El Gobierno de Canarias ha dado la razón a los vecinos del edificio Pelayo (Puerto del Rosario, Fuerteventura) que denunciaron incrementos abusivos en los alquileres de sus viviendas protegidas. El Ejecutivo canario aclaró que los alquileres no pueden aumentar más allá del Índice de Precios al Consumo (IPC), y desautoriza las subidas de precios que aplicó la empresa promotora.
Aunque las viviendas no son de titularidad pública, están sometidas al control de la administración, en cuanto a la renta máxima permitida y las condiciones de acceso, pues las 56 viviendas habilitadas entre las calles Pelayo y Hernán Cortes de la capital majorera se acogieron a "subvenciones del Plan de Vivienda de Canarias actual, el 2020-2025".
Fue "en virtud de una resolución firmada el 21 de febrero del año 2023 por la entonces directora del Instituto Canario de la Vivienda", en la que "se calificaron como viviendas protegidas en régimen general", detalló el consejero del área, Pablo Rodríguez, en Comisión Parlamentaria.
El titular de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias recordó que esa resolución se enmarcó en el denominado "alquiler asequible" según la nomenclatura de la Unión Europea, con una vigencia de diez años desde entonces.
Por lo tanto, no puede aplicarse una norma posterior, como venía haciendo el promotor: "La renta máxima de arrendamiento debe ajustarse a lo establecido en el decreto 24/2020, vigente en el momento de calificación de la promoción", dijo.
Rodríguez aclaró también en esta Comisión que "la empresa pretendía actualizar los alquileres basándose erróneamente en una modificación del Módulo Básico Canario posterior a los contratos firmados, algo absolutamente incorrecto".
Y advirtió de que, en caso de acreditarse "algún incumplimiento de la resolución de calificación o de la normativa aplicable, se actuará en consecuencia, iniciando el correspondiente expediente sancionador”.
Reunión con los vecinos y la empresa
Según informó el Gobierno regional, tras la reunión mantenida el pasado 14 de abril con los residentes y la empresa, la promotora de las viviendas se comprometió a respetar la normativa que le corresponde aplicar, y a revertir cualquier incremento que la incumpla.
Rodríguez subrayó que "los contratos anteriores a mayo de 2023 deben actualizarse según el IPC, y posteriormente, conforme al nuevo índice de referencia aprobado por el Ministerio".
No obstante, en el mismo comunicado, el Ejecutivo también indicó que los vecinos no habían presentado quejas oficiales. Desde aquella reunión, dijo el consejero, "no se han recibido nuevas quejas formales", y detalló que "los escritos presentados por los residentes siguen su tramitación administrativa ordinaria".
Familias que dejaron sus casas por unos alquileres de hasta 800 euros
Las protestas de los vecinos saltaron a la opinión pública en marzo de este año. En un reportaje de Pía Peñagarikano en La Voz de Fuerteventura, varios residentes denunciaron que los alquileres iniciales anunciados, de 360 euros, habían subido hasta 460 y 555 euros respectivamente.
La empresa pronmotora, Bonete Garden S.L., incluso llegó a plantear incrementos hasta los 690 euros, sin respaldo legal ni notificación oficial del ICAVI, denunciaron algunos residentes, denuciando que con los gastos adicionales de gestión y comunidad, llegaron a rondar los 800 euros mensuales, una situación que empujó a varias familias a abandonar sus casas.
Estas 56 viviendas se corresponden con una promoción del Plan Canario de Vivienda 2020-2025, que según recogió La Voz, la empresa recibió un millón de euros de fondos públicos.
No obstante, en el comunicado del ejectutivo canario de 2023, relativo a la misma promoción, la cifra de la subvención a Bonete Garden SL se cifró en medio millón de euros.
Promociones de VPO actualmente en trámite desde el Gobierno
Por otro lado, el Gobierno de Canarias anunció que continúa avanzando en nuevos proyectos habitacionales en Fuerteventura, con cuatro promociones de viviendas sociales en marcha en Puerto del Rosario y La Oliva, además de intervenciones de rehabilitación integral en barrios como Fabelo y Valle de Santa Inés, financiadas con fondos europeos Next Generation.
Concretamente, el ICAVI cuenta con cuatro proyectos en la isla del Programa 6 de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes:
- 28 inmuebles en la Calle El Bernegal (Puerto del Rosario)
- 47 viviendas en la Calle Don Quijote (Puerto del Rosario)
- 77 inmuebles en La Oliva
- 24 viviendas en Rosa Vila (Puerto del Rosario)
En el marco de este programa, firmado entre el Estado y el Gobierno de Canarias, se está preparando una adenda a través de la cual el Cabildo de Fuerteventura contribuirá a la construcción de estas viviendas con una aportación económica de 1.683.598 euros.
Por otro lado, a través del Programa 1, destinado a actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio, financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea, la Consejería rehabilitará:
- 50 viviendas en el barrio de Fabelo, en Puerto del Rosario
- 40 viviendas en La Oliva
- 10 viviendas en el Valle de Santa Inés
En este sentido, el Gobierno de Canarias dispondrá de un total de 28.672.246,08 euros para llevar a cabo diversas actuaciones en materia de construcción y rehabilitación. De esta cantidad, 26.396.117 euros serán destinados a la construcción a través del programa 6, mientras que los 2.276.129,08 euros restantes se emplearán en intervenciones de rehabilitación, a través del programa 1.
