En la isla, el mayor número corresponde al municipio de La Oliva, con 484 viviendas, seguido de Antigua (216), Pájara (116), Tuineje (60) y Puerto del Rosario (58).
En total, el Ministerio ha identificado 8.698 pisos turísticos irregulares en toda Canarias. O al menos, así lo ha denunciado el Partido Socialista de Fuerteventura, en un comunicado remitido a los medios.
Críticas del PSOE a la gestión de vivienda en Canarias
El diputado socialista por Fuerteventura, Manuel Hernández, denunció lo que calificó como "ceguera política" de la consejera de Turismo, Jéssica de León, al no actuar contra la desaparición de viviendas del mercado residencial ni la subida de precios.
"Esa ceguera ha agravado el problema habitacional en Fuerteventura con la gestión irresponsable de la regulación del alquiler vacacional", aseguró.
Para Hernández, la orden del Ministerio de retirar los anuncios constituye "una medida concreta, efectiva y real", frente a lo que considera la inacción del Gobierno de Canarias en materia de vivienda.
Aunque cabe destacar en este punto, que la Consejería de Turismo sí ha iniciado una nueva regulación del alquiler vacacional en Canarias, la cual a su vez rechaza las asociaciones de propietarios por lo contrario, es decir, por restrictiva.
Medidas inmediatas
El PSOE de Fuerteventura destacó que la actuación del Ministerio repercute directamente en la disponibilidad y precio de la vivienda de alquiler en la isla, afectando de forma especial a familias residentes que encuentran cada vez más dificultades para acceder a un hogar.
"Hasta medidas tan obvias como aflorar viviendas ilegales simplemente verificando que cumplen o no la legalidad la ha resuelto el Ministerio desde Madrid", subrayó el diputado socialista.
Vivienda vacacional, un enfrentamiento normativo y dialéctico
El anuncio del Ministerio llega en pleno debate sobre la Ley de Uso Turístico de Viviendas que tramita el Parlamento de Canarias, con la que el Ejecutivo regional calcula que cerca de un 30 % de los inmuebles turísticos podrían reincorporarse al mercado residencial.
Al mismo tiempo, el área de Turismo del Gobierno autonómico ha anunciado también la colaboración de plataformas de venta como Airbnb o Booking, para retirar del meracado anuncios irregulares.
Por su parte, el PSOE ya había defendido anteriormente la retirada de pisos turísticos ilegales como una acción necesaria frente al vacío normativo, mientras asociaciones de propietarios como FAPAVAT cuestionan que estas viviendas vayan a destinarse realmente al alquiler residencial, pues denuncian, la regulación puede favorecer a fondos de inversión.
