La aprobación definitiva del Catálogo Municipal de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales de Puerto del Rosario queda ahora pendiente del informe preceptivo del Cabildo de Fuerteventura. El Ayuntamiento solicitó formalmente el dictamen el pasado 17 de agosto y ha suspendido el cómputo del plazo máximo para resolver el procedimiento hasta recibirlo, con un límite máximo de tres meses.
Así consta en un anuncio publicado este viernes, 28 de agosto, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), que precisa que esta suspensión afecta al plazo para resolver y notificar la aprobación definitiva, pero no impide continuar mientras tanto con otros trámites que puedan desarrollarse.
La Ley de Patrimonio Cultural de Canarias establece que la aprobación del catálogo por el Pleno municipal requiere un informe preceptivo favorable del Cabildo. Desde que se solicita este dictamen hasta su recepción queda suspendido el plazo máximo del procedimiento, aunque por un periodo no superior a tres meses.
Un catálogo en tramitación desde 2018
La publicación en el BOC supone un nuevo paso en un procedimiento que acumula una larga trayectoria. Como ha venido informando Fuerteventura Digital, los trabajos para dotar al municipio de su primer Catálogo de Protección comenzaron en 2018 y atravesaron posteriormente diferentes retrasos, entre ellos la adaptación a la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias de 2019.
El expediente fue reactivado en 2024 mediante la contratación de un equipo multidisciplinar formado por especialistas en arquitectura, restauración, arqueología, historia, geografía, biología, paleontología, derecho, economía y topografía.
El Pleno aprobó inicialmente el documento el 19 de mayo de 2025. Aquella versión incorporaba 843 elementos de interés arquitectónico, arqueológico, etnográfico, paleontológico o paisajístico, frente a los 863 bienes que habían llegado a figurar en los estudios previos. La aprobación salió adelante con los votos de CC y PSOE y el rechazo de toda la oposición.
179 alegaciones e inclusión de La Cornisa
Tras aquella aprobación inicial, el catálogo salió a exposición pública, habilitándose además una oficina específica y diferentes reuniones informativas. Durante ese procedimiento se presentaron finalmente 179 alegaciones, posteriormente analizadas por el equipo redactor.
La tramitación produjo cambios importantes. El más significativo llegó en marzo de este año, cuando el Pleno acordó incorporar los 16 inmuebles de La Cornisa, uno de los últimos conjuntos arquitectónicos del antiguo Puerto Cabras, además de otros 60 bienes de carácter arquitectónico, arqueológico y etnográfico que no figuraban en la aprobación inicial.
Fuerteventura Digital informó entonces de que la incorporación de La Cornisa volvió a enfrentar al grupo de gobierno y a la oposición por las consecuencias jurídicas y económicas que podría tener proteger unas edificaciones sobre las que existen también derechos urbanísticos derivados del planeamiento.
El informe del Cabildo, requisito para la aprobación final
La intervención del Cabildo en esta fase no es facultativa. El artículo 54 de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias exige su informe favorable antes de que el Pleno pueda aprobar definitivamente el catálogo.
Esta exigencia ya había formado parte del debate político. Durante el periodo de alegaciones, el Partido Popular señaló entre sus objeciones precisamente la ausencia en aquel momento del informe preceptivo del Cabildo. La petición cursada ahora por el Ayuntamiento incorpora ese trámite necesario antes de culminar el procedimiento. Los populares plantearon además modificaciones en las fichas, levantamientos topográficos y mecanismos de compensación para propietarios afectados.
El anuncio publicado en el BOC no significa, por tanto, que el Catálogo haya quedado paralizado o cuestionado en su conjunto. Lo que se suspende es el plazo máximo legal para resolver mientras el Cabildo estudia el documento y emite su informe. El resto de actuaciones administrativas compatibles con esta fase pueden continuar.
Cuando el dictamen llegue al Ayuntamiento, o cuando transcurra el periodo máximo de suspensión previsto legalmente, podrá reanudarse el cómputo del procedimiento hacia una aprobación definitiva que inicialmente se esperaba alcanzar durante este verano.
