Tras el reportaje dedicado a la Quesería Río Cabras, que ha sido finalmente legalizada desde el Gobierno de Canarias, tras décadas de espera, recibimos en el estudio de Fuerteventura Digital al director general de Ganadería, Andrés Díaz Matoso, para explicar esta misma problemática que afecta a explotaciones de toda isla, entre otras temáticas de la actualidad del sector primario en las islas.
Díaz Matoso detalló que ún quedan unas 120 explotaciones por regularizar en Canarias, de las cuales 17 están en Fuerteventura. Buena parte de los obstáculos que enfrentan estas explotaciones tienen que ver con trabas urbanísticas, debido a normativas desactualizadas que han marginado al sector primario dentro de los planes generales y territoriales. Para solucionarlo, el Ejecutivo trabaja ya en un nuevo Reglamento del Suelo Agrario, que permitirá reducir la distancia mínima entre explotaciones y viviendas, y ofrecerá a los ayuntamientos una norma marco para adaptar sus planeamientos de forma más favorable al sector.
“Una granja tiene que estar lejos de las casas, pero una casa sí puede construirse al lado de una granja: es ilógico”
En su entrevista, Díaz Matoso abordó también la crisis de costes de producción que afecta a ganaderos y agricultores, señalando los efectos del conflicto en Ucrania, la pandemia y el aumento de precios. Explicó cómo se aplica la Ley de la Cadena Alimentaria, que impide comprar por debajo del coste de producción, aunque reconoce que su cumplimiento es complejo.
También respondió a las preguntas sobre la posición de poder y el papel que ejercen en las cadenas comerciales los intermediarios y mayoristas, defendiendo la importancia de consumir productos kilómetro cero para apoyar la economía insular y mantener el paisaje agrario.
"Cuando perdamos ese trocito de campo que tenemos, lo echaremos de menos"
El responsable de Ganadería denunció además los problemas de financiación del programa europeo POSEI, que ha dejado de recibir los fondos comprometidos por el Estado. Según señaló, Canarias afronta un déficit de 11 millones de euros que ha obligado al Gobierno regional a cubrir parte de esas ayudas con fondos propios.
Otros temas que generaron debate fueron la nueva normativa sobre gallinas domésticas, que exige inscribirlas oficialmente y cumplir con requisitos sanitarios y de bienestar animal; y el riesgo sanitario por enfermedades que pueden llegar a través de la fauna silvestre, como contrapartida a la polémica por la reapertura de la línea marítima con Tarfaya, y ante las protestas del sector ganadero sobre posibles riesgos sanitarios.
Díaz Matoso defendió la necesidad de exigir controles rigurosos en los puntos de inspección fronteriza, pero también apostó por mantener la conexión como vía de apertura comercial y cultural con África.
Asimismo, el director general dio su visión de por qué no se produce forraje suficiente en la isla, y defendió la figura de la ganadería de costa como parte del patrimonio cultural insular, en contraposición con visiones más restrictivas desde el medio ambiente. Reivindicó su papel en la preservación del territorio y los suelos mancomunales, y valoró la reciente declaración de Bien de Interés Cultural de las apañadas.
Por último, el director celebró la inclusión de varias razas autóctonas canarias, como la cabra majorera, el burro, el bardino o el camello, como patrimonio genético, y criticó la contradicción de la Ley de Bienestar Animal, que obliga a esterilizar animales, incluso si pertenecen a razas que se busca conservar. Reclamó, en ese sentido, una revisión de esta norma para proteger el acervo genético ganadero del archipiélago.
