El Cabildo de Fuerteventura ha solicitado por escrito a todos los ayuntamientos majoreros que presenten informes detallados sobre la situación jurídica de inmuebles abandonados o a medio construir, conocidos popularmente como "cascarones" o "esqueletos", que están presentes en todos los municipios, por diferentes motivos, y muchos de los cuales llevan años en esa situación.
La Corporación insular informó de la finalidad de esta solicitud, iniciar "un diagnóstico riguroso", dentro de lo que han llamado una "estrategia integral" para aportar soluciones a la crisis habitacional, y adelantó que ofrecerá apoyo técnico a los ayuntamientos para la elaboración de esos informes, para liderar la hoja de ruta que permita devolver estos espacios al uso público.
El urbanismo en el ordenamiento jurídico español está delegado en los ayuntamientos, que tienen la competencia del planeamiento en las zonas urbanas. Para los cabildos insulares, la capacidad de acción es limitada en esta materia, más allá de elaborar los planes de ordenación del territorio.
No obstante, el Cabildo majorero indicó en un comunicado emitido este jueves, 15 de mayo, que con la información que aporten los ayuntamientos, se coordinarán acciones junto al Gobierno de Canarias para facilitar la recuperación definitiva de estos espacios, ya sea mediante acuerdos con los propietarios, adquisición pública o fórmulas legales que lo permitan.
Muchas de estas construcciones se encuentran bloqueadas por haberse desarrollado fuera de ordenación, en espacios protegidos, o por la quiebra de las empresas promotoras, entre otros motivos que al final suelen chocar con la misma piedra: detrás de cada esqueleto hay siempre un propietario, o varios, con un derecho legítimo sobre el terreno y lo edificado, y con la misma pretensión de obtener un beneficio que les llevó inicialmente a inicar el proyecto. Eso por un lado.
Y por otro, ocurre que normalmente, para poder desbloquear estas promociones, es necesario habilitarlas a nivel de planeamiento, lo que requiere de la redacción o recrificación de planes parciales aprobados en su día, o de la modificación del planeamiento urbanístico general, en todos casos, engorrosos trámites que pueden extenderse durante años.
Y todo ello, considerando que a nivel insular, el PIOF data 2001, y está desactualizado respecto a la legislación vigente, y que ayuntamientos como La Oliva o Tuineje no cuentan siquiera con un Plan General aprobado, no parece tarea sencilla ni pronta, la anunciadad desde la institución insular.
Desde la legislatura anterior, se asomó tímidamente al debate público la pregnta sobre qué hacer con las edificaciones abandonadas que pueblan el territrio insular, llegando a plantearse en alguna ocasión la opción de expropiar, apelando a un derecho constitucional como es el acceso a la vivienda. Hasta ahora, ninguna administración de la isla ha dado un paso al respecto.
Planificar el desarrollo pensando en los habitantes, y "no en intereses especulativos”.
La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, en el comunicado de la institución, trasladó su intención de apostar por un modelo de desarrollo sostenible que priorice la recuperación de viviendas abandonadas y construcciones inacabadas frente a la ocupación de nuevo suelo.
“Fuerteventura no puede seguir creciendo a costa de su territorio. Tenemos muchos inmuebles en desuso, en suelo urbanizable, que están deteriorándose o a medio hacer, que podrían recuperarse para atender la demanda real de vivienda”, señaló García. A este respecto, la presidenta insular ha subrayado que “el desarrollo debe planificarse pensando en quienes habitan la Isla y no en función de intereses especulativos”.
“Queremos dar una respuesta real a una demanda ciudadana que lleva demasiado tiempo esperando. Estos espacios no pueden seguir siendo símbolo de abandono. Deben transformarse en oportunidades: para viviendas, para equipamientos públicos o para usos que respondan a las necesidades sociales y económicas actuales”, afirmó la presidenta.
La instituciòn insular se refirió en este anuncio a términos como los de "rehabilitación", "uso eficiente del suelo ya urbanizado" o "sostenibilidad".
“El objetivo es claro: responder a las necesidades habitacionales de la población que vive en Fuerteventura, sin fomentar la especulación ni crear un efecto llamada. Apostamos por una isla más habitable, cohesionada y respetuosa con su territorio”, concluyó García.
