El Ayuntamiento de Puerto del Rosario aprobó en pleno extraordinario en la tarde de este lunes, 19 de mayo, el Catálogo Municipal de Bienes Patrimoniales Culturales, una herramienta legal y técnica que incluye más de 800 bienes del municipio.
La votación salió adelante con el respaldo del grupo de gobierno (Coalición Canaria y PSOE), mientras que toda la oposición —Partido Popular, Fuerteventura Avanza, AMF y el exconcejal de Vox, ahora en el PP— votó en contra del expediente.
El primer catálogo de este tipo que redacta el ayuntamiento capitalino sale adelante años después de que iniciara su camino en 2018, contemplando inicialmente una tres mil fichas de bienes patrimoniales a considerar como aptos para su protección. Por el camino, han caido bajo la piqueta, por la imposibilidad de ser protegidos al no existir este inventario, numerosos inmuebles históricos de una capital majorera que no ha sido capaz de conoservar la identidad del antiguo Puerto Cabras.

Desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en un comunicado, defendieron que la redacción del documento se ha coordinado desde la Concejalía de Patrimonio Histórico, con la supervisión de profesionales técnicos especializados. Se trata de la empresa Cabrera Febles Arquitectura, Paisaje y Urbanismo, que el año pasado resultó adjudicataria del servicio por un importe de 119.508,30 euros.
De los 863 bienes patrimoniales que inicialmente, en el momento de presentar al equipo técnico redactor, en octubre de 2024, estaban contemplados en los estudios previos del borrador del catálogo, finalmente han sido incluidos en el documento aprobado el lunes un total de 843 fichas, inclyendo elementos de interés arquitectónico, etnográfico, arqueológico y paisajístico.
Durante su intervención, el concejal David de León explicó que “este catálogo representa un hito para Puerto del Rosario. Protege nuestra historia y nos ofrece una herramienta clara y actualizada para tomar decisiones responsables sobre el territorio”.
El alcalde, David de Vera, valoró el nuevo documento como “una muestra del compromiso del Ayuntamiento con la preservación de la identidad cultural del municipio, desde una perspectiva de desarrollo responsable y sostenible”.
Una vez aprobado de manera inicial, el documento saldrá a exposición pública para ser sometido a las alegaciones que quiera presentar cualquier particular o entidad. Una vez resueltas y respondidas, el documento volverá al pleno para un último debate y su previsible aprobación definitiva.
La oposición rechaza el documento
El catálogo ha sido objeto de crítica por parte de toda la oposición municipal. El Partido Popular lo calificó como un “catálogo improvisado que castiga a cientos de familias”, y alertó de “errores técnicos, falta de informes económicos y ausencia de notificaciones a propietarios”.
El Grupo Popular votó en contra del expediente y criticó duramente su contenido. “Sí a proteger el patrimonio, claro que sí, pero de forma seria, rigurosa y con cabeza”, afirmó el concejal Fernando Enseñat.
Para los populares, el expediente presentado está plagado de errores técnicos, legales y administrativos, tal como señalan los propios informes del Ayuntamiento. “Este documento es ‘carne de cañón’, como lo calificamos en el pleno. Con errores en las fichas, en la localización, sin notificación a propietarios, sin informe económico... Esto acabará en los juzgados y terminará costando millones en indemnizaciones a todos los vecinos”, sostuvieorn los concejales populares en un comunicado.
Además, denunciaron que el catálogo afecta a más de 370 viviendas particulares “muchas de ellas en ruinas o sin valor histórico reconocido”, eliminando derechos a sus propietarios sin justificación económica ni transparencia.

Por su parte, Fuerteventura Avanza denunció la existencia de “irregularidades técnicas y jurídicas” en el expediente y cuestionó la falta de criterios claros en la selección de inmuebles protegidos.
La portavoz de Fuerteventura Avanza, Peña Armas, denunció que el catálogo “se ha aprobado deprisa y sin garantías jurídicas ni técnicas, hipotecando el desarrollo del municipio”. En un comunicado, consideró que “estamos ante una chapuza técnica y jurídica que puede acabar costándole millones de euros al municipio, como ya ocurrió con El Matorral”.
En referencia a la ficha 312, conocida como La Rosa de D. Victoriano, Armas indicó que “el catálogo reclasifica 80.000 metros de suelo urbanizable como suelo rústico de asentamiento rural. Esta reclasificación no puede hacerse a través de un catálogo, lo que evidencia errores de enorme gravedad”. Añadió que “lo vergonzoso es ver cómo el grupo de gobierno no defiende los informes de los técnicos del propio ayuntamiento, funcionarios con una gran profesionalidad y una larga trayectoria”.
Fuerteventura Avanza solicitó que se dejara sobre la mesa el expediente con el fin de elaborar un catálogo que sí cumpla con la ley, cuente con todos los informes técnicos en sentido favorable y los informes económicos preceptivos, y respete tanto el patrimonio como el desarrollo urbano del municipio. “Proteger sí, pero con criterios claros, sin improvisación y pensando en el interés general de los vecinos”, concluyó Armas.
Coalición Canaria - Asamblea Majorera defiende el trámite
El grupo de Asamblea Majorera – Coalición Canaria, emitió también un tercer comunicado para defender que el catálogo es “una decisión política valiente que marca el rumbo del municipio a largo plazo”, además de una "obligación legal".
Según expusieron los nacionalistas, el grupo de Gobierno asumió desde el inicio del mandato la tarea de recuperar y actualizar un catálogo paralizado desde 2019, "dotándolo de rigor técnico y respaldo político".
Según destacó David de León, “es fruto de meses de trabajo técnico y político, donde hemos priorizado la protección frente a la especulación”. El alcalde, David de Vera, subrayó que “proteger nuestro patrimonio es una forma de respetarnos como comunidad”.
El concejal de Patrimonio Histórico, David de León, defendió que “este catálogo representa un acto de justicia con nuestra historia. Es fruto de meses de trabajo técnico y político, donde hemos priorizado la protección frente a la especulación”.
Por su parte, el alcalde David de Vera, afirmó que “proteger nuestro patrimonio es una forma de respetarnos como comunidad. Hemos cumplido con la ley, con nuestra palabra y con la historia de este municipio”.
Los nacinalistas lamentaron también que otros grupos políticos (Partido Popular, Fuerteventura Avanza, AMF y un exedil de VOX ahora en el PP) no hayan acompañado el proceso en momentos clave.
Coalición Canaria lamentó la falta de apoyo por parte de la oposición: “No podemos mirar hacia otro lado cuando lo que está en juego es nuestra memoria”, recordaron en referencia a la suspensión facultativa de licencias urbanísticas que aprobó el consistorio en abril, con el objetivo de evitar intervenciones sobre bienes en proceso de protección.