Tras la polémica instalación de la planta fotovoltaica El Charco junto a las viviendas de una decena de vecinos de Llanos de La Higuera y sin permiso del Consejo Insular de Aguas, Fuerteventura Digital recibe a los consejeros del Cabildo responsables de las áreas de Ordenación del Territorio y Aguas, Nereida Calero y Adargoma Hernández.
Ambos coinciden en que el modelo de desarrollo de renovables en la isla es "impuesto" y "sin planificación".
La instalación, promovida por una empresa del grupo SATOCAN, se ejecutó sin contar con el informe preceptivo del Consejo Insular de Aguas, lo que llevó al Cabildo a ordenar su paralización cuando las obras ya estaban concluidas. “El informe del Consejo Insular de Aguas era obligatorio y no se respetó. Actuamos en cuanto se nos permitió hacerlo”, explicó Adargoma Hernández.
Por su parte, Nereida Calero defendió la necesidad de aprobar con urgencia un Plan Energético Insular que permita ordenar las solicitudes: “Renovables sí, pero no en la puerta de la casa de nadie”, afirmó. “Estamos viendo proyectos fraccionados para evitar controles, cuando en realidad ocupan una misma finca”, añadió, en alusión a la doble tramitación de El Charco I y IV como si fueran parques distintos.
El Cabildo recuerda que la aprobación de estos proyectos corresponde al Gobierno de Canarias, que los declara de interés general pese a las advertencias técnicas y la oposición municipal. “No tenemos herramientas legales suficientes para frenar abusos como este”, denunció Calero.
Desde el área de Aguas, Hernández subraya la contradicción: “Se autorizan plantas sin permiso del Consejo Insular, y luego nos piden sanciones una vez construido”. El caso ha terminado con una multa simbólica de 600 euros para una obra de más de 2 millones. “Eso no puede volver a ocurrir”, sentenció.
