El Consejo de Gobierno de Canarias, reunido este miércoles 21 de mayo, acordó intervenir como coadyuvante del Estado en defensa del Real Decreto Ley 2/2025 sobre distribución solidaria de menores migrantes, frente al recurso presentado por la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Constitucional. Se reclama de manera inmediata la aplicación de la norma ante la saturación de los centros en las islas.
El ejecutivo canario informó también en un comunicado sobre el resto de acuerdos adoptados, en materia de discapacidad, conciliación laboral, función pública, pesca y sanidad.
Canarias exige "cumplir la ley" y activar ya el reparto
El Gobierno canario ha autorizado a sus servicios jurídicos a intervenir como coadyuvante del Ejecutivo central para defender la constitucionalidad del decreto de distribución de menores no acompañados ante contingencias migratorias extraordinarias.
Esta medida se adopta tras conocerse que el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Comunidad de Madrid lo que el ejecutivo canario considera "una traba a la solidaridad territorial y a la adecuación de la respuesta de todas las comunidades autónomas" ante el fenómeno migratorio que se está viviendo en las islas, que ha calificado como de "hacinamiento" en los centros de acogida de menores.
El portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, ha subrayado que el decreto que habilita el reparto, aprobado en el Consejo de Ministros el 18 de marzo, y convalidado en el Congreso de los Diputados el 10 de abril, ya forma parte de la "Ley", por lo cual debe ser aplicado, independientemente del recurso de Madrid: "La ley está plenamente en vigor y nosotros entendemos que lo que hay que hacer es cumplirla"
Cabello insistió en que "no podemos seguir en esta situación" y destacó que desde la aprobación del decreto "sigue sin producirse ninguna derivación". Actualmente Canarias atiende a "casi 5.600 menores en 86 centros", muchos de ellos con hasta 400 menores, cuando las recomendaciones internacionales no superan los 20.
"El Gobierno del Estado tiene la obligación de responder y lo podría estar haciendo sin esperar por nadie, al menos con los en torno a 1.200 que tienen derecho a asilo internacional", añadió.
Cabello reiteró que respecto a estos últimos, el Gobierno español ya se podía haber activado, recordando que el próximo 29 de mayo el Tribunal Supremo ha convocado al Estado para que dé explicaciones sobre su respuesta a la protección de menores migrantes con derecho a asilo.
Cabello exigió así que el Ejecutivo central "cumpla la ley" y adopte todas las medidas necesarias frente a comunidades autónomas que rechazan colaborar en el reparto. Se refirió así a Aragón, la única comunidad que se ha negado a dar los datos de menores migrantes a su cargo, bloqueando con ello los mecanismos del decreto para establecer las cuotas de distribución.
El próximo 28 de mayo, adelantó también, se celebrará una reunión técnica preparatoria para la Conferencia Sectorial de Infancia, en la que todos estos temas se volverán a poner sobre la mesa.
2,7 millones para contratación de personal en atención temprana
El Consejo de Gobierno ha declarado excepcional la situación de la atención temprana en Canarias y ha autorizado destinar 2.705.489,50 euros para contratar a trece profesionales de trabajo social, que se incorporarán temporalmente durante cuatro años. Este personal intervendrá en el marco del Plan Integral de Atención Temprana, colaborando con los ámbitos sanitario, educativo y asistencial para atender a menores de 0 a 6 años con trastornos o riesgo de padecerlos.
Programa temporal para agilizar expedientes de conciliación laboral
Se ha aprobado un programa temporal por valor de 1,9 millones de euros para resolver 3.274 expedientes de conciliación laboral acumulados. El Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Semac), colapsado por falta de personal, será reforzado con siete letrados y diez auxiliares administrativos, agilizando así la gestión de unos 22.000 procedimientos anuales.
Unidad administrativa temporal en Función Pública
El Ejecutivo ha autorizado una inversión de 4.154.811 euros para crear una Unidad Administrativa Temporal en la Dirección General de Función Pública durante tres años. Este equipo técnico, con perfiles informáticos y de gestión, buscará agilizar procesos internos, impulsar ofertas de empleo público y mejorar la eficiencia administrativa.
4,69 millones para transformar y comercializar productos de pesca
Se destinarán 4.699.000 euros procedentes del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA) para la convocatoria de subvenciones en los años 2025 y 2026. Las ayudas buscan impulsar inversiones sostenibles que mejoren la transformación, conservación y comercialización de productos pesqueros y acuícolas, fomentando la competitividad y sostenibilidad del sector.
8,6 millones para limpieza sanitaria en La Palma
El Consejo autorizó un gasto plurianual de 8.656.458,59 euros destinado al servicio de limpieza de los centros sanitarios del Área de Salud de La Palma durante 24 meses, asegurando la higiene en el Hospital Universitario de La Palma, centros de atención especializada y demás instalaciones sanitarias.
