La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha solicitado la derogación del registro único de alquileres tras la aplicación del Real Decreto estatal y de la nueva orden VAU 1560/2025, al considerar que invade competencias autonómicas, crea un doble registro y genera inseguridad jurídica en los propietarios.
Así lo expuso el ejecutivo canario en un comunicado, tras la Conferencia Sectorial de Turismo celebrada en Madrid, y coincidiendo en este sentido con las reclamaciones que viene haciendo el colectivo de propietarios, a través de entidades como ASCAV.
Según detalla el comunicado, el Ministerio de Industria y Turismo confirmó que, de los 415.000 números de registro únicos de arrendamientos que actualmente se comercializan en plataformas, solo 27.700 han conseguido completar el trámite y depositar el registro de arrendamientos del año anterior. El plazo para hacerlo finaliza el 2 de marzo y, de no completarse el proceso, los propietarios serán dados de baja automáticamente, debiendo asumir de nuevo un coste económico si desean reactivar la vivienda.
La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, trasladó al ministro Jordi Hereu y a la secretaria de Estado, Rosario Sánchez, la petición de suprimir este registro al entender que el Reglamento Europeo es de aplicación directa y que no era necesario un decreto estatal adicional. “El Reglamento Europeo es de aplicación directa, no hacía falta un Decreto del Gobierno de España que ha generado una burbuja en las Comunidades Autónomas con ese doble registro: lo que para Canarias es legal, para los Ministerios de Vivienda y de Turismo no lo son. Ni Canarias puede darles de baja en el Registro General Turístico ni el Ministerio les permite comercializar”, afirmó.
La consejera explicó que Canarias no ha podido conectarse aún a la ventanilla única digital de arrendamientos por dificultades técnicas en su funcionamiento. Además, recordó que el Gobierno autonómico ha recurrido el Real Decreto ante el Tribunal Supremo al considerar que “no solo crea un doble registro, sino que genera indefensión en el propietario ya que las viviendas que son legales en Canarias, son ilegales para los registradores”.
De León añadió que la medida nació sin consenso de las comunidades autónomas y señaló que la Comisión Europea se ha manifestado en contra del Real Decreto por apartarse del Reglamento Europeo. También advirtió de que el requisito afectaría especialmente a las islas verdes, donde numerosos propietarios podrían quedar fuera de las plataformas de comercialización si no completan el trámite en plazo.
En el mismo comunicado, la consejera lamentó que la Conferencia Sectorial se convocara tras más de dos años sin reunirse y criticó la gestión de los fondos Next Generation. “La flexibilización para gestionar estos fondos llega tarde, tendría que haberse producido hace al menos un año”, señaló, cuestionando que la medida mejore realmente su ejecución.
Finalmente, De León reprochó la falta de inversión estatal en infraestructuras de transporte y conectividad y volvió a exigir el cumplimiento del Régimen Económico y Fiscal, que establece la obligación de incluir una partida específica para infraestructuras turísticas en los Presupuestos Generales del Estado.
