El PSOE de Puerto del Rosario ha expresado su desacuerdo con la gestión del expediente de demolición del complejo Marlape, ubicado en Playa Blanca, y advierte de que la medida, aunque legal, "no resuelve el problema habitacional del municipio, lo agrava y lo traslada a otros puntos del municipio".
En un comunicado emitido este lunes, los socialistas reconocen la necesidad de restablecer la legalidad urbanística y garantizar la seguridad del entorno, pero consideran que el proceso "podía haberse abordado con mayor planificación, diálogo y sensibilidad social". Según la agrupación local, el Ayuntamiento debería haber explorado con mayor profundidad alternativas de rehabilitación o adquisición de las viviendas antes de optar por la demolición.
Este comunicado no ha sentado nada bien entre sus socios de Gobierno de Coalición Canaria. El alcalde David de Vera, o la concejala de Urbanismo, Ana Hernández, ambos del grupo nacionalista, han explicado en medios locales que la demolición tiene un origen técnico por las deficiencias estructurales de las viviendas, y que la resolución ha llegado como una última salida ante la inacción de la propiedad de los inmuebles a los requerimientos municipales.
Marlape es uno de tantos complejos urbanísticos inacabados que pueblan la geografía de Fuerteventura desde la crisis de 2008, o fruto del desarrollo urbanístico descontrolado de principios del presente siglo, y que en épocas más recientes, ante la escasez y carestía de la vivienda, han terminado siendo ocupados. En la actualidad, la urbanización pertenece a la Sareb, el "banco malo", cuya propiedad ostenta el Estado español al 51%.
El PSOE sostiene que la medida "solo traslada el problema habitacional dentro del municipio" y que "otra vía era posible", algo que a última hora de este martes, tras la celebración del pleno municipal en que se trató el tema, el alcalde ha calificado como una "deslealtad absoluta", dijo en declaraciones a La Voz de Fuerteventura, anunciando la convocatoria de la mesa del pacto.
Familias ocupantes que en muchos casos no son vulnerables
Ante la resolución de demolición, los socialistas reclaman una "revisión integral" e incorporar un plan de acompañamiento para las familias afectadas, con especial atención a los colectivos vulnerables. También plantean la creación de una comisión conjunta con la Sareb, el Gobierno de Canarias y el Estado para estudiar posibles fórmulas de colaboración en materia de vivienda social.
"Defendemos una política de vivienda que combine el rigor administrativo con la sensibilidad social, orientada a ofrecer soluciones reales y duraderas", subraya el PSOE en su comunicado. La formación sostiene que, de haberse sumado las 85 viviendas de Marlape a las 75 actualmente en licitación, el municipio podría disponer de más de 160 viviendas públicas, un volumen "clave para aliviar la presión del mercado".
Sin embargo los Servicios Sociales del Ayuntamiento ya han evaluado la situación de las familias ocupantes con el fin de determinar su grado de vulnerabilidad y buscar posibles alternativas habitacionales, si es que procede. Porque en declaraciones a la Televisión Canaria, la actual concejala de Urbanismo, Ana Hernández, manifestó en julio de este año que "ya se ha hecho un estudio" y que "el perfil mayoritario no es vulnerable".
Una orden de derribo que llega 17 años después de la irregularidad
Este complejo en concreto fue construido parcialmente en 2008 sin licencia válida, ha sido paulatinamente ocupado durante la última década, y ahora los informes técnicos municipales concluyeron que el conjunto carece de garantías estructurales y que su demolición es obligatoria conforme a la normativa vigente.
El Ayuntamiento de Puerto del Rosario tramitó el expediente durante los últimos meses y recibió en octubre la resolución definitiva para ejecutar el derribo. La Sareb, actual titular de los inmuebles, ha sido objeto de sanciones coercitivas por no asumir su responsabilidad en el mantenimiento del complejo.
Antecedentes de Marlape, un esqueleto más de la crisis inmobiliaria
El complejo Marlape, construido parcialmente en 2008, fue abandonado por sus promotores tras la crisis inmobiliaria y ocupado de forma irregular por decenas de familias. Los informes técnicos municipales determinaron que las viviendas carecen de licencia y presentan deficiencias estructurales que impiden su legalización.
El Ayuntamiento de Puerto del Rosario inició el expediente de demolición hace varios años, con apoyo técnico y jurídico del área de Urbanismo, y ha recibido la autorización definitiva para ejecutar el derribo durante la actual legislatura. La Sareb, titular de los inmuebles, afronta sanciones económicas de hasta 3.000 euros mensuales de no cumplir con las órdenes municipales de conservación.
