Que se sepa, dos instrumentos pueden proteger de forma inequívoca La Cornisa de Puerto del Rosario, su inclusión en el Catálogo Municipal de Patrimonio -actualmente en trámite sin incluir el conjunto histórico-, o alternativamente su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).
La exposición pública de la modificación menor del Plan General y de la evaluación ambiental estratégica (BOP Nº 149, del 12 de diciembre de 2025), la realidad es que ni protege ni desprotege las polémicas 16 viviendas del antiguo Puerto Cabras, aunque sí deja entrever lecturas interesantes de las alternativas que contempla la administración.
Este martes, el Ayuntamiento reaccionaba a la polémica generada en redes sociales, mientras la Plataforma Salvar la Cornisa difundía un comunicado bastante crítico, dos posicionamientos enfrentados en los que vale la pena profundizar. Mientras el consistorio defendió en su comunicado que trabaja en un Catálogo Municipal con más de 800 bienes protegidos, y que La Cornisa está siendo analizada como conjunto histórico relevante, desde la Plataforma se denuncia que “hablar de proteger cientos de bienes mientras se excluye el corazón histórico de la ciudad es una maniobra de maquillaje político”, calificando la situación de abandono y desprotección deliberada.
MMPGO, DAE y sentencia del TSJC
La Modificación Menor del Plan General de Ordenación (MMPGO) y su Documento Ambiental Estratégico (DAE) se publican en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que obliga a corregir un error técnico en la ficha urbanística del ámbito de La Cornisa Norte, ajustando parámetros de aprovechamiento urbanístico y cesiones; y según se desprende de la MMPGO, sin crear nueva ordenación y sin habilitar nuevos desarrollos.
Es decir, la sentencia no reconoce un derecho ilimitado a edificar, pero sí obliga a corregir cómo se calculó la edificabilidad, y es por eso que el Ayuntamiento está obligado a tramitar esta modificación, independientemente de la voluntad política de proteger el conjunto.
Otro aspecto que puede interpretarse como expresión de esa voluntad es un DAE (Documento Ambiental Estratégico) especialmente minucioso en su análisis del paisaje, la visibilidad en la zona, los riesgos y adaptación climática, los valores culturales y vegetales de la zona… un nivel de detalle que llama la atención tratándose de una zona urbana consolidada.
La suspensión de licencias que no está en los documentos
El anuncio publicado en el BOP menciona expresamente el "inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada de la MMPGO", y añade a ese título la "suspensión facultativa de otorgamiento de licencias". Pero curiosamente, la palabra "licencia" no aparece ni una sola vez en los dos documentos técnicos, que suman cientos de páginas. Esa suspensión no forma parte del Plan ni del DAE, pero sí fue un acuerdo del propio ayuntamiento, aprobado en pleno el pasado 28 de julio.
En aquel pleno, el consistorio suspendió cualquier licencia que pudiera afectar a La Cornisa, y desestimó también el PAMU de los promotores (Programa de Actuación sobre el Medio Urbano), paralizando un proyecto que implicaría el derribo de las antiguas viviendas, para desarrollar en su lugar un proyecto de enormes dimensiones.
Lectura económica y posibles compensaciones
Otro aspecto relevante de la MMPGO es la incorporación de un análisis económico-financiero. Aunque el documento no detalla cuánto costaría a las arcas municipales cesar definitivamente el derecho edificatorio de los propietarios, la sola inclusión de este apartado da a entender que el Ayuntamiento es consciente de que proteger La Cornisa, puede tener consecuencias.
El análisis no anuncia indemnizaciones ni fija cifras, pero deja abierta la opción de valorar escenarios futuros. Si finalmente la cornisa resultara protegida, y se anularan los derechos urbanísticos que tienen los propietarios reconocidos en el actual Plan General, el ordenamiento jurídico contempla alternativas como indemnizaciones, permutas de aprovechamiento o acuerdos compensatorios, una cuestión que ya ha sido debatida en los plenos municipales, sin trascender más allá por el momento.
Catálogo de Patrimonio o Bien de Interés Cultural
La Plataforma Salvar La Cornisa censura del ayuntamiento que declarar la protección de más de 800 bienes en el Catálogo Municipal no implica automáticamente la protección de La Cornisa. Y es así. La Cornisa, por el momento, está fuera. El colectivo tiene razón en señalar que, a día de hoy, y más allá de la suspensión de licencias, ninguna administración ha dotado aún a La Cornisa de una figura de protección patrimonial firme. Lo han dicho en otras ocasiones, incoar su declaración como BIC suspendería automáticamente cualquier pretensión urbanística.
Aunque no es menos cierto que, ante esa pretensión, la administración competente apoya esa opción, por boca del director general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Clavijo. La declaración de un BIC (Bien de Interés Cultural) es potestad del Gobierno de Canarias, normalmente a propuesta de la comisión insular de patrimonio de los cabildos. En este sentido, y en una entrevista de julio de este año con Diario de Fuerteventura, Clavijo sostuvo que "si hay demasiadas dificultades para incorporarlas (las 16 viviendas) al catálogo municipal, el Gobierno se ha comprometido con municipio y Cabildo a convertir ese espacio en Bien de Interés Cultural con categoría de conjunto histórico". También agregó que, en su opinión y en la de los técnicos de su área, "reúne los requisitos indispensables para ser Bien de Interés Cultural".
Cabe destacar también que cuando el Catálogo de Patrimonio salió a exposición pública no estaba cumplida la sentencia judicial que afecta directamente al ámbito. Avanzar en la protección patrimonial sin resolver ese extremo, según defiende el Ayuntamiento, habría expuesto el conjunto a un riesgo jurídico innecesario. Y precisamente, la publicación del MMPGO y el DAE parecen tratar de despejar ese obstáculo previo.
A favor y en contra de La Cornisa
En definitiva, la exposición pública de la modificación menor del Plan General y de su evaluación ambiental ni protege ni desprotege La Cornisa, aunque sí está en la línea de los pasos anunciados por el grupo de gobierno municipal.
En contra de la supervivencia de La Cornisa, está el fundamento la plataforma vecinal, su denuncia de que, por el momento, no existe figura legal que proteja específicamente el conjunto histórico: "Mantener sus 16 inmuebles fuera del catálogo arquitectónico equivale a abrir la puerta a la especulación, a las intervenciones irreversibles y a la destrucción encubierta", trasladaron en su último comunicado. Para este grupo de vecinos, "el grupo de gobierno ha optado por sacrificar la cornisa, probablemente por resultar incómoda para determinados intereses urbanísticos y económicos".
Del lado contrario, el consistorio defiende su voluntad de "coherencia", "prudencia" o "cautela", contando a su favor con que sigue los pasos anunciados (PAMU rechazado, suspensión de licencias vigente, y adaptación del planeamiento). Además, La Cornisa cuenta a su favor con un factor nada desdeñable, la unanimidad política. La necesidad de proteger el conjunto es algo que no solo ha expresado el grupo de gobierno actual (CC-PSOE), sino también el resto de formaciones políticas de la capital majorera.
En política se ha visto de todo, pero resulta difícil imaginar las piquetas entrando a derribar las antiguas casas de La Cornisa tras pronunciamientos tan contundentes, no solo de los actuales responsables públicos, sino también de quienes podrían gobernar en el futuro. Si bien la voluntad política no extingue la pretensión de los promotores de edificar la zona, y queda aun por resolver si La Cornisa será finalmente protegida, cuándo, cómo, y a qué coste.
