La Plataforma No Tierras Raras Fuerteventura ha advertido este jueves sobre las consecuencias ambientales, sociales y para la salud que podría ocasionar la implantación de una mina de tierras raras a cielo abierto en la isla.
El colectivo considera que se trata de un asunto “tremendamente serio" que “transformaría por completo la vida de Fuerteventura”, y expone entre las protestas, que la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias continúa ocultando información.
También se han hecho eco, en un comunicado remitido a los medios, que hay otra empresa que ha presentado más solicitudes de exploración, además de las concedidas en su día al grupo SATOCAN. En este sentido, expresan sus temores sobre la reactivación de estos expedientes, aunque el Gobierno canario ha garantizado que se encuentran paralizados.
Dos solicitudes más de exploración, y silencio ante las solicitudes de información
A pesar de ello, el colectivo denuncia sobre el estado administrativo del proyecto, que las solicitudes de investigación minera de la empresa Satocan “siguen vivas” y afirma que se han sumado “dos solicitudes más por otra empresa”.
En este contexto, cuestionan la actitud de las administraciones públicas implicadas y eluden responsabilidades políticas: “Parece que algunos políticos no se den cuenta que decisiones tomadas con extrema ligereza provocarán daños incalculables”.
Consideran que es “igualmente grave la incapacidad", o el hecho de no querer corregir esta decisión tomada "con extrema ligereza”, así como “no tomar urgentemente medidas para proteger a la población ante estas tremendas amenazas”.
Desde la Plataforma critican la falta de transparencia: “La Consejería de Economía e Industria no contesta a la solicitud de acceso a la información de los expedientes. Transparencia no obtiene acceso. El Cabildo de Fuerteventura no obtiene acceso. ¿Qué está ocultando Industria? ¿Qué está ocultando el Gobierno de Canarias?”, se preguntan.
En este apartado de su comunicado, la Plataforma parece aludir a las recientes informaciones de Diario de Fuerteventura, que en su edición impresa de junio ha publicado un reportaje en el que revela que otra empresa, La Roche Bayanna, ha solicitado otros dos permisos de exploración al Gobierno de Canarias, "en terrenos que coinciden con los que quiere Satocan".
Esta información parte del diputado majorero Manuel Hernández Cerezo (PSOE), que obtuvo esa respuesta del Gobierno canario, aunque el ejecutivo también señaló que su admisión está “paralizada”.
Efectos tóxicos y de salud por la extracción de 7 kilos de tierras raras por tonelada
Según la plataforma, este tipo de explotaciones implica el movimiento de millones de metros cúbicos de tierra y piedra que generarían “polvo y calima interminable en Fuerteventura”. Denuncian también que durante el proceso de separación de los minerales se utilizan “sustancias químicas tóxicas y contaminantes” que liberan nubes de gases con ácido clorhídrico, cuyo efecto se extendería por la isla “con la ayuda de los Vientos Alisios”.
El colectivo denuncia que por cada tonelada tratada solo se extraen entre 7 y 10 kilos de tierras raras, mientras “se quedarán aquí 993 kilogramos de desechos tóxicos conformados por ácido sulfúrico, dióxido de azufre, ácido fluorhídrico, agua acidificada y desechos de materiales radioactivos”. Aseguran que “todo se verterá al mar” y que “los daños ambientales serán enormes”.
En cuanto a los efectos sociales y económicos, apuntan a “un aumento importante de cáncer, leucemia, enfermedades cardíacas y respiratorias” y alertan del impacto sobre la economía turística: “Adiós al turismo, nadie quiere ir de vacaciones a un vertedero de productos químicos inmerso en aire tóxico”.
La Plataforma se muestra escéptica ante la posible fiscalización de estos impactos y sostiene que “obviamente no” habrá responsables: “Se nos dirá que todo se hará en pleno respeto del medioambiente y que el incremento de las enfermedades no está relacionado con la actividad minera”.
En el cierre del comunicado, el colectivo interroga directamente a los máximos responsables del Ejecutivo autonómico: “¿Manuel Domínguez y Fernando Clavijo no tienen nada que decir sobre el tema?”. Y concluye con un mensaje de advertencia: “Aún estamos a tiempo de poner remedio, pero actúen de una vez antes de que sea demasiado tarde”.
