La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, se ha dirigido por escrito al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para que, de forma inmediata, se supervise el servicio que se viene prestando en el control aéreo del Aeropuerto de Fuerteventura.
La torre de control de Fuerteventura es una de las que en su momento privatizó el Gobierno de España, pese a la oposición de las administraciones locales, entre ellas el propio Cabildo de Fuerteventura, preocupadas por la posible degradación de la calidad del servicio, trasladó la institución insular en un comunicado emitido este martes.
Ahora la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha solicitado la suspensión cautelar de la acreditación de la empresa privada SAERCO, que es la concesionaria de la torre de Fuerteventura, y su sustitución por la empresa pública ENAIRE.
Advierten de que la seguridad de las operaciones en los aeropuertos que gestiona SAERCO puede verse afectada por la degradación de las condiciones laborales derivada de sus problemas financieros, que han sido reconocidos por la propia empresa en sede judicial. En Canarias SAERCO tiene adjudicado el control del tráfico aéreo en los aeropuertos de La Palma, Lanzarote y Fuerteventura.
“En Fuerteventura, y estoy segura que en el resto de islas afectadas, seguimos con mucha preocupación estas noticias, porque nuestra economía y en general nuestra forma de vida, depende directamente del buen funcionamiento del aeropuerto, comenzando por su torre de control”, indicó la presidenta del Cabildo.
Por eso reclama Lola García “una revisión profunda de las condiciones en las que se desarrolla esta concesión para garantizar la seguridad, y hacer lo necesario para recuperar su funcionamiento como servicio básico y público. No sólo de forma transitoria, como plantea USCA, sino una recuperación definitiva. Exactamente en las mismas condiciones que el resto de aeropuertos españoles con torres de control no privatizadas”.
Recuerda Lola García que ya en su momento el Cabildo de Fuerteventura, igual que el resto de instituciones majoreras y canarias, mostró su desacuerdo con la privatización de estos servicios básicos.
USCA pide suspender la acreditación de SAERCO ante su situación financiera
La petición elevada por el Cabildo de Fuerteventura al Ministerio de Transportes coincide con las advertencias lanzadas un día antes por la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), que ha solicitado la suspensión cautelar de la certificación de SAERCO como proveedor de servicios de tránsito aéreo.
En su argumentación, USCA señala que la propia empresa ha reconocido ante la Audiencia Nacional su imposibilidad de cumplir las condiciones laborales dictadas por laudos obligatorios, aduciendo que ello la llevaría a la quiebra.
La situación, según USCA, vulnera los requisitos de sostenibilidad económica exigidos por la Ley 9/2010, y pone en riesgo la seguridad y continuidad del servicio, especialmente en entornos insulares como Canarias. SAERCO es la concesionaria de la torre de control de Fuerteventura, además de La Palma y Lanzarote, y desde el sindicato se reclama que el Ministerio actúe en coordinación con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para encomendar de forma transitoria el servicio a la entidad pública ENAIRE.
El PP de Fuerteventura le cae también arriba al Gobierno de España
El Partido Popular de Fuerteventura ha solicitado la suspensión inmediata de la certificación de SAERCO como proveedor del servicio de control aéreo en el aeropuerto de la isla. Según recoge un comunicado emitido este lunes, la formación considera que la situación de insolvencia reconocida judicialmente por la empresa “pone en peligro la seguridad aérea y la conectividad de Fuerteventura”.
La presidenta insular del PP, Jessica de León, ha exigido al Ministerio de Transportes que actúe “con responsabilidad” y devuelva la gestión del servicio a ENAIRE, entidad pública que opera en la mayoría del espacio aéreo español. Además, recordó que la privatización de las torres se inició en 2010 bajo el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero.
El PP ha vinculado esta situación con una “degradación generalizada” de los servicios del aeropuerto, más allá del control aéreo, y ha reclamado garantías laborales para los 148 profesionales que operan en las torres de control de Canarias, incluidas las de Fuerteventura.
La sentencia de la Audiencia Nacional, en la que SAERCO admite su incapacidad de cumplir con los laudos laborales por riesgo de quiebra, “evidencia la falta de garantías del modelo privatizado”, ha señalado De León, quien subraya que “en una isla, el transporte aéreo no es solo una cuestión de turismo, sino de acceso a derechos básicos”.
