejecutado sin evaluación ambiental previa, vulnerando las directivas de hábitats y aves.
En su intervención en la Comisión de Política Territorial del Parlamento de Canarias, la diputada majorera Natalia Évora (CCa) recordó que el expediente europeo se resolvió tras el compromiso de Canarias de aplicar una batería de acciones correctoras, entre las que figura la rehabilitación del SAU-8. “Faltó liderazgo durante la legislatura anterior, y eso casi nos cuesta una sanción”, señaló la diputada.
Entre los avances ya ejecutados, el Ejecutivo destaca la ampliación de la ZEPA en Fuerteventura y la propuesta de un nuevo LIC en La Oliva (la Cueva del Llano). En paralelo, se tramita el Plan de Recuperación de la hubara y otros proyectos vinculados al entorno de Majanicho.
Compromisos europeos por la afección ambiental de OrigoMare
El Gobierno de Canarias debe ejecutar, en el marco de este proyecto, una batería de acciones correctoras como parte del acuerdo alcanzado con la Comisión Europea tras la apertura de un expediente sancionador por el desarrollo urbanístico de Origo Mare en suelo protegido sin evaluación ambiental previa.
Entre las medidas comprometidas figuran:
- La rehabilitación del plan parcial SAU-8, actualmente paralizada por la situación de la pista de acceso.
- La ampliación de la Red de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en Fuerteventura, ya culminada.
- La propuesta de un nuevo Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) en la Cueva del Llano.
- La redacción del Plan de Recuperación de la hubara y proyectos de reordenación ambiental en Majanicho, aún en tramitación.
Según el Gobierno de Canarias, estas medidas evitaron una posible sanción por parte de la Unión Europea y representan un esfuerzo de coordinación entre el Ejecutivo autonómico, el Ayuntamiento de La Oliva y el Cabildo de Fuerteventura.
